Trabajó la CNDH con datos confusos sobre el desalojo de barrenderos
Triunfo Elizalde /II Ť Una de las primeras ``versiones'' que tuvo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mirielle Roccatti, de la participación de funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el secuestro y agresión de que fueron objeto tres de los barrenderos ayunantes de Tabasco y algunos de sus compañeros, por ``más de 300 granaderos'' la madrugada de 19 de enero, fue en el sentido de que tanto Angélica Ortiz Dorantes, secretaria particular de Luis de la Barreda Solórzano, y Omar Lucio Bustos, visitador adjunto, ``ocasionalmente pasaban por ahí, luego de asistir a una cena, y al percatarse de lo que sucedía decidieron quedarse''.
No hubo tal. Asistieron porque Ortiz Dorantes recibió, el día 18, por la noche, una ``llamada telefónica'' de Sergio Aquiles, coordinador de asesores del subsecretario de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, ``informándole que a la una de la madrugada del 19'' acudiría personal de esa dependencia al campamento de los ex barrenderos de Villahermosa, para exhortarlos a que levantaran el ayuno.
En la recomendación 1/97 de la CNDH se asienta que ``fueron designados'' (¿por Luis de la Barreda?) para que estuvieran presentes en el acto, y si bien en principio se les dijo que no habría granaderos, luego, en la reunión celebrada a partir de las 22:35 horas en la Dirección de Protección Civil del Departamento del Distrito Federal (DDF), conocieron que el operativo ``se llevaría incluso con el auxilio de la fuerza pública''.
Por lo anterior, la CNDH se apuró a dejar en claro que no fue informada por nadie de lo que iba a suceder la madrugada del domingo, ``con la participación de servidores públicos del gobierno del DF, la Subsecretaría de Gobierno, la Coordinadora General de Gestión Social, la Secretaría de Seguridad Pública (agrupamiento de granaderos), la Dirección General de Protección Social y (sobre todo) de la CDHDF'', institución que no corrió la atención en tiempo a Roccatti de Velázquez para comentarle lo que estaba por acontecer frente a la Comisión Nacional.
Respecto de los 27 funcionarios de diversas instancias del DDF y tres notarios públicos, que figuran como participantes directos e indirectos, es de señalar que lo asentado en la recomendación se desenvuelve en medio de un ``mar de confusiones''. Ni siquiera se determina el número exacto de granaderos enviados al lugar de los hechos. Los barrenderos hablan de 300 y 400 elementos, las autoridades de gobierno, de seguridad pública y los propios jefes policiacos se contradicen entre sí. Unos afirman que fueron enviados 121 elementos armados, junto con un jefe y dos oficiales; otros, que sólo 60 granaderos con un jefe y desarmados.
El teniente coronel Arturo Velázquez Bravo, director de Acciones Preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública dice que ``participaron un oficial y 60 elementos desarmados''; Joaquín Solís Rosas, contralor interno de la SSP, revela que el general Enrique Tello, director general de Agrupamientos, designó a Edmundo Treviño González para que, al mando de 121 elementos armados, estuviera presente, y éste, pese a lo anterior, declaró ante el Ministerio Público de la vigésima agencia que la madrugada del domingo 19, ``aproximadamente a las 3:15 horas, escuchó una llamada de auxilio y emergencia'', por lo que ``ordenó, vía radio, que las unidades (de granaderos) localizadas en el perímetro acudieran al lugar''.
De hecho, el único con facultades jurídicas para pedir la intervención de las fuerzas policiacas era Bautista Nava, agente consignador de la Vigésima Quinta Agencia del Ministerio Público, quien no estuvo en el lugar de los hechos y, posiblemente preocupado por los resultados de la intervención de los granaderos, ese mismo domingo, al medio día, declaró que ``en su carácter de Ministerio Público, no solicitó en ningún momento el apoyo de la SSP, concretamente del agrupamiento de granaderos'', como tampoco lo hizo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), según precisión de Amaya Contreras.
Entonces, ¿quién o quiénes movieron a los granaderos? Lo hicieron Ignacio González Brito, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal y su secretaria particular, Tatiana Díaz Salgado, quien primeramente se comunicó con el general brigadier Mauro Enrique Tello, director general de Agrupamientos de la SSP, avisándole que se iba a realizar un operativo de rescate de barrenderos de Tabasco. Este comunicó lo anterior ``al control operativo'', quien lo autorizó a actuar. Posteriormente González Brito le confirmó que el operativo sería en la madrugada del domingo 19, a las 3:15 horas.
Cuando los granaderos retornaron a su base, a las 3:40 horas, Tatiana Díaz Salgado volvió a llamar a Tello Quiñones, con el fin de que regresaran ante la CNDH para un nuevo operativo. Desconcertado, iba a preguntarle a Treviño González la situación que privaba frente a la CNDH, cuando también lo llamaron Sáenz Luna, director general de Protección Civil, y Sergio Aquiles, coordinador de Asesores del subsecretario de Gobierno del DF, González Brito, confirmándole la orden de regresar, por lo cual se llevó a cabo un segundo operativo a las 5 horas.
Cabe decir que cinco horas antes del primer operativo hubo una reunión previa en la Dirección General de Protección Civil del DF, a la que asistieron Carlos Sáenz Luna, responsable de esa área; Tatiana Díaz Salgado, secretaria particular de Ignacio González Brito, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal; Oscar Elizalde, director de Apoyo de Información del DF; Víctor Manuel Bautista Nava, titular de la Vigésima Quinta Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Delegación Regional Magdalena Contreras; notarios públicos 96, 179 y 144: Mauricio Martínez Rivera, Vicente Matute Ruiz y Alfredo Miranda Soto, de manera respectiva.
Igualmente, estuvieron presentes Francisco Bravo Ramírez, subdelegado Jurídico y de Gobierno del DF; Omar Lucio Bustos, visitador adjunto de la CDHDF; Faustino Amaya Contreras, secretario particular del delegado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Magdalena Contreras; Manuel Medina Anguiano, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) del DF, y mayor Enrique Rangel Carbajal, director delegacional de Seguridad Pública en la Madgalena Contreras.
En la reunión se acordaron disposiciones ``concretas'', mucho antes de que Bautista Nava, a las 22:35 horas iniciara la elaboración del acta especial 25AE/091/9701, con base en la cual ordenó diversas diligencias: dispuso que los siete declarados en huelga de hambre que mantenían ``esa actitud de intransigencia'' fueran trasladados a un hospital, que finalmente fue el de Xoco; solicitó la participación del ERUM, y pese a la importancia de lo que iba a suceder, absurdamente decidió no estar presente, ``por no ser de su competencia''.