Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes, y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola
Ignacio Ramírez (7/7/1856)

El presidente Zedillo informó que el gasto social de la federación será de 277 mil 420 millones de pesos. Para los pueblos indios serán destinados 5 mil 950 millones de pesos, es decir el 2.14 por ciento de la primera cantidad. Pero es el caso que los indios de México son alrededor del diez por ciento de la población. ¿Por qué, entonces, no se les asigna mejor el diez por ciento del total del gasto social?

¿No es esta diferencia de porcentajes una exclusión relativa de los indios del presupuesto para el gasto social de la federación? ¿A qué se refiere el Presidente cuando dice que las comunidades indígenas no quieren ser regresadas a un pasado de exclusión, si las asignaciones presupuestarias para ellos no son proporcionales a su número y, por lo mismo, son equivalentes a una discriminación económica que tiene mucho de racial?

En todos los países donde se ha querido implantar la democracia en sentido amplio, se ha comenzado por disminuir la brecha entre los más pobres y los más ricos a través de políticas fiscales y de distribución del presupuesto. En México no, como lo demuestra, una vez más, el gobierno de la República.

Una política de distribución y de equidad, que de veras quiera erradicar (o al menos disminuir sustancialmente) la miseria y la pobreza, comienza por los que menos tienen y que, objetivamente, están por debajo de los niveles mínimos de consumo para una vida digna. Si a los que menos tienen se les da menos que a los que medio tienen, se estará resolviendo el problema de los sectores medios de la población, los que ya consumen, y no el de los que parecen destinados a un futuro peor que incierto. Esta política es en favor, aunque no lo reconozca el gobierno, de los productores y los intermediarios del mercado, es decir de los ricos, pues mejorando la situación de los que ya consumen (para que vivan mejor), lo que se obtiene es que consuman más, mientras que los marginados de siempre apenas lograrán, en el mejor de los casos, morirse menos.

No se aspira, ciertamente, a la adopción de políticas paternalistas o tutelares en relación con los indios. Se quiere, y así lo han manifestado los indios en los foros en que han participado, que se les dé el rango de mexicanos de pleno derecho y que se les restituya lo que por siglos se les ha quitado. No quieren, cierto, una reforma legal que los aparte de la nación mexicana, pero tampoco políticas económicas y de gasto que los mantengan en la nación, sí, pero excluidos y sin más destino que una mayor miseria. Quieren, y así lo han dicho reiteradamente, que se les respete como los mexicanos originales que, como se quiera ver, fueron despojados por los conquistadores y los descendientes de éstos, ahora mestizos en su mayoría. No están pidiendo la restitución de todo el territorio que fue de ellos, sino sólo del mínimo para subsistir. No están pidiendo que todos los mexicanos se rijan por la normatividad que le era propia a los pueblos indios, sino que su normatividad, producto de sus formas de vida, sea incorporada en la Constitución y no solamente el reconocimiento de que existen, y la protección de sus tradiciones en materia social, como está establecido en el artículo 4o desde el 28 de enero de 1992 (500 años después de que se les negaron todos los derechos como indios).

Soy de la opinión de que el Presidente Zedillo, aparte de incumplir su palabra empeñada en los acuerdos con el EZLN hace un año, está tratando, una vez más, de regatear a los indios sus derechos y su realización con medidas demagógicas de evidente tufo electoral. Una vez más, como ya parece costumbre en los gobernantes mexicanos desde que los tecnócratas llegaron al poder, en las oficinas públicas se decide qué necesita el pueblo, sin consultarlo, mientras el pueblo, de todas las formas posibles e imaginables, le dice al poder sordo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita.