La política social es el instrumento del Estado moderno para combatir la desigualdad, el rezago en los niveles de satisfacción de necesidades básicas de la población y para alcanzar un desarrollo regional equilibrado. Es, en suma, el instrumento para abatir la pobreza. Ningún proyecto de política social estaría completo si sólo se ocupa de la infraestructura, de la elevación de los niveles de bienestar y de la seguridad social. Además, la misma debe abarcar la asistencia social y tener como objetivo la creación de empleos productivos para toda la población en edad de trabajar.

En los últimos años ha sido relevante el papel del ramo 26, ya que los recursos del mismo han llegado a representar la única posibilidad de inversión social para estados y municipios, particularmente para aquéllos con niveles de alta y muy alta marginalidad. Al respecto, es indudable que se ha avanzado notablemente en su descentralización, desde el comienzo de la administración del presidente Zedillo, todavía con la figura de transferencias condicionadas. En el corto y mediano plazos, dichos recursos deberán integrarse a las transferencias no condicionadas, en el marco de la coordinación intergubernamental, más específicamente en una coordinación nacional para el desarrollo social, como espacio de concertación institucional. Esto aseguraría el destino de los recursos, dejando ya la decisión, la supervisión y la fiscalización de los mismos a las autoridades estatales.

La descentralización es un proceso paulatino de transferencia de responsabilidades, recursos y capacidad de decisión a los niveles de gobierno cuyo ejercicio de gasto optimice social y económicamente los recursos disponibles. Valga acotar que en términos reales los recursos del ramo 26 se han reducido sustancialmente, lo cual no le quita méritos al programa.

El reto que enfrentamos es el de la ominosa realidad de los dos Méxicos, que tanto lastiman a nuestra generación. Encontramos cifras dramáticas en los niveles de educación y salud, que deben ser atendidas por una política social integral. Esto último no significa que no se estén haciendo esfuerzos importantes, por cierto, en materia de salud, educación y vivienda, tanto en materia presupuestal, como en la propia descentralización.

Esta es nuestra realidad: en el caso de los indicadores de salud, al ser promediados ocultan las profundas diferencias que existen en el país. La esperanza de vida ya es de 70 años, sin embargo como ha señalado el doctor José Narro, ``la cifra no refleja las dolorosas diferencias que existen entre las entidades federativas. Este es el caso de Nuevo León con casi 74 años, y de Oaxaca con sólo 62, entidades que muestran las cifras extremas. La que hoy tiene Oaxaca la alcanzó Nuevo León a mediados de los años cincuenta'' (FCE, 1994).

En educación básica, el INEA habla de ``algo más de 35 millones de mexicanos que carecen de educación básica y cada año se le suman 760 mil, que por muy diversas causas dejan la escuela... de esos 35 millones únicamente el 10 por ciento encuentra acomodo en la economía formal'' (04-08-96).

Las posibilidades de revertir estas tendencias son limitadas, sobre todo para entidades con grandes rezagos en infraestructura, calidad de mano de obra, capacitación para el trabajo, población con estudios superiores y con grandes problemas sociales, y por lo tanto políticos, como los del sureste. No es casual que el ramo 26, por ejemplo, privilegie a estados como Veracruz, Chiapas y Oaxaca; que en la política social del gobierno se dé atención prioritaria a los municipios de alta y muy alta marginalidad. Sin embargo, en la medida que se siga avanzando en la integración de la política social, que se evite la duplicidad de esfuerzos y se consolide la descentralización de responsabilidades y los recursos al nivel municipal y estatal, seguiremos observando avances importantes aunque paulatinos. No olvidemos que la lucha contra la pobreza ataca un problema estructural. El reto no es sólo tarea de los gobiernos, lo es de la sociedad.