Con reconocimiento a La Jornada
por su invitación a participar en sus
páginas y en su reflexión colectiva.
Indudablemente el año de 1996 ha sido financieramente exitoso para Pemex, primordialmente por los 19 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación. No estoy seguro, sin embargo, que la forma que ha ido asumiendo la estructura de las exportaciones sea la adecuada, máxime cuando en el pasado diciembre casi 90 por ciento del volumen exportado se dirigió a Estados Unidos, que cambia radicalmente con lo que de manera oficial se postuló en aquel original e importante Programa de Energía de 1980, elaborado por un solvente equipo de la entonces Dirección de Energía de SEMIP, coordinado precisamente por Adrián Lajous.
Ahora bien, cierto es que gracias a los exitosos resultados financieros de Pemex, que junto con la colocación de bonos permitieron la posibilidad del prepago de tres mil 500 millones de dólares al Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos, se liberó la factura de Pemex. Sólo falta liberarlo del terrible peso fiscal que lo acongoja prácticamente desde 1977, justamente a partir de que merced a su significativo volumen de producción y exportación, los recursos fiscales captados por el petróleo adquirieron un nuevo significado macroeconómico, pues llegaron a un nivel de ocho por ciento del PIB en 1983, y con ello a representar exactamente la mitad de los ingresos tributarios totales.
Con base en cifras oficiales, se estima que en 1996 Pemex aportó al fisco poco más de 18 mil millones de dólares, 14 mil en Derechos de Extracción de Hidrocarburos (DEHC), que por su origen básicamente pueden ser conceptualizados como renta petrolera, ese excedente originario en los menores costos de producción del crudo mexicano en relación a los costos que, al nivel de precios de 1986 (22 dólares el promedio OPEP), permitieron una ganancia industrial petrolera similar al de otras actividades económicas. Muchísimos pozos de Estados Unidos que producen menos de 6 barriles al día están en el límite de los costos reconocidos por el mercado petrolero. Por eso, nuestros vecinos explotaron el año pasado casi 600 mil pozos (el 64 por ciento del total mundial) con un promedio de 11 barriles al día. Pues bien, los de más bajo rendimiento registraron costos directos de producción cercanos a los 16 dólares por barril, permitiendo que los de costos inferiores ganaran una renta.
En 1996 Pemex explotó casi cinco mil pozos y extrajo dos millones 858 mil barriles al día de crudo pesado (48%), ligero (32%) y super ligero (20%), con costos medios de producción no superiores a tres o cuatro dólares. Por ello, simplificando un poco, podemos asegurar que el año pasado logró captar una renta petrolera no menor a los 12 o 13 dólares por barril, suponiendo, desde luego, que Pemex Producción y Exploración Primaria (PEP) no subsidió a Pemex Refinación, como de hecho se postula en la actual política de precios interorganismos.
Esto se confirma analizando los ingresos fiscales, en los que esos DEHC alcanzaron un monto cercano a 14 mil millones de dólares. Además, Pemex aportó al fisco cerca de dos mil 700 millones de dólares más por concepto de IVA neto y de otros pequeños rubros, Así, podemos asegurar que en este exitoso año petrolero, la paraestatal participó, ni más ni menos que con el 40 por ciento de los ingresos tributarios globales.
Así, si al 16 por ciento que probablemente registrará en 1996 la participación de los ingresos tributarios con el PIB restamos los ingresos petroleros, no nos queda más del 10 por ciento, precisamente porque cinco puntos se originan directamente de la explotación primaria de petróleo, y un punto y medio más de su comercialización.
El cambio de la dinámica y la estructura de los costos de producción --vinculado indudablemente a los precios, al desarrollo tecnológico y a la dinámica y la estructura del mercado-- determina los límites y posibilidades de los ingresos de Pemex y, con ello, los límites y las posibilidades de las aportaciones de Pemex al fisco. Sin embargo, es indudable que los últimos veinte años estas aportaciones han sido no sólo desconsideradas y excesivas (cerca de 200 mil millones de dólares actuales), sino malversadas y desperdiciadas, pues a más de que han circulado como servicio a la deuda y como subsidio (muchas veces no justificado), han inhibido de manera significativa el cambio técnico y la modernización industrial no sólo en Pemex sino en todo el aparato productivo nacional, a más de haber impedido la realización de una seria, profunda y justa reforma fiscal en nuestro país.
Por eso --y no sólo por la injusticia implícita en la excesiva gravación a Pemex, que al impedirle un despliegue sólido de su inversión lo hace aparecer como ineficiente-- este injusto y regresivo esquema debiera ser revisado a fondo. Y así, en el mercado de una exhaustiva y abierta revisión --y no, por cierto, en el que genera esa terrible campaña intimidatoria-- alentar a una creciente responsabilidad fiscal de la sociedad, justamente en un horizonte de búsqueda de mayor justicia social.