Su situación jurídica, aún por definirse

El general destituido José de Jesús Gutiérrez Rebollo debe ser procesado por jueces federales y no por una corte militar, porque los delitos que supuestamente cometió los hizo en su carácter de civil, señaló ayer el jurista Eduardo López Betancourt.

El doctor en derecho consideró que es ilegal que el general implicado en el narcotráfico haya sido investigado por la Procuraduría General de Justicia Militar y no por la Procuraduría General de la República (PGR).

Dijo que si bien un juez no militar ahora lleva el caso, ello no impide que Gutiérrez Rebollo sea juzgado por una corte castrense, debido a que las pesquisas fueron conducidas inicialmente por autoridades militares.

Esa irregularidad, manifestó el jurista, se debe a que ``es antagónico a la Constitución el que los militares desempeñen funciones que corresponden sólo a los civiles, como los puestos de mando policiacos''.

Según el especialista, el general destituido puede ser acusado de diversos ilícitos en el ámbito civil, como delitos contra la salud, abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito, por los cuales podría alcanzar de 40 a 50 años de prisión.

Sin embargo, agregó, al general Gutiérrez no se le puede aplicar la justicia militar, y menos aún pensar en la pena de muerte como se ha difundido, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

El abogado dijo que la controversia originada por el caso Gutiérrez Rebollo iba a darse en cualquier momento, porque el gobierno ha violado la Constitución al promover que los militares tengan cargos en el entorno civil.

López betancourt consideró que, haciendo una lectura benevolente de la ley, se podría admitir que militares retirados o jubilados puedan ejercer funciones en tiempos de paz ajenas a la disciplina militar, pero no es aceptable que miembros del Ejército en activo o con licencia asuman esos puestos.