La consignación del general Jesús Gutiérrez Rebollo y la confirmación del secretario de la Defensa Nacional de que el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas daba protección al cártel de Juárez, tiene un doble significado. En el ámbito internacional se considera un atentado contra la seguridad nacional; en el interior de nuestro país el hecho cuestiona el argumento con el que se ha tratado de justificar la sustitución de policías con militares, y la asignación de puestos de la administración civil a elementos de las fuerzas armadas.

Desde el fin de la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos redefinió el alcance y el contenido de su concepto de seguridad nacional. El anticomunismo en el que durante más de 40 años se basó esa doctrina fue reemplazado por la lucha antinarcóticos. Con la política estadunidense de seguridad nacional hacia América Latina, históricamente, se pretendió que el gobierno de Estados Unidos pudiera tomar parte en la defensa militar ante agresiones externas, o intervenir directamente ante amenazas internas, como se ha llamado a los movimientos de izquierda surgidos en cada país. Sin abandonar a los enemigos de antaño, en nuestros días las nuevas amenazas a la seguridad nacional se han identificado con la producción y el tráfico de drogas, y las viejas pretensiones de cooperación o intervención militar directa de los estadunidenses --con el fin de salvaguardar sus intereses en la región--, vuelven a estar presentes.

El origen revolucionario y el arraigado nacionalismo que se le atribuyen al Ejército Nacional Mexicano, son cualidades que se utilizan para explicar por qué México, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha permitido una mayor injerencia externa o cooperación militar estadunidense directa en asuntos de supuesto interés internacional, dentro del territorio nacional. No obstante, a diferencia del pasado y al igual que otros países del área, la política de Estados Unidos es ahora compartida y en muchos aspectos asumida como propia en México.

Los narcotraficantes --se afirma-- atentan contra la salud de los habitantes de aquellos países que, como México, son puntos de tránsito ya que fomentan en ellos la producción y el consumo de drogas; también afectan su integridad territorial al enviar drogas por vías ilegales; asimismo promueven la desestabilización, debilitan la ética social y violan severamente las leyes nacionales al lavar dinero, al traficar armas y precursores químicos, y al emplear sus cuantiosas utilidades para fomentar la corrupción en diversas esferas sociales. Todo esto es lo que lleva a Jorge E. Tello Peón a concluir que, para México, el combate a las drogas constituye una alta prioridad de seguridad nacional. (``El control del narcotráfico: operaciones estratégicas e intereses nacionales de México y Estados Unidos en el periodo posterior a la guerra fría'', en Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición, México, Siglo XXI, 1996.)

Los narcotraficantes pueden atentar también de otras maneras contra la seguridad nacional: generando problemas o complicando las relaciones exteriores del país, y es en este sentido que se interpretan las palabras del titular de la Sedena. El arresto del general Gutiérrez Rebollo ya tuvo su primer efecto en el exterior: La Casa Blanca pospuso el acto que estaba programado para hoy viernes 21 de febrero, en el que el secretario de Relaciones Exteriores de México junto con el zar antinarcóticos de Estados Unidos, darían a conocer un documento bilateral de diagnóstico antinarcóticos. Este diagnóstico iba a ser el primer paso hacia la certificación del Congreso de Estados Unidos, el cual supedita la ayuda económica hacia diversos países a la cooperación de éstos en el combate a las drogas.

Los delitos que presuntamente cometió el general Gutiérrez Rebollo, tienen además un significado para la política interior de nuestro país. Hace unos años --hasta donde se tiene registro el modelo empezó en el estado de Chihuahua y siguió por el Distrito Federal--, se optó por sustituir a los policías o a sus jefes por elementos militares, con el argumento de que el principal problema que aqueja a los ciudadanos es el de seguridad, el de la delincuencia organizada que genera el narcotráfico, y que quienes se dedican a esta actividad tienen una inmensa, casi ilimitada capacidad de compra de armamento, de personas, de conciencias, de jueces, y de gobernantes. Ante esas desventajas, se decía, la policía tenía que ser sustituida por militares, ya que la preparación de éstos, su disciplina, y la institución a la que pertenecen los hacía incorruptibles, condición indispensable para combatir a tan ricos y poderosos enemigos de la sociedad.

Conocidas las acusaciones hechas al general Gutiérrez Rebollo, los argumentos con que el gobierno justificaba los nombramientos de miembros del Ejército para realizar funciones de policías, empiezan a desmoronarse. No es el combate al narcotráfico ni el temor a la corrupción, mucho menos el interés por la protección ciudadana, lo que está detrás de los nombramientos de militares en puestos legal y tradicionalmente propios de civiles, sino la política general de control sobre la población, la nueva versión de la seguridad nacional de Estados Unidos, que ahora es asumida como propia por el gobierno de México.