BALANCE INTERNACIONAL Ť Gerardo Fujii Gambero
La economía conservadora

Entre los principios básicos que sostiene la teoría económica ortodoxa -que sirve de fundamento para las transformaciones políticas y económicas conservadoras emprendidas en gran parte del mundo en los 80- hay dos fundamentales:

En primer lugar, que el déficit en el presupuesto público es nocivo para el crecimiento de la economía dado que reduce la inversión privada porque el ahorro nacional debe desviarse hacia el financiamiento del déficit público en lugar de canalizarse hacia la inversión, y porque aumenta las tasas de interés, lo que se deriva de la demanda por captar fondos para financiar los gastos gubernamentales. De este postulado se deriva que uno de los elementos centrales de la política económica en boga es lograr un presupuesto público equilibrado, dado que ello coadyuvaría a establecer un crecimiento econó- mico más dinámico.

Un segundo principio del pensamiento económico conservador es que cualquier forma de intervención gubernamental en los mercados, sean ellos de productos, financieros o en el laboral, tiene como consecuencia inevitable el descenso en los niveles de bienestar que habrían sido posibles sin esta intervención. Esto es lo que fundamenta la política de desregulación de la economía, la que redundaría en una mejor asignación de los recursos. En particular, con respecto a los mercados laborales, el pensamiento conservador sostiene que la causa fundamental del elevado desempleo es la regulación excesiva del mercado laboral por parte del gobierno y las presiones de los sindicatos, lo cual determina que el salario se ponga por encima del que permite el equilibrio en el mercado de trabajo y, por lo tanto, el logro del pleno empleo. Entonces, los esfuerzos emprendidos para lograr la flexibilización del mercado de trabajo van encaminados directamente hacia la reducción de los salarios, siendo éste el costo que deben pagar los trabajadores ocupados para que la sociedad se beneficie logrando el pleno empleo.

Otros planos a los cuales debe extenderse la desregulación gubernamental se refieren a los movimientos internacionales de productos y capitales. Con respecto a lo primero, debe eliminarse la protección a la producción nacional con respecto a la competencia de productos importados dado que ello significa reducir los niveles de bienestar al desviar la asignación de los recursos hacia actividades ineficientes, castigando a los consumidores, que están obligados a comprar productos nacionales de precios más elevados y de menor calidad que los que están en condiciones de ofrecer los productos de otros países.

También la regulación de los flujos internacionales de capitales son nocivos según el pensamiento económico conservador. Partiendo del principio de que el mercado está en condiciones de asegurar la mejor asignación de los recursos, sostienen que el libre flujo de capitales hacia los países que aseguran altos retornos a la inversión es beneficioso para todo el mundo. A la vez, los países receptores de fondos deben levantar las barreras que obstaculizan las salidas de capital, dado que ello desalienta las entradas de inversiones extranjeras.

Un tercer aspecto destacado en el cual el gobierno debe abstenerse de intervenir es en el de la distribución del ingreso en favor de los pobres ya que, según esta doctrina, esto termina desalentando el ahorro, lo que conduce a limitar las posibilidades de inversión y a frenar el crecimiento de la economía. Con ello -argumentan- son los pobres los que resultan directamente perjudicados, dado que la política que tenía como propósito mejorar sus niveles de bienestar termina deteriorándolos al reducir la creación de empleos