El escándalo y el interés de los priístas en erosionar la imagen del Partido Acción Nacional, de cara a las muchas elecciones de este año, ha desviado la atención de lo más sustancial en el caso de la osamenta de El Encanto y le ha restado racionalidad al análisis. En el colmo de los despropósitos que han rodeado al asunto, el Poder Ejecutivo, por conducto del vocero presidencial y de la Secretaría de Gobernación, ha protagonizado una polémica inútil con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, quien había guardado silencio hasta que los ataques a él y a su partido lo obligaron a hablar.

¿Por qué polémica inútil? Porque cuando Lozano Gracia declaró que el Presidente estaba enterado de los pagos entregados a testigos, asumió expresamente la responsabilidad jurídica de tales dádivas, que para él son lícitas. Sobran entonces los señalamientos gubernamentales de que Lozano es el único responsable de esos hechos, como si éste intentara endosárselos al Presidente. Lo que importa determinar en este rubro no es quién autorizó los pagos ni si el Presidente estaba enterado o no, sino si los dineros --cuantiosos ciertamente-- fueron entregados en recompensa por los informes de los testigos o para que éstos dijeran o hicieran lo que los investigadores querían.

Ahora bien, resultaría lamentable que el Presidente no supiera de las recompensas a testigos. Lo natural es que sí lo supiera, aun cuando el entonces procurador no se lo comunicara. Y es natural no únicamente porque el presidente de México es --¿o era?-- el hombre mejor informado del país, sino también porque sobre el panista incrustado en el gabinete priísta estuvo enfocada, júrelo usted, la atención de otros servicios gubernamentales de inteligencia.

La pretensión priísta de señalar a Lozano y a Pablo Chapa Bezanilla como los autores intelectuales de la siembra de la osamenta no es descartable.

Pero para sustentarla ayudaría tener claridad sobre el móvil de ese hecho. Porque, racionalmente, sería un acto de suprema estupidez patrocinar el entierro clandestino, a sabiendas de que los avances de la medicina forense pondrían rápidamente al descubierto --como ocurrió-- que los restos óseos no pertenecían al desaparecido Manuel Muñoz Rocha. ¿Qué ganaban entonces Lozano y Chapa con patrocinar la siembra?

En relación con este hecho, por cierto, las autoridades no han informado sobre los resultados de la indagación --es de esperarse que la haya-- sobre la autoría intelectual del entierro clandestino, que La Paca atribuye a Raúl Salinas de Gortari. La defensa de éste, naturalmente, ha rechazado la imputación, con el argumento de que todas las llamadas telefónicas del reo están registradas, como si en una cárcel de este país fuera imposible evadir un registro así.

Quizá lo más grave de este embrollo es que el Ejecutivo no sólo contribuye a los intereses electorales del PRI, sino apoya implícitamente la causa de Raúl Salinas, al atacar a quienes lo encarcelaron. El Poder Ejecutivo envía así --quiero suponer que sin proponérselo-- un mensaje prosalinista. Además, adopta una postura poco elegante al deslindarse de los actos de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo Lozano --deslinde innecesario, repito, porque ya lo había hecho el propio ex procurador--, luego de que se benefició políticamente de otros actos de aquél, en particular de la aprehensión de Raúl Salinas. De modo semejante, los priístas ahora denigran a quien antes los benefició al no actuar en los casos de los gastos electorales desorbitados en Tabasco y de la matanza de Aguas Blancas, omisiones criticables en la gestión del ahora ex procurador.

Importa precisar que si Lozano y Chapa son responsables de algún delito, deberán ser enjuiciados y castigados. Pero esto no quita que lo fundamental del caso siga siendo la investigación que conduzca a probar los delitos atribuidos a Raúl Salinas y que parecen tener sustento si se recuerdan, entre otros hechos, sus relaciones cercanas con Muñoz Rocha, su cuantiosísima fortuna imposible de amasar por medios lícitos en corto tiempo y su involucramiento en los turbios manejos de Conasupo. Y esa investigación es, precisamente, la que la PGR no está haciendo, al menos no con el énfasis que debiera.

Sin olvidar que los otros precandidatos mantienen vigentes sus posibilidades, es muy probable que la próxima batalla por el Distrito Federal sea protagonizada por un trío de polendas. Citados por orden alfabético: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el PRD, Carlos Castillo Peraza por el PAN y José Antonio González Fernández por el PRI.