Un general brigadier Cardona, citado como enlace del ex titular del INCD

Roberto Garduño E., enviado, Almoloya, estado de México, 20 de febrero Ť Una nueva página de la relación entre políticos y narcotraficantes quedó al descubierto ayer, cuando en su primera declaración ante una instancia judicial, el capitán Horacio Montenegro reveló que el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu y el ex director de la Policía Judicial Federal (PJF), Adrián Carrera Fuentes, ``recibieron dinero de narcotraficantes''.

Detrás de la rejilla de prácticas del juzgado segundo del penal de máxima seguridad de Almoloya, Montenegro involucró ``al general brigadier Cardona, asesor del INCD'', como otro militar ``que puso en contacto al general Gutiérrez Rebollo y su gente con el narcotraficante Rómulo Rico Urrea y su familia''.

Sobre el general Cardona, en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) se indicó que se trata ``de un general Cardona'' que ``nunca llegó a ocupar oficialmente el cargo de asesor''.

En la misma diligencia, el general Jesús Gutiérrez Rebollo reconoció haber tenido contacto con Eduardo González Quirarte --lugarteniente del capo de Juárez, Amado Carrillo, El Señor de los cielos-- y confirmó lo dicho por Montenegro: ``Adrián Carrera tenía relación con el narcotráfico y con Amado Carrillo''.

Incluso, dijo que él se reunía ``en una fábrica de alimentos cercana a la zona militar de Guadalajara con Eduardo González Quirarte''. En un intento final por defenderse, dijo que los contactos con González Quirarte ``tenían como objetivo acercarme a Amado Carrillo'' para capturarlo.

Los testimonios en el juzgado segundo

A las 10 de la mañana comenzó la diligencia en el juzgado segundo de distrito en materia penal. El juez Armando Báez ordenó que se presentaran ante la rejilla de prácticas el general Jesús Guriérrez Rebollo, el capitán primero Horacio Montenegro y el capitán segundo Javier García Hernández.

Los tres, uniformados con la vestimenta y gorras color caqui, se ubicaron frente a la barra de concreto. Detrás de cada uno se encontraba un custodio. El general Gurtiérrez Rebollo, ojeroso, sin levantar el rostro, se despojaba de la gorra y se rascaba la cabeza. En ocasiones clavaba la vista en los siete funcionarios federales de la fiscalía, pero nunca volteó a ver a sus dos coacusados.

Frente a los tres inculpados --el general por delitos contra la salud y los dos capitanes por cohecho-- se encontraba un grueso legajo con las declaraciones que los relacionan con el narcotráfico.

En la ampliación a su primera declaración --leída por los funcionarios del juzgado segundo-- Juan Galván Lara ratificó ``que el general Gutiérrez Rebollo estaba enterado de las actividades de Amado Carrillo y Eduardo González Quirarte, este último administrador de los bienes de Amado Carrillo, el cual tiene relación con el general Gutiérrez Rebollo''.

En esa primera parte de la diligencia se escucharon los testimonios que sirvieron a las autoridades federales para determinar la participación de los tres militares en actividades de narcotráfico. Cuando tocó el turno a Horacio Montenegro, el general Gutiérrez Rebollo se despojó de nuevo de la gorra y rascó su cabeza, con síntomas de preocupación:

``...que conoce a Lilia Esther Priego, que tiene una relación sentimental con el general Gutiérrez Rebollo. Que sabe que Rómulo Rico Urrea y su familia se dedican a las actividades del narcotráfico.

``Que conoce al general brigadier de apellido Cardona, que trabaja como asesor del INCD, y que los puso en contacto para que conociera a la familia Rico Urrea. Que la familia de Rómulo Rico Urrea visitó al general Gutiérrez Rebollo en sus oficinas del INCD y éste le ordenó a unos licenciados, cuyos nombres no recuerda, que asesoraran a los Rico Urrea, porque estaban muy preocupados porque Rómulo estaba desaparecido.

``Que supo qué militares están involucrados en las labores del narcotráfico, desde los altos mandos hasta los mandos medios y bajos.

``Que Adrián Carrera Fuentes (ex director de la PJF) recibía dinero del narcotráfico y éste se lo entregaba a Mario Ruiz Massieu.

``Que Eduardo Salazar Carrillo es conocido del general Guriérrez Rebollo, y que éste conoce al Chipilón (Rodolfo García, ex delegado de la PJF en Baja California, y en la actualidad prófugo) y sus actividades con el narcotráfico, y su relación con el Chapo Guzmán (Joaquín Guzmán Loera) y Amado Carrillo''.

Gutiérrez Rebollo se desencajaba; clavaba la vista en el suelo. Escuchó el testimonio de Artemio Flores Martínez, quien colaboró con él en la quinta Región Militar de Jalisco:

``Sabe que Eduardo González Quirarte se dedicaba al narcotráfico y que visitaba al general Gutiérrez Rebollo en sus oficinas de la quinta Región Militar. Y que después que fue nombrado como encargado del INCD, el general Gutiérrez Rebollo ordenó que no se molestara a González Quirarte, respecto a sus actividades del narcotráfico. Que el general y Javier García Hernández brindaban protección a González Quirarte''.

Más tarde, cuando se desahogaron las pruebas, el juez Armando Báez solicitó al general Gutiérrez Rebollo que se quedara solo en la rejilla de prácticas. Horacio Montenegro y Javier García se retiraron.

Fue Gutiérrez Rebollo quien tomó la delantera y solicitó hacer una aclaración:

``Que sí conoce a Eduardo González Quirarte. Que su relación comenzó hace año y medio. Que una vez lo detuvo, pero no encontró elementos para retenerlo. Que después se enteró que Amado Carrillo y González Quirarte tenían una relación. Que ordenó tres operativos para detener a Amado Carrillo.

``Que en varias ocasiones vio a González Quirarte para saber de sus movimientos, pero que no iba solo, que lo acompañaban varios militares de la Región Quinta, que se veían en una fábrica de alimentos cercana a la zona militar de Guadalajara.

``Que supo que Adrián Carrera tenía relación con el narcotráfico y con Amado Carrillo. Que nunca recibió algún obsequio de González Quirarte. Que fue el señor Enrique González, padre de Eduardo, quien le prestó la camioneta Cherokee. Que Eduardo le prestó tres coches y tres teléfonos tipo celular.

``Que Eduardo sí lo visitó, pero iba acompañado de su papá, y las visitas eran en la zona militar. Que también mandó investigar al señor Eduardo González Quirarte, que estudiaba en la Universidad de Guadalajara, donde también estudiaba el hijo de Amado Carrillo.

``Y que con esta declaración deja establecida su disposición para aclarar los hechos''.

Al culminar su testimonio, el secretario del juzgado le preguntó si deseaba rendir declaración y responder a las interrogantes que el fiscal adscrito al juzgado, Rodrigo Archundia, tenía preparadas; la respuesta fue la siguiente:

--¿Desea responder a la fiscalía?

--No señor.

``Manifiesta que no es su deseo rendir declaración preparatoria hasta que no designe un defensor particular, reservándose su derecho a declarar''.

--¿Qué otra cosa..? --insistió el secretario del juzgado.

--Poder tener contacto con alguien del exterior; no he hablado con nadie.

Al cumplirse la diligencia, el juez informó que se ampliará al plazo de 72 horas otro igual para que el juzgado determine su situación jurídica y la defensa se encargue de allegar pruebas en favor del militar. A las 14:10, Jesús Gutiérrez Rebollo se retiró de la rejilla de prácticas.

Llegó el turno a Javier García Hernández, acusado de cohecho. El sí aceptó ``corregir'' su dicho de la primera declaración que se le tomó el 16 de febrero: ``No estoy de acuerdo con los números de teléfono que le di al Ministerio Público Federal (MP) en mi declaración, porque fui presionado para decirlos.

``El día en que me presentaron frente al MP federal fui sujeto a tortura física y moral por la Policía Judicial Federal Militar en las instalaciones del Campo Militar Número Uno. Me amarraron a una tabla, una banca y me pusieron toques con cables de corriente eléctrica en parte del estómago, los pies y la cabeza.

``Antes de tomarme la declaración fui sujeto a una terapia, al tiempo que me mostraban ocho teléfonos marca Motorola, color gris, y me decían que me aprendiera los números, y me dijeron que mencionara que uno de ellos era mío, y otros dos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, y que los habíamos recibido de un tal René González Quirarte''.

Cuando Javier García terminó su aclaración, aseguró que los otros nueve militares detenidos el 13 de febrero con él ``también fueron torturados''; el juez determinó rechazar la petición del abogado José Cuevas Córdoba para que su defendido fuera beneficiado con la libertad bajo caución. El juez argumentó que si bien el cohecho no es un delito grave, en el caso del inculpado sí se considera grave, por tener relación con delitos contra la salud y narcotráfico.

Horacio Montenegro fue auxiliado por el licenciado José Cuevas. El abogado llegó minutos antes de la diligencia, porque los hermanos del militar lo mandaron desde Guadalajara para que esté pendiente del caso. A Montenegro también le negaron la libertad bajo caución al ser considerado ``peligroso para la sociedad'' el cohecho que se le imputa.