Alberto Aziz Nassif
¿Una mafia mexicana?

El pasado domingo 16 el país se desayunó con la noticia del vínculo entre el llamado clan Salinas y el narcotráfico (Proceso, núm.1059; La Jornada, 16/02/97). Ya no es posible sorprenderse demasiado por las noticias sobre ese mundo de los ``malosos'', porque al final de cuentas México tiene tres años con un clima enrarecido por la ruptura de todas las reglas no escritas del sistema político. No se puede uno escandalizar porque se trate de acontecimientos que sean completamente novedosos. Tampoco viene al caso querer explicar toda la coyuntura política del momento a partir del último escándalo que produce la prensa, pero de alguna forma se va formando un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas o, dicho de otro modo, se trata de un ajedrez desconocido que la mayoría de los ciudadanos desconocemos, pero vemos cómo se descubren jugadas ocultas de acuerdo a las necesidades de los factores de poder.

Se trata de testigos que bajo el sistema de protección que otorga el sistema judicial estadunidense, declararon en torno al caso de Mario Ruiz Massieu, que se realiza en Houston, Texas. Se implica a la familia Salinas y a otros personajes de la política mexicana, incluyendo a Colosio. El efecto que se genera es el de estar frente a una especie de mafia, versión mexicana. La nota publicada es demasiado ambigua como para contener datos relevantes, y a pesar de que se dan cifras, lugares y personas resulta difícil formarse una idea clara sobre la veracidad que se presenta. Sin embargo, la nota tiene peso porque se origina en el sistema judicial de nuestro vecino del norte, el cual tiene mejor reputación que el mexicano y más en estos momentos de crisis.

Esta noticia tiene al menos tres dimensiones de análisis que es necesario distinguir y separar para tener una perspectiva más amplia: la relación entre México y Estados Unidos, el impacto en el sistema político y las repercusiones sobre la impartición de justicia en México.

El tráfico de drogas, junto con el de la migración, es uno de los temas más importantes de la agenda negra entre México y Estados Unidos, el cual ahora parece que puede tener más elementos de presión sobre México. Prácticamente desde mediados de la década de los 80, a partir del asesinato del agente de la DEA, Camarena, se han desatado una serie de pesquisas norteamericanas que ubican a México en niveles cercanos a otros países sudamericanos. De resultar cierta esa información, se puede tratar de una bomba entre los dos países, pero que afecta de forma directa al nuestro. Para nadie resulta ajeno que la lucha de Estados Unidos en contra del narco casi nunca pasa por su propia casa; es como si sólo fuera un problema externo. Pero el mercado está en el norte y seguramente integrado por redes poderosas sobre las cuales públicamente casi no se sabe nada.

Para nadie es un secreto que los grupos que trafican con droga tienen vínculos con el sistema judicial y político. Ahora, en México la narcopolítica puede empezar a tener otros rostros que permanecían ocultos; son públicos los nombres de la primera parte, pero ahora los testimonios presentan visualmente lo que podría ser la otra cara de la moneda, la cual apunta a lo más alto de la pirámide del poder: la familia de un ex presidente. La dimensión política del hecho es de la mayor importancia por las consecuencias que expresa y que puede desatar. De resultar ciertos los testimonios, se trataría de la develación de uno de los grupos de poder más importantes de las élites priístas mexicanas. Así, sobre el ya muy manoseado clima político nacional se actualiza la vieja hipótesis que ubica la variable del narco en las entrañas de la vida política, la cual cruza hasta los asesinatos políticos de 1994.

La otra dimensión que se vuelve a sacudir es la del sistema judicial mexicano. Las supuestas conexiones entre el narco y las autoridades reviven viejas sospechas que, de ser ciertas, podrían convertir a nuestro sistema judicial en un hoyo negro sin fondo, mesura ni posibilidad de solución en el corto plazo. Además, la nota llega en un momento en el cual puede volver a darle un giro importante al litigio sobre el desempeño del panista Lozano al frente de la Procuraduría General de la República.

En estos días en los que sigue dominando la nota roja sobre la política, situación típica de un país en el que se han roto las reglas no escritas con las que el sistema político lograba galvanizar la lucha de intereses, nos volvemos a encontrar con que la gran telenovela en la que se ha convertido la historia reciente, no termina; simplemente se le añade un nuevo capítulo. Habría que hacer una encuesta para saber si la telenovela tiene más interés para la ciudadanía que las campañas electorales que en estos días están en su inicio.

Finalmente, de comprobarse como ciertas estas declaraciones --que supuestamente pronto serán analizadas por un gran jurado-- ya podemos sacar algunas conclusiones sobre el tipo de país en el que hemos vivido en los últimos años. De no ser ciertas, también podremos preguntarnos hasta dónde llegará esta guerra de grupos y nota roja y qué nuevo papel jugará Estados Unidos en este momento mexicano.