Una manifestación por la democracia en el País Vasco, organizada por el partido legal Herri Batasuna y encabezada por los miembros de la dirección del mismo que aún están en libertad fue agredida a tiros por la policía, también vasca, pero obediente a la línea contraria a Herri Batasuna del gobierno de Madrid. El saldo fue de más de 20 heridos, dos de ellos de bala y bastante delicados y un grave tropiezo político de los gobiernos español y vasco.

En efecto, fueron tiroteados millares de manifestantes que exigían democracia y la liberación de sus dirigentes que están presos por haberse negado a declarar ante tribunales españoles (ya que sostienen la autonomía vascongada). Ahora bien, Herri Batasuna tiene en el País Vasco cerca de un quinto de los votos y entre los heridos figura el secretario del Ayuntamiento (municipalidad) de Irurzun. Sin embargo, el responsable español de la lucha antiterrorista y segundo hombre del Ministerio del Interior (Gobernación), Ricardo Martí Fluxá, dijo simultáneamente que ETA (que, según el gobierno, se identifica pura y simplemente con Herri Batasuna y con los sindicatos abertzales) estaría en sus últimos estertores y que los independentistas vascos no quieren negociar sino vencer y agregó que, de todos modos, no se puede tratar con quien arroja cadáveres sobre la mesa para chantajear al interlocutor. Independientemente de la contradicción implícita en la visión de un agonizante que sin embargo estaría quemando todos sus cartuchos pues, a pesar de la disparidad de fuerzas esperaría vencer, es evidente que en el caso vasco la violencia no es unilateral ni los cadáveres arrojados sobre la mesa pertenecen a un solo bando o son el resultado del accionar de ETA.

En efecto, además de los asesinatos de Estado (el caso GRAPO, cuyos crímenes eran financiados y organizados por el Ministerio del Interior español), además de los sospechosos ``suicidios'' de detenidos, además de la represión y de la tortura y de la detención de los dirigentes (e incluso parlamentarios) de un partido legal y capaz de movilizar decenas de miles de personas (que, obviamente, no pueden ser todas ``terroristas''), está el antecedente de que el Estado ya hace años hizo saltar las negociaciones cuando estaban a punto de encaminarse, con la mediación de Argelia, y desencadenó así la espiral de atentados y secuestros, de asesinatos y represiones con resultados fatales.

Para que nadie pueda ``arrojar muertos sobre la mesa'' con el fin de negociar en mejores condiciones, es necesario que el Estado español reconozca como interlocutores a los independentistas vascos y asuma con valor y decisión la iniciativa pública de un cese de hostilidades y de tratativas reales destinadas a acceder a las demandas nacionales de una parte importante del pueblo vasco, que resulten posibles y lícitas. Igualmente es necesario que los nacionalistas conservadores vascos del Partido Nacionalista Vasco, que gobiernan Euzkadi, abandonen la violencia estatal en la competencia política con quienes le disputan, sobre todo en el terreno social, la bandera del independentismo, y no arrojen así leña al fuego del trágico conflicto entre ``vascos'' y ``españoles'', que sólo puede resolverse sobre bases democráticas, autonomistas, autogestionarias, y no con las armas o los explosivos.