Luego de severas crisis del proceso de negociación de paz en Chiapas, de común acuerdo entre las partes se instaló el 4 de octubre del año pasado la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever), ``que debe ser guiada con el único interés de garantizar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos para alcanzar la paz con justicia y dignidad'' (Reglamento de Operación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, Art. 5.1.).

En la primera sesión de la Cosever, realizada el 2 de diciembre del 96, se dieron los primeros pasos para su funcionamiento. Se formó un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de metodología de verificación y otro para elaborar el presupuesto. Se acordó igualmente convocar a una segunda sesión, que tendría lugar en San Cristóbal el viernes 14 y el sábado pasado 15 de febrero.

Con amplio quórum para iniciar esta sesión, de repente los delegados del gobierno no se presentaron, estando ya en San Cristóbal las Casas y pasando por alto el reglamento. Arguyeron que la parte gubernamental y los invitados del gobierno consideraban mejor retirarse, porque no habían asistido los comandantes zapatistas.

Con esta decisión, el gobierno y sus invitados actuaron como parte en conflicto y no como responsables de la paz ante la nación. Esta decisión en los hechos es un boicot al trabajo y al cumplimiento de las responsabilidades y la misión de la Cosever, que son las de dar seguimiento a los compromisos que se deriven de los acuerdos que se vayan tomando entre las partes (Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, 11 de marzo de 1995).

Siguiendo los lineamientos dictados por la Secretaría de Gobernación, los representantes del gobierno no actuaron como Comisión, pero los invitados del gobierno también actuaron como parte, ignorando todos el inciso III, del Art. 5 del Reglamento de Operación de la misma Cosever, que señala enfáticamente: ``Considerando la importancia que la integración y el buen funcionamiento de la Comisión tienen para alcanzar la paz con justicia y dignidad en Chiapas, ésta debe reunir las siguientes características: Autoridad Moral... Certidumbre... Autonomía; Dado que el cumplimiento de los compromisos y acuerdos debe ser logrado a profundidad y en el espíritu de avanzar realmente hacia una paz con justicia y dignidad, se requiere que la Comisión pueda asumir su tarea de verificación y seguimiento con entera libertad y responsabilidad, de tal manera que no tenga ningún lazo de dependencia con el gobierno federal y con el EZLN''.

Al no acudir a la sesión de trabajo, los invitados del gobierno olvidaron que son miembros de una Comisión que surge por ministerio de ley, y que en primer lugar son responsables ante el país y el pueblo de México. El gobierno es parte de la Mesa de negociación, y ahí debe expresar y defender sus puntos de vista. Pero la Comisión de Verificación es otra cosa. No puede ser una mala copia de los intereses y debates de las partes en la Mesa de San Andrés. La Cosever no puede ser juez y parte de los Acuerdos, sino establecer los caminos para su cabal cumplimiento. Tiene otra función, que es responsabilidad de todos. Ciertamente las partes están en ella representadas, pero lo están en clara minoría, con la intención expresa de que el espacio ahí conformado pueda ser autónomo, superar intereses parciales y centrarse en la verificación de los puntos acordados.

El vacío gubernamental a la Cosever, incrementado por el retiro de sus invitados, agudiza la ya profunda crisis del proceso de diálogo, puesto que en este momento ya se agotaron los esquemas de negociación existentes: tanto el esquema de negociación que representaban las Mesas de San Andrés, que entró en crisis el 25 de septiembre, como el esquema de negociación configurado por los buenos oficios de la Cocopa, que entró en grave crisis el 11 de enero.

Otro efecto de este vacío es que la lógica de la acción y omisión del gobierno permite avanzar las agresiones paramilitares en diversas regiones chiapanecas, cobrar cada vez más muertos y acrecentar rencores entre hermanos, mientras los instrumentos de mediación y paz están paralizados.

La opción de la parálisis es también la opción para que las lógicas de la guerra civil entre los choles, para beneficio de ganaderos y terratenientes, sigan su marcha. Aunque también es acumulativa del deterioro de las instituciones nacionales y de la falta de credibilidad en la palabra del gobierno.

Por todo esto sería muy conveniente que los miembros de la Cosever, invitados por el gobierno, haciendo gala de su autoridad moral, de su responsabilidad y de la autonomía que les garantiza la Ley, gestionaran caminos para restablecer el funcionamiento de la Cosever en los puntos nodales de su tarea. No para convalidar acciones unilaterales de distribución de algunos beneficios, sino para verificar aquellos acuerdos sustantivos cuyo cumplimiento pavimentará la paz, ya que implican concretar nuevas relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas.