En el año 2000 podría haber más de 2.5 millones de vendedores informales: Colegio de Arquitectos

El presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez, advirtió que de no modificarse sustancialmente la tendencia recesiva de la economía nacional, y las políticas de control del gasto público y de contención salarial, al iniciarse el siglo XXI el país contará con 2.5 millones de personas dedicadas al comercio informal, mismas que entrarán en una abierta confrontación con los 3.8 millones de comerciantes formales.

Señaló que dicha actividad ha reportado en los últimos ochos años un fuerte crecimiento, al grado de que actualmente hay 10 millones de personas subocupadas, de las cuales 1.5 millones están ubicadas en el comercio de vía pública.

Amenaza a la paz social

El problema del ambulantaje, dijo Felipe de Jesús Gutiérrez, ha despertado una gran preocupación en autoridades, comerciantes establecidos, organizaciones civiles y partidos políticos, ya que de no encontrarse solución al fenómeno, podría provocar graves conflictos sociales.

``Esta actividad que apenas hace unos años se consideraba como digna y propia de ciudadanos de escasa capacidad económica, ahora se muestra como un grave problema que atenta contra la economía, la paz social, la imagen urbana y el bienestar colectivo'', indicó.

Agregó que el ambulantaje se encuentra fuera de reglamentos y controles, y según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se calcula que el fisco deja de percibir 20 por ciento de sus ingresos tributarios totales; esto es, unos 300 mil millones de pesos, según información proporcionada por la Canaco.

También externó que el comercio informal es el conducto adecuado para vender productos adquiridos en asaltos y robos tanto a industrias como a comercios establecidos, además de que estos vendedores se encargan de dar salida a productos detectados con defectos de fábrica y que no pueden ser vendidos de manera legal.

El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en un estudio, propone tres puntos de partida para resolver el conflicto:

``Partir del reconocimiento de intereses tanto económicos como políticos que se encuentran íntimamente vinculados con ese problema.

``Aceptar la estrecha relación que tiene el ambulante con la incapacidad de la economía para responder a la creciente demanda ocupacional suficientemente remunerada.

``Reconocer que para buscar un arreglo al problema se deben considerar los intereses de las partes involucradas, como las organizaciones de ambulantes, las asociaciones vecinales, los comerciantes establecidos y la autoridad''.

El presidente del colegio consideró que entre las acciones más inmediatas que deben adoptar las autoridades del gobierno capitalino están ubicar a este sector en lugares abiertos apropiados, que tendrían que estar localizados adecuadamente, para después arreglar su adquisición o alquiler por parte de los vendedores.

Asimismo, sugirió que, entre las acciones de mediano y largo plazo, debe darse prioridad a las encaminadas a identificar, actualizar o relaborar los aspectos legislativos que afecten esta práctica, para lo que deberán aplicarse convenios y mecanismos de participación entre las autoridades y los grupos involucrados.

De igual manera, deberán aplicarse acciones de tipo vial, vigilancia, seguridad, sanidad, transportación y cobro de derechos e impuestos, proporcionalmente a la situación de la actividad.