Premura de la CNDH en el caso de barrenderos

Triunfo Elizalde/ III y última Ť Muchas son las preguntas y pocas las respuestas que se desprenden de la recomendación 1/97 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Figuran personajes que tuvieron una participación activa antes, durante y después del operativo policiaco para ``apoyar'' a médicos del ERUM a levantar a tres de los siete barrenderos de Tabasco, que desde tres meses atrás se mantenían en huelga de hambre frente a la CNDH; sin embargo, aquéllos aparecen sin mayor responsabilidad.

Contrasta el hecho de que mientras en el caso del vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la CNDH requirió 42 días para investigar el genocidio de campesinos y emitir una recomendación condenatoria, en esta ocasión lo hizo en ocho días: del 20 al 28 de enero de 1997.

Quizás debido a ello las tres instancias de poder a que está dirigida la recomendación 1/97 respondieron de inmediato y casi al unísono aceptaron el documento. Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, la aceptó el 31 de enero; José Antonio González Fernández, entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal (ahora tiene licencia), el 4 de febrero, y el general Enrique Tomás Salgado Cordero, secretario de Seguridad Pública, en la misma fecha. Han transcurrido ya 10 días y no se tiene noticia de acción en sus respectivas áreas.

Deberán conocerse a fondo las razones de participación de Gilberto Hershberger Reyes, director general jurídico y de Estudios Legislativos del Departamento del Distrito Federal; de Octavio Flores Millán, coordinador de Gestión Social, quien ordenó a Manuel Ruiz de Chávez, director general de Servicios de Salud, movilizar unidades del ERUM, y saber quiénes fueron las ``personas de diversas instituciones'' que se vieron con Carlos Sáenz Luna, director general de Protección Civil, para que se grabara el operativo.

Tendrá que explicarse por qué antes de que se elaborara el acta especial 25AE /091/9701, iniciada a las 22:35 horas del 18 de enero por Víctor Manuel Bautista Nava, agente del Ministerio Público adscrito a la delegación Magdalena Contreras, desde las 21 horas (una hora y 35 minutos antes) ya estaban listos para el operativo los granaderos, el servicio médico, los notarios públicos y los representantes de la CDHDF, si de hecho no existía el mandato jurídico que les permitía moverse en el sentido que lo hicieron.

Otro interrogante es bajo qué criterio legal, con base en la Ley de Salud, Espinosa Villarreal autorizó al general Enrique Salgado Cordero intervenir con sus granaderos en un problema que afectaba directamente al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado. Asimismo, si los ayunantes con más 96 días de no probar alimentos sólidos ``ya habían sido salvados'', y por qué 48 horas después, con la intervención del tabasqueño Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, se revolvió en unas cuantas horas un problema laboral que por 10 meses sólo recibió la indiferencia oficial.

La CNDH se pregunta por qué los funcionarios del DDF que intervinieron tardaron cinco horas en llevar a cabo el operativo, no obstante la urgencia de llevar a un hospital a los declarados en huelga de hambre, ``dado su estado grave de salud''; reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos de los ayuntes y sus compañeros, e incluso que los granaderos se extralimitaron en el uso de la fuerza, y no existe explicación aceptable para el segundo operativo; empero, en ninguna parte de su recomendación pide que los implicados fueran suspendidos, cesados o puestos a disposición de alguna autoridad, en tanto las indagaciones permitan conocer sus ``grados de responsabilidad''.

También es importante la amplia exposición que la titular de la CNDH, Mireille Roccatti Velázquez, hace para ``abordar el problema ético-jurídico de fondo'' que subyace, en respuesta indirecta a la queja presentada por Rocío Culebro contra quienes ``secuestraron'' a los huelguistas de hambre, bajo el pretexto de salvarles la vida por el prolongado ayuno.

La ombudsman nacional comienza por reconocer el derecho que todo ser humano tiene de recurrir a medidas extremas para defender sus intereses humanos, laborales, políticos, económicos y hasta culturales, incluida la huelga de hambre, pero poco a poco va envolviendo con conceptos jurídicos no comunes su intención final: decir que lo hecho por las autoridades capitalinas fue correcto y apegado a la Ley de Salud, para terminar justificando, incluso, la intervención de los granaderos en apoyo de los servicios médicos.

Frente a esta actitud, el Frente Amplio de Lucha Democrática, que encabeza Aquiles Magaña, líder de los barrenderos de Tabasco -ya laborando en el municipio del Centro-, oficialmente pidió a Rocío Culebro, secretaria técnica de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, y a Carmen Herrera, del Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, que como ONG estén ``atentas y vigilantes'' al cumplimiento del acuerdo, así como de la recomendación emitida por la CNDH.