EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
Indios en el bosque

¿Por qué no caben los indios en la Constitución? ¿De qué ``falsos redentores'' pretendió salvarlos Ernesto Zedillo el pasado miércoles? ¿De los empleados gubernamentales que firmaron los acuerdos de San Andrés en nombre precisamente de Zedillo? ¿A ellos se refirió en la Huasteca hidalguense cuando dijo que ``el presidente de la República no aceptará que en aras de la causa indígena se nutran posiciones demagógicas''? ¿Por qué no los ha despedido?

¿Cuáles son las ``ilegítimas aspiraciones de poder'' que, según el titular del Ejecutivo federal, están detrás de los indios? ¿Las que alentaron los senadores y diputados del Congreso al elaborabar la propuesta de reforma que recogió el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés? ¿Es ilegítimo el Poder Legislativo?

¿Por qué no caben los indios en México? El territorio (todavía) mexicano cuenta con más de 90 millones de habitantes, (mal) distribuidos en una extensión de 2 (y pico) millones de kilómetros, en cuyas amplísimas zonas rurales el último censo (nada confiable, por cierto) reconoció 29 mil 983 comunidades y ejidos. Alguien sabrá cuánto miden los campos mexicanos y podrá calcular (si no tiene otra cosa más importante en la agenda) qué porcentaje representan en el mapa los 113.3 millones de hectáreas que están (o estuvieron) cubiertas de bosques, y que los expertos de antaño conocían como ``superficie forestal nacional'', aunque los de hoy prefieren decir ``bosque nativo'' porque éste es el término que usa mundialmente el neoliberalismo.

De los 113.3 millones de hectáreas correspondientes a la superficie forestal nacional, 80 por ciento pertenece a 8 mil 417 ejidos y comunidades, que congregan (más o menos) a 12 millones de personas, de las cuales 27 por ciento son indígenas. Dicho de otro modo, los indígenas poseen la tercera parte de ese 80 por ciento de los bosques del país, pero nunca han podido explotarlos en su beneficio (como tampoco lo han hecho los campesinos mestizos), bien porque los rentaron a empresas privadas, bien porque los convirtieron en potreros y/o en milpas. De esta suerte, dicen los estudiosos del tema, ``los campesinos forestales se volvieron testigos del saqueo de sus recursos''.

Pero a principios de la década anterior --escribe la investigadora Ana de Ita en el ensayo colectivo ¿Nuestros bosques son nuestros?, ediciones Walpurgis, México, 1993--, se formaron diversas organizaciones para recuperar el control de los recursos forestales. ``Alrededor de 20 por ciento de las comunidades dejó de ser rentista, muchas de ellas desarrollaron proyectos productivos integrados y aprendieron las técnicas modernas. Con distintos grados de avance, esta experiencia demostró que la mejor estrategia para impulsar el desarrollo sustentable del bosque es que las comunidades lo manejen bajo su propia supervisión''.

A lo largo de este siglo, una (muy) buena parte de la superficie forestal del país se arruinó debido tanto a la falta de interés oficial y de créditos gubernamentales para explotar racionalmente la madera, como a la miseria de los campesinos que por hambre se comieron los árboles para comer de la tierra.

Hoy, dicen con razón los campesinos, las autoridades y las empresas trasnacionales del ramo, grandes extensiones son víctimas de la erosión, otras padecen una veloz degradación de los suelos, y a los efectos que todo esto provoca en la atmósfera (y que a nadie conmueven) se agregan problemas no menos graves como la carencia de materias primas, que obliga a México a importar 80 por ciento del papel que consume.

Ante esta catástrofe inocultable, las grandes madereras de Estados Unidos propusieron (¿o exigieron?) al gobierno de Carlos Salinas de Gortari que México creara las condiciones políticas adecuadas para establecer inmensas plantaciones comerciales de rápido crecimiento (con especies voraces como el eucalipto, que tarda siete años en dar dinero) y Salinas aceptó.

En buena medida eso explica por qué Arturo Warman, Luis Téllez y otros neoliberales del campo redactaron las modificaciones al artículo 27 constitucional, para propiciar que los ejidatarios pudiesen vender sus tierras de acuerdo con las exigencias de las trasnacionales.

¿Quién esgrime ``posiciones demagógicas'' a propósito de los indios? En 1993, una empresa (entonces) llamada Interfin presentó un proyecto para plantar eucaliptos en una superficie de 300 mil hectáreas en Tabasco, Chiapas y Campeche. En 1994, la misma empresa (sólo que ahora llamada Pulsar) estableció acuerdos para vender toda la madera que pudiese extraer del sureste a la International Paper, ``una de las empresas forestales más grandes del mundo'', que (según sus propios directivos) sólo ese año tuvo ingresos por 14 mil 966 millones de dólares.

En noviembre de 1994 (un mes antes del supuesto adiós a Salinas y 20 días antes de las elecciones en Tabasco), Pulsar comunicó al gobierno federal que para negocio de las 300 mil hectáreas agrupadas en tres estados del sureste, el eje político, básicamente, sería el gobierno de Tabasco (citado en la versión final del proyecto como GT). Este simple detalle (que desde luego fue aprobado) explica ``el triunfo electoral'' de Roberto Madrazo, y arroja luz sobre la discutida frase del doctor Zedillo, que en mayo de 1995 vaticinó que él y Madrazo gobernarían ``juntos hasta el año 2000''.

El 27 de abril de 1995, se efectuó en la ciudad de Durango un ``Foro de consulta popular sobre las políticas para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales'', convocado por la Semarnap. A esa reunión acudieron las organizaciones forestales (mestizas e indígenas) y los representantes de Julia Carabias (titular de la secretaría convocante), pero las estrellas del evento fueron el doctor Jesús R. Rivas, de la Dirección de Agrobiotecnología de Pulsar, y un anónimo exponente que dio lectura a la síntesis de un proyecto de International Paper.

De todos los diagnósticos, reclamos, sugerencias y demandas que allí se expusieron, la Semarnap recogió con enorme interés dos (¿a que nadie adivina cuáles?), que por otra parte coincidían en muchos puntos de vista. Dos meses después, el 27 de junio de 1995 exacta- mente, el señor Edward J. Kobacker, vicepresidente y director general de International Paper, envió una larga carta al doctor Luis Téllez Kuenzler, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República (mexicana) para insistir en los delicados puntos de vista que habían acaparado la atención oficial en Durango.

International Paper, reiteró Kobacker, ``ha identificado un proyecto inicial de 50 mil hectáreas en el estado de Chiapas'', no sin agregar: ``Aunque en este momento, las proyecciones de ese proyecto no son positivas y el entorno político representa un alto riesgo''. Sin embargo, de- seoso de jugársela con México, pidió a la administración de Zedillo:

``I. Establecer que el desarrollo de una industria forestal mexicana, fuerte y globalmente competittiva, apoyada en plantaciones comerciales, es una prioridad'' nacional.

``II. Definir una política integral para el desarollo de la industria de productos forestales que incluya: a) metas y objetivos a largo plazo; b) un nuevo marco legal; c) una entidad gubernamnetal que promueva las plantaciones; d) incentivos directos; e) incentivos fiscales.

``III. El compromiso para desarrollar la infraestructura necesaria para una industria integrada de productos forestales en el sureste del país debería incluir: 1) puertos que ofrezcan los servicios requeridos por la industria de productos forestales; 2) ferrocarriles y carreteras que sean operativas y costeables; 3) caminos y vías férreas que enlacen a todas las plantaciones y a éstas con los puertos o las fábricas de transformación.

``IV. Definir métodos efectivos y prácticos mediante los cuales se puedan asociar ejidos e inversionistas. El gobierno debe participar plenamente en la promoción de las plantaciones comerciales entre ejidatarios y pequeños propietarios, esclareciendo: 1) tipos de empresas que se pueden establecer; 2) analizar cómo las concesiones, renta o las asociaciones pueden ser viables en que se pueda usar la tierra (sic); 3) un esfuerzo para alentar a las personas a plantar árboles como una actividad rentable en México''.

¿Y todo esto para qué?, se habrá preguntado el doctor Luis Téllez al llegar a la última página. El objetivo de International Paper --con estas palabras concluye la carta de míster Kobacker-- ``es vender productos para el mercado mexicano desde México''.

El tonto del pueblo me entrega un documento horizontal, sin firma ni fecha, y me advierte que no sabe quién lo hizo (¿la Oficina de la Presidencia o la Semarnap?), pero me asegura que debe haber sido escrito inmediatamente después del 27 de junio de 1995, toda vez que lleva por título el siguiente: ``Respuestas a los planteamientos hechos por International Paper''.

Digo que es un documento horizontal porque fue impreso en páginas acostadas y dividido en cuadros que separan en una columna las exigencias de Kobacker, punto por punto, y en otra, también punto por punto, las ``respuestas y comentarios'' de las autoridades mexicanas. Lo asombroso de este análisis no es la rapidez ni la eficacia profesional con que fue preparado, sino el hecho de que, una a una, todas las peticiones de International Paper fueron aceptadas a plenitud.

¿Que las plantaciones comerciales se declaren prioridad nacional? Concedido. ¿Que ``se necesita resolver la problemática en materia de tenencia de la tierra (porque) ésta es una de las áreas de mayor reto para el desarrollo de las plantaciones comerciales'' (como dijo Kobacker)? También concedido, es más --se afirma en el comentario de la parte mexicana--, ``las reformas al artículo 27 constitucional y la legislación agraria han dado respuesta a la problemática de la tenencia de la tierra, respetando la estructura agraria del país. Los cambios en materia de tenencia han originado muchos esquemas de asociación que permiten incorporar grandes superficies a plantaciones forestales en escalas competitivas''.

¿Acaso no lo sabíamos? El mes próximo, el Congreso de la Unión recibirá, de manos de las autoridades ambientales, un proyecto de reforma constitucional que dará forma y fondo a la exigencia de International Paper de crear ``un nuevo marco legal que dé seguridad'' a las plantaciones comerciales a largo plazo. ¿Cómo se llamará? ¿Ley Kobacker? ¿Será verdad que por todo esto no caben los indios con sus propios derechos en la Constitución?

Hoy cumple un año esta columna. El martes pasado festejamos la primera década de El Hijo del Cuervo, cantina hermana de El Imperio de los Sentidos. Mañana la comandante Ramona estará a las doce en el auditorio del SUTIN para celebrar el primer aniversario de los acuerdos de San Andrés