Cuando la comandancia del Ejército Zapatista decidió suspender las pláticas el pasado mes de septiembre, el gobierno de la República se enfrentó a una más de las tantas crisis que han caracterizado su gestión. Su respuesta quiso ser dura y amenazante, para terminar perdiéndose en contradicciones, ante el rechazo de su discurso por parte de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional.

La falta de voluntad para negociar y para cumplir los acuerdos pactados por parte del gobierno, fue la explicación que dieron los zapatistas para retirarse del diálogo. Los hechos recientes les han dado la razón. Así, cuando la Comisión de Concordia y Pacificación nombrada por el Congreso de la Unión, puso en blanco y negro los acuerdos de San Andrés Larráinzar para transformarlos en leyes, los zapatistas dieron su visto bueno al proyecto que les fue presentado, no así el gobierno, que pidió un poco de tiempo para corregir, dijo, algunos aspectos de forma en el documento.

Cuando, finalmente, la contrapropuesta zedillista preparada por un notable grupo de juristas, entre los que destacaba el ilustre abogado Ignacio Burgoa Orihuela, fue entregada a la Cocopa a principios de enero, el desaliento de sus miembros se hizo evidente. El rechazo de zapatistas e indígenas no tardó mucho en conocerse; el nuevo documento equivalía, de facto, al desconocimiento de los acuerdos de San Andrés; con ello el proceso de negociación entraba a una nueva fase de estancamiento, de la que aún no sale.

Con poco sentido de responsabilidad el gobierno ha recurrido nuevamente a la truculencia y al fomento de la confusión. El mismo presidente de la República ha manifestado su rechazo al concepto de las autonomías, denunciando a los ``falsos redentores'', prometiendo a los indígenas todo tipo de dádivas y resarcimientos de justicia, con el antecedente grave de que ninguno de sus ofrecimientos han sido luego cumplidos.

Ciertamente, en estas últimas semanas el descrédito del gobierno no ha hecho otra cosa que seguir creciendo. No se trata sólo de los penosos hechos, en los que se han visto involucrados altos funcionarios del actual gobierno, ni de la abierta complicidad con el cártel de Salinas, al que hoy empiezan a asociarse nombres específicos. No, el descrédito se generaliza y extiende ante las evidencias que surgen a la luz pública de negocios millonarios para vender el patrimonio de la nación, la soberanía del país y el futuro de México, como lo ha señalado Avilés en su columna ``El tonto del pueblo'', sin que se conozca desmentido alguno de los funcionarios involucrados.

El día de ayer escuché una entrevista radiofónica hecha al licenciado Burgoa Orihuela, en la que el jurista fundamentó el rechazo a la propuesta de la Cocopa sobre la autonomía a las comunidades indígenas. Sin una formación adecuada de mi parte para entender la singular argumentación del jurista, hubo dos frases que me llamaron la atención. En una de ellas, el señor Burgoa mencionó que con la ley propuesta se corría el riesgo de que los indígenas se gobernaran a sí mismos ``como se les diera la gana'', porque seguramente para él, no pueden gobernarse de ninguna otra forma ya que se trata de indígenas solamente. La otra expresión igualmente aberrante, la dio como respuesta a la pregunta del entrevistador sobre si la propuesta del gobierno no constituía un rompimiento de los compromisos establecidos en Larráinzar.

``No, de ningún modo, ya que esos compromisos no tienen validez, puesto que se tomaron con un grupo de encapuchados no identificados y, por ello, sin personalidad jurídica''. En esta argumentación el jurista pasa por alto el hecho mismo de que los diálogos son resultado de una Ley de Pacificación expedida por el Congreso, y de que para la sociedad mexicana, los comandantes indígenas son exactamente eso, los comandantes indígenas del Ejército Zapatista, como Marcos igualmente, no es nada menos y nada más que Marcos, el subcomandante, el discípulo del viejo Antonio, el escudero de Durito, el héroe de la selva y uno de los grandes líderes del pueblo de México.

Las mariconadas del señor Orihuela, que no argumentos, poco ayudan a legitimar la posición del gobierno, y bien harían sus funcionarios al deslindarse de él. El gobierno debiera buscar, ya, un camino apropiado para restablecer el diálogo, antes de que la comunidad internacional los obligue a una intermediación externa, ante el agotamiento actual de las negociaciones. Después de todo su honorabilidad está hoy en duda.