El gobierno de Oaxaca prepara contrarreforma indígena, acusan

Hermann Bellinghausen Ť Oaxaca es la entidad con legislación más avanzada en materia indígena. Está a punto de dejar de serlo. Hoy se supo en la ciudad de Oaxaca que el gobernador Diódoro Carrasco envió al Congreso local una propuesta de enmienda constitucional que echa atrás las reformas de 1988, obtenidas por los pueblos indígenas bajo el gobierno de Heladio Ramírez.

Hace nueve años, Oaxaca había dado una lección de apertura que, aun para quienes consideraban insuficientes aquellas reformas, sentaba cátedra y precedente a nivel nacional. Para enunciarlo en pocas palabras, se reconocían los llamados usos y costumbres de los pueblos indios; es decir, se admitía en la Constitución local la existencia de instituciones y procedimientos políticos que ya operaban, en ocasiones desde hacía dos o tres siglos.

La contrarreforma en puerta con toda la estructura de un madruguete, podría consumarse el próximo lunes 24. La propuesta del Ejecutivo estatal, cuyo contenido se conoció apenas hoy, había sido firmada por Carrasco Altamirano el 21 de enero pasado, y obra en manos del Poder Legislativo oaxaqueño desde hace 15 días.

Que se sepa, no se consultó a nadie para plantear en el artículo 29 la siguiente enmienda: ``Cada municipio será administrado por un ayuntamiento electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado''.

En 1988, después de un intenso debate y movilizaciones que con frecuencia rebasaron los límites del habitual acarreo y expresaron las demandas auténticas de los pueblos, la Constitución de Oaxaca quedó así (artículo 25): ``En la ley se establecerá el respeto a la tradición y prácticas democráticas de las comunidades indígenas''. Lo cual en el conjunto de la ley entonces reformada significaba el reconocimiento de los usos y costumbres de los municipios pertenecientes a los pueblos indígenas en la elección de sus ayuntamientos.

¿De qué estamos hablando? En Oaxaca existen 570 municipios, de los cuales más de 400, el 75 por ciento, son indígenas. En la mayoría de ellos la autoridad emana de las asambleas; en muchas de ellas se deciden las elecciones legales, aun antes de las reformas de 1988 que sancionaban en el papel lo que ya existía en la práctica política de muchos municipios, independientemente de que fueran o no de mayoría priísta.

La nueva propuesta, de ser aprobada, hará que el artículo 98 determine que ``los ayuntamientos serán asambleas electas mediante sufragio universal libre y secreto de los ciudadanos de cada municipio''.

Entre las primeras reacciones se cuenta la de la organización Servicios del Pueblo Mixe, la cual presentó hoy en el Congreso local un documento que se opone a los nuevos cambios. Significativamente se titula ``Un paso adelante y dos pasos atrás''. Allí se asienta:

``La institución de la asamblea está vigente en todas nuestras comunidades y constituye nuestra máxima autoridad. Los comuneros la han definido como la reunión de todos los habitantes en el lugar de costumbre para tratar los asuntos importantes relacionados con la comunidad y para beneficio de ésta. La legitimidad e identidad de los participantes, el consenso, el respeto y la solemnidad caracterizan las sesiones de cualquier asamblea. El presidente municipal, el síndico, el alcalde, el comisariado de bienes comunales, el consejo de vigilancia y todos los comités y el ayuntamiento municipal, son simples mandatarios de esta instancia colectiva. Son ejecutores de sus acuerdos y mandatos, tienen que informarle y deben consultarles los aspectos más importantes relativos a la vida del municipio. Aun las comunidades que han perdido parte de sus instituciones conservan a la asamblea como el espacio en que se ventilan los aspectos esenciales de su vida. No hemos encontrado comparación alguna en otros ámbitos del Estado mexicano.

Ante estas prácticas de democracia indígena, el sufragio universal y secreto puede resultar, si se aplica mecánicamente, un exotismo cultural y jurídico. Según la organización de los mixes, hablando en general de los pueblos oaxaqueños ``es el contexto de la asamblea el que da garantía de legalidad y autoridad sobre los ciudadanos. ¿Son comunes las tomas de edificios municipales indígenas? ¿Es normal que se convoquen tequios a los que nadie asista? ¿se ha visto una inconformidad desconociendo a una autoridad indígena y constituyendo otra al margen de ella? Estos no son problemas que el gobierno haya tenido que solucionar en nuestros municipios''.

El documento también considera que ``el sufragio en sí implica la capacidad de emitir un voto. Emitir un voto lleva implícita la idea de una mayoría y de una minoría, en el caso de nuestras comunidades y pueblos indígenas en el nombramiento de autoridades va implícita la idea de la complementariedad, por lo tanto, la concepción del consenso como la forma más idónea de nombrar a nuestras autoridades. Lo anterior no descalifica el sufragio universal (porque no se excluye a nadie), libre (porque a nadie se coarta), y directo (porque normalmente se realiza de manera personal). Pero es importante hacer notar que las asambleas son públicas y no las hacemos de manera secreta, como sea, las formas y las caraceterísticas sí cambian).

Así, los autores del documento previenen al gobernador y a los legisladores: ``aun cuando sus reformas prosperen, serán letra muerta en los más de 400 municipios que se rigen por usos y costumbres''.

Y concluyen , francamente alarmados: ``La presentación de esta propuesta es un retroceso y sólo viene a complicar el panorama de la crisis de la crisis, como lo ha llamado la Cocopa, y a añadir más incertidumbre a la ya delicada situación que atraviesan las relaciones entre las instancias del gobierno y los pueblos indígenas''.

La tarde de hoy se celebró en el Congreso oaxaqueño un coloquio sobre las propuestas de reforma. Participaron legisladores y representantes de los distintos partidos de Oaxaca y Guerrero, así como especialistas de otros lugares de la República.

Si bien el presidente de la Gran Comisión, Sadot Sánchez Carreño, insistió en que la propuesta de reforma no atenta contra los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ya reconocidos en la ley, el diputado perredista Leopoldo de Gyves y el abogado mixe Adelfo Regino Montes insistieron en el carácter contrarreformista de la propuesta gubernamental.