Parece no tener remedio: la actualidad política de México se sitúa al nivel de los escándalos y la extravagancia. Y ese espectáculo induce al olvido de algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas, de primera magnitud, es la que se refiere a la paz en Chiapas, que no solamente continúa sin solución sino que parece sumergida en el olvido o en el inconsciente colectivo. Y lo que es más grave: que está en el segundo o tercer plano de la agenda de los mismos partidos políticos, absorbidos por las campañas electorales del Distrito Federal o por la composición de sus candidaturas para las elecciones del próximo verano.

Olvido (aun cuando sea provisional) o desviación comprensible de las atenciones, pero de ninguna manera justificable. Por supuesto que el avance democrático del país y la vigencia del Estado de derecho no podrán construirse sin la paz, y esa meta se aleja dramáticamente si no continúan y culminan exitosamente las negociaciones entre el gobierno y el EZLN. ¿En qué situación nos encontramos?

Todo indica que estamos en una circunstancia de extrema gravedad: el gobierno parece haber tomado la decisión de ``congelar'' la cuestión de Chiapas y, en la práctica, la del abandono posible de la negociación, no obstante las declaraciones repetidas de disposición gubernamental, inclusive al nivel del Presidente de la República, de alcanzar la paz en ese maltratado estado.

Nuevamente las decisiones políticas del gobierno nos hacen soñar (en pesadilla). Sus mejores momentos y direcciones se echan por la borda. Antes fue la reforma política por consenso; ahora parece clausurada la voluntad de negociar la paz con el EZLN. ¿A dónde se pretende orillar al país? Hay una queja general de gobierno por los posibles infundios a altos ex funcionarios, por el aparato judicial de Estados Unidos. Parecería pues que en todos los climas se cosechan cadáveres en los jardines. Y, sin embargo, no se calcula la terrible repercusión negativa de la opinión pública nacional e internacional que traería una masacre armada de poblaciones indígenas en el sur de México. Ni siquiera se calibra la pésima impresión que ha causado internacionalmente el freno de la negociación con los zapatistas.

¿O únicamente se trata de ``ganar tiempo''? ¿Tiempo de qué o para qué? ¿Para un mejor posicionamiento del ejército en la región? ¿Para evitar que el EZLN participe en las próximas campañas electorales, naturalmente en la oposición? ¿Puede verse el franco primitivismo de estos cálculos? ¿No ganaría más el gobierno, inclusive electoralmente, con una intensificación negociadora en Chiapas? ¿No ve lo que ganaría internacionalmente? ¿No es la acumulación de estas parálisis que ha significado el amplísimo repudio social al gobierno y al partido del gobierno?

El gobierno, por lo demás, ha ido demoliendo literalmente los organismos de mediación y pacificación establecidos --y reconocidos-- para la negociación chiapaneca. Primero fue la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), con acusaciones de parcialidad y partidarismo. ¿Pero no fue siempre un organismo de contacto y mediación efectiva entre el gobierno y el zapatismo? Ahora sigue en la lista la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por diputados y senadores de los partidos, que ha hecho un papel relevante, verdaderamente inteligente y esforzado, para acercar a las partes. ¿A la Cocopa se refirió el Presidente cuando habló de los ``falsos redentores''? ¿Se refirió a Marcos? ¿No se calibra la improcedencia del lenguaje? ¿Puede verse el ridículo nivel de maquiavelismo de principiantes detrás de estas menciones, de estas decisiones?

Todavía, por supuesto, no se establece una relación entre los acuerdos de hace un año en San Andrés sobre derechos y cultura indígenas --suscritos por representantes del gobierno-- y la negativa posterior a acatarlos. ¿Mala fe? ¿Incompetencia política supina? Seguramente la combinación de esos factores explica la inadmisible parálisis, la extravagante forma de gobierno que padecemos.

Pero aun admitiendo diferencias y ``preocupaciones'' respecto a la versión de las reformas constitucionales de los acuerdos previos que firmó el gobierno, ¿se justifica el abandono político en que se encuentra el problema de la pacificación chiapaneca? ¿O precisamente porque hay una cuestión pendiente de ese calibre debieran intensificarse los esfuerzos para su solución definitiva?

Abandono del problema de la paz en Chiapas causado por penosos cálculos políticos que se refieren a lo inmediato, y olvido de lo fundamental: el peligro de que el estancamiento reabra enfrentamientos entre mexicanos en que sobre todo se perdería --¡otra vez!-- sangre de nuestras comunidades indígenas. Olvidándose otra vez que, en los siglos, han sido la parte más maltratada, relegada y explotada de la nación.

Decididamente los mexicanos todos, comunidades indígenas y de cualquier otra proveniencia, hemos de irnos acostumbrando, al menos en los próximos años, a contar con un hecho irremediable: el mal gobierno.

Este hecho sí sería capaz de explicar el inverosímil desbarajuste en que nos encontramos, en éste y en otras cuestiones de la vida nacional.

A propósito, se argumenta en contra de la propuesta de reforma constitucional que recogería los acuerdos de San Andrés que propiciarían la fractura de la nación. ¿Y qué ha dicho y hecho el gobierno sobre las fracturas a la nación que contiene el Tratado de Libre Comercio? ¿Hacia adentro se argumenta la preocupación por conservar la integridad nacional? ¿Por qué no se ha expresado la misma preocupación hacia afuera? ¿Cuestión de intereses?.