En otros tiempos, tomar una decisión que afectara a un miembro prominente del Ejército mexicano no ponía al gobierno de la República ante la difícil disyuntiva de cumplir estrictamente con la ley o adoptar otra solución mediante arreglos políticos subrepticios. La primera opción de hecho no existía.

Es por ello trascendente y encomiable la determinación del Ejecutivo federal en el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que ha conmocionado a la opinión pública en México e inquietado a los círculos gubernamentales de Estados Unidos, riesgos que sin duda fueron previstos y que, sin embargo, no obraron como obstáculo para tomar el camino recto de actuar a la luz pública y poner al presunto culpable a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Quienes desconocen los laberintos subterráneos donde se mueven los factores reales de poder en las sociedades contemporáneas, suponen ingenuamente que, en casos como el de Gutiérrez Rebollo, decidir su remoción y consignarlo penalmente no implica mérito alguno, pues tal es el deber inexcusable de sus superiores jerárquicos, civiles y militares.

Esta visión no corresponde exactamente a la realidad, no digamos en países tercermundistas donde los gobiernos formales están de hecho sometidos a la instancia decisoria de los altos mandos del Ejército. Tampoco en los sistemas políticos de las potencias industrializadas dejan de observarse reglas no escritas pero efectivas, que hacen de todo incidente en que se ve envuelto un jefe de alta graduación de las fuerzas armadas, un asunto de seguridad nacional. Son casos que deben ser examinados por un círculo estrecho de funcionarios y asesores, encargados de ponderar las soluciones factibles y las posibles repercusiones políticas, internas e internacionales, de cada una de las alternativas planteadas. No es infrecuente que el involucrado no sea puesto en manos de la justicia, sino sometido a otras medidas disciplinarias, cuya naturaleza y alcances se ocultan en archivos con la clasificación de top secret o documentos dirigidos al jefe de gobierno con la indicación only for your eyes. Ensayemos un ejercicio similar respecto del caso Gutiérrez Rebollo.

En un primer escenario, el comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas es internado en el Hospital Militar de la ciudad de México, con motivo de una crisis de sus padecimientos diabéticos. Después de un riguroso examen, los médicos determinan que no puede reincorporarse a sus funciones sin grave riesgo para su vida, debido a las permanentes tensiones a que estaría sometido en razón de su cargo.

Tal sería la versión conocida por la opinión pública. Entretanto, el ex comisionado permanecería aislado y solamente la inteligencia militar mantendría comunicación con el paciente. Se le plantean dos opciones; ser procesado por los delitos en que ha incurrido o, una vez transcurrido un tiempo razonable, se le alejaría del país, sin cárcel ni desprestigio, mediante un nombramiento como agregado militar en una misión diplomática donde no pudiera restablecer vínculos con el narcotráfico doméstico ni internacional, pero donde también quedaría protegido de cualquier represalia, toda vez que la condición inexcusable para que esta opción pudiera materializarse, sería que proporcionara a sus interlocutores información completa acerca de otros implicados y datos precisos que pudieran conducir a la captura de los capos con los que tuvo relaciones y a la destrucción de las redes de producción, introducción y transportación de cocaína y otras drogas duras.

Las ventajas de esta opción habrían sido: evitar el escándalo y el consiguiente daño a la imagen del Ejército y del gobierno, ya que no se divulgarían hechos demostrativos de la penetración que ha llegado a tener el narcopoder hasta en las más altas jerarquías militares y de la ostensible vulnerabilidad a la corrupción del aparato gubernativo en todos sus niveles; y eventualmente contar con información que permitiera dar pasos adelante en la lucha contra el narcotráfico. Los inconvenientes: propiciar la impunidad y permitir que el culpable mantuviera su rango militar, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos y no obstante haber manchado el prestigio del Ejército y ser ya indigno de pertenecer al mismo. Esa misma impunidad daría pábulo al relajamiento de la disciplina castrense, pues los hechos no podrían pasar absolutamente inadvertidos, y sería un factor de quebrantamiento de la moral de quienes sí poseen atributos de rectitud e insospechable honorabilidad como miembros de las fuerzas armadas.

El escenario alternativo es el que hemos vivido a partir del anuncio público que hicieron el secretario de la Defensa Nacional y el procurador general de la República, reiterado por el presidente Ernesto Zedillo. Recurrir sin dilación a las instancias judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y las leyes, ha sido sin duda lo mejor para el país.

Puestos en la balanza, por un lado, los riesgos del escándalo y, por el otro, la preservación de los valores institucionales del Estado de derecho y la ejemplaridad de una decisión que trascenderá como advertencia a quienes estén ya cooptados o coludidos o sean suceptibles a las tentaciones contaminantes del narcopoder, es mayor el peso de las consecuencias positivas.

De ahí la trascendencia de la decisión tomada por el presidente Zedillo. Cumplió con su deber, es cierto. Pero en casos como el que comentamos, se requiere de integridad personal y visión de estadista. Con perdón de los esquemáticos y de aquellos que, hasta en los casos más plausibles, eligen el enfoque negativo.