El presidente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores, aseguró anteayer, ante el presidente Ernesto Zedillo, que sus 11 millones de agremiados sufragarán en los comicios de julio próximo a favor del PRI. Si se juzgara la evolución nacional únicamente con base en esa declaración, habría que concluir que el país no ha avanzado un milímetro en dirección de la democracia desde 1988, cuando los líderes del ``movimiento obrero organizado'' le ofrecieron al entonces candidato Carlos Salinas, la totalidad de los sufragios de los 20 millones de afiliados que, entonces, decían tener.

Las cosas, por fortuna, son menos simples. El aspirante presidencial priísta de hace nueve años fue declarado ganador con un total de votos netamente inferior --alrededor de 8 millones-- y con un margen históricamente menor a los que solían obtener, hasta 1982, los candidatos a la Presidencia postulados por el tricolor.

Sin embargo, no deja de resultar preocupante la expresión de control verticalista y corporativo formulada ayer por el líder del CT. En forma poco pudorosa, por decir lo menos, Flores externó la persistencia de la sujeción política que, sobre sus agremiados, pretenden ejercer todavía las centrales obreras oficialistas, una atribución de facto, una de las proverbiales reglas no escritas o facultades metaconstitucionales del sistema político, ajenas a cualquier normativa constitucional o legal.

En las sucesivas reformas electorales realizadas en esta década se ha establecido claramente el principio de afiliación individual de los ciudadanos a los partidos políticos, y se ha proscrito la adhesión corporativa a éstos. Es cierto que en el PRI se mantiene, a este respecto, una configuración ambigua, en la que las formas de militancia territorial y ciudadana coexisten con las viejas estructuras sectoriales y corporativas.

Al interior del Revolucionario Institucional éstas últimas fueron determinantes, sin duda, en el resultado del proceso de selección del candidato priísta al gobierno de la ciudad de México. Cabe recordar, al respecto, que el favorecido, Alfredo del Mazo, contó desde el primer momento con el apoyo de la cúpula cetemista y que si bien ese apoyo jugó en contra de los otros aspirantes priístas a la candidatura, es lógico suponer que, en adelante, esa central obrera presione a sus afiliados para que sufragen en contra de las fórmulas opositoras.

El empecinamiento en derivar afiliaciones políticas y electorales de las obligaciones y derechos propios de la pertenencia sindical constituye una negación a los avances logrados por la sociedad en materia de cultura democrática y un despropósito que contradice la libertad ciudadana para ejercer el sufragio libre y sin condicionamientos ajenos a los que dicte la conciencia y el criterio de cada elector.