En el marco de un resquebrajamiento sin precedentes en el sistema político mexicano, los señalamientos contra el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y varios miembros de su familia --ahora por su presunta vinculación con el narcotráfico--, las altisonantes réplicas de éste desde el extranjero, las filtraciones de prensa, y los escándalos que rebasan los cauces de los tribunales han llevado a un palpable enrarecimiento de la vida pública, han confundido los ámbitos político, policiaco, judicial, económico e informativo y, lo más grave, provocan el generalizado desprestigio de nuestras instituciones, tanto en México como en el extranjero.

Lo que en el sexenio pasado empezó como investigaciones insatisfactorias y poco verosímiles -las correspondientes a los asesinatos de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu- se ha convertido, en el presente, en un revoltijo de historias truculentas, revelaciones sensacionales o sensacionalistas, juramentos de inocencia que no convencen a nadie y la omnipresente convicción de que, tras esta enconada disputa por el convencimiento de la opinión pública -ya que ni los fiscales ni los defensores logran convencer a los jueces- subyace un enfrentamiento de grandes porporciones dentro de la clase gobernante y grupos político-empresariales, en el cual está implicado incluso un partido opositor.

Preservar el hasta hace poco proverbial monolitismo del sistema político nacional no sería ciertamente deseable, porque la unanimidad priísta-gubernamental es, y ha sido, obstáculo de primera importancia para la democratización del país. Pero es injustificable y peligroso dirimir los conflictos internos del poder en la forma en que se ha hecho, es decir, de manera equívoca, sin llamar a las cosas por su nombre, encabalgando los agravios políticos en procesos judiciales, dando curso a intercambios de insinuaciones y verdades a medias entre funcionarios y ex funcionarios, contaminando el necesario debate sobre el futuro de este país con los ajustes de cuentas del pasado reciente.

Estos enfrentamientos soterrados están debilitando severamente la imagen internacional del Estado mexicano y colocan al país en una situación de grave vulnerabilidad ante el extranjero y, particularmente, ante Estados Unidos. En diversas ocasiones grupos de presión de ese país han hecho acusaciones contra personajes de altos niveles del gobierno mexicano -hasta ahora no probadas- por su supuesta participación en el tráfico de drogas. En México, tales señalamientos han sido interpretados, con fundamento, no necesariamente como acciones para dilucidar las operaciones del narcotrá- fico sino, por encima de todo, como instrumentos de presiones políticas y diplomáticas encubiertas.

Así, es imperativo investigar todo indicio que permita suponer el involucramiento de funcionarios de los sexenios anterior y presente en actos delictivos, así como proceder penalmente en caso de que se encuentren elementos para ello. Pero en el momento actual es, además, urgente que se ponga un alto a la velada confrontación en curso, que ésta se dirima abiertamente, frente a la opinión pública nacional, y que se pongan sobre la mesa las diferencias.

Para evitar nuevas interferencias en el quehacer gubernamental, limpiar la imagen nacional -y la de los propios acusados, si es el caso-, dignificar la vida política e institucional e impedir que la pugna siga afectando a la sociedad, es tiempo de que el país en su conjunto, empezando por el gobierno, emprenda ya y sin ambigüedades el esclarecimiento pleno de los hechos del salinismo.