Pablo Gómez
Ficción superada

Hoy, ante los ojos de todos, el Aguila real --personaje de telenovela-- existe y es un militar. La realidad ha rebasado a la ficción: Jesús Gutiérrez Rebollo era --según se afirma-- agente de la mayor organización criminal del narcotráfico desde mucho antes de asumir el más alto cargo en la lucha contra el tráfico de drogas, cuando se desempeñaba como comandante de la región militar con sede en Guadalajara.

El escándalo telenovelesco se ha quedado pequeño ante el escándalo de la vida real. Los personajes de ficción, lejos de ser exagerados, son poca cosa ante los personajes reales. Los argumentistas, escritores y productores han sido superados.

Pero, ¿quién es el señor X? De seguro ése no lleva águilas en su chaqueta, sino que viste de casimir y corbata de seda.

El poder de penetración de los narcotraficantes ha sido minimizado hasta ahora por el gobierno, al negarse éste a investigar a fondo las múltiples denuncias hechas en México y Estados Unidos contra funcionarios públicos de nuestro país. Aún más, los señalamientos de que miembros del Ejército han recibido recompensas de los narcos han quedado casi siempre en el olvido, tildados de calumniosos.

Ahora mismo, cuando en Estados Unidos se afirma en un proceso judicial que altos gobernantes mexicanos tuvieron relación con el narcotráfico, el oficialismo se apresura a desmentir lo que puede ser una acusación infundada, pero puede también ser un testimonio basado en hechos ciertos. Parece que al gobierno mexicano le preocupa más la ``certificación'' estadunidense que el esclarecimiento de la narco-política nacional.

El nombramiento de generales en cargos de seguridad pública e investigaciones penales no es ninguna garantía de moralización, pues el dinero del narcotráfico no se detiene ante las estrellas de los uniformes. Los militares han sido llamados a cumplir funciones de autoridad civil ante la inexistencia de verdaderas instituciones, pero hace ya muchos años que los narco-dólares tocaron también a integrantes del Ejército a partir de la simple intervención de éstos en tareas de persecución de los productores y traficantes de drogas. Habría que precisar, dentro del proceso penal contra Gutiérrez Rebollo, la hipótesis de que ningún militar puede meterse en el negocio de las drogas sin la intervención de autoridades civiles.

Es hasta hoy cuando el alto mando del Ejército investiga a un general y, al hacerlo, dice haber descubierto que desde hace por lo menos diez años éste ha cometido delitos. ¿Por qué una década de indolencia?

Es obvio que no es todo el Ejército quien se encuentra en el narcotráfico, y nadie ha dicho siquiera que la mayoría de los militares. Pero la equivocada actitud de cuerpo intocable asumida por los generales ha llevado a éstos a considerar que cualquier acusación contra un jerarca militar implica una campaña hostil contra todo el Ejército. La institución armada no vive en otro país sino en éste; no puede pretender que es pura, pues la pureza no existe en la sociedad actual y mucho menos en un Estado estructuralmente corrupto como el mexicano: los militares no han podido escapar a la corrupción implantada por el poder civil, el cual ha rodeado al Ejército de elogios desmedidos e impunidades corrientes, como pago barato a generales, jefes y oficiales por los servicios prestados al despotismo.

El general Gutiérrez Rebollo se hizo cargo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas a partir de una reforma legal que se hizo para permitir que dicho organismo (la DEA mexicana) pudiera ser encabezado por una persona que no fuera agente del Ministerio Público, es decir, que no tuviera que ser jurista titulado. Si los profesionales del derecho no sirven, que vengan los generales, tal vez fue el pensamiento de Ernesto Zedillo, pero, como se ha visto, el Presidente carecía de información veraz, por lo cual cometió otro de los errores que ya le caracterizan, sometiendo --de paso y una vez más-- al poder Legislativo.

Pero no es así. El defecto no está en los civiles o en los generales, por ser tales, sino en un sistema que no es institucional sino arbitrario, donde la ley no impera sino el designio del poder en todas sus expresiones, y no es la democracia la divisa básica del Estado sino el sistema de complicidades que abarca a la alta burocracia para asegurar las condiciones de reproducción del poder. Los militares juegan aquí un papel: el Ejército ha sido priízado, es decir, ha sido llevado a confundir a la República con el gobierno y al Estado con un partido, el PRI.

El que las fuerzas armadas no sean instituciones deliberativas, es decir, no puedan ejercer la crítica ni asumir posiciones de grupo en tanto que institución del Estado, no tenía que llevar necesariamente al Ejército a ``recomendar'' a sus generales para asumir cargos civiles por definición. Tampoco estaba obligado a asumir, con sus propios riesgos, gran parte del problema del narcotráfico, ante la inexistencia de una policía digna de llevar ese nombre. Sin embargo, los militares admitieron siempre esa penosa condición de sustitutos inconstitucionales de instituciones inexistentes, a pesar de que a ningún general se le puede obligar a asumir funciones ajenas y mucho menos empleos en la administración pública o en la procuración de justicia.

Ahí están las consecuencias.