David Márquez Ayala
El narcotráfico y el Ejército Mexicano

La detención y destitución del general Jesús Gutiérrez Rebollo, cabeza del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, ha enfrentado a México a un nuevo escándalo de enormes proporciones, a pesar de la firme y oportuna acción del secretario de la Defensa y los altos mandos del Ejército.

Pero más allá del hecho y las personas involucradas, lo más importante ahora es retomar con objetividad y sensatez la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de que las fuerzas armadas asuman funciones policiacas, y muy concretamente en el combate directo al narcotráfico.

México ha gozado de paz --cada vez más relativa si se quiere, pero paz al fin-- entre otras razones porque el Ejército ha sabido ubicarse con inteligencia y disciplina en un espacio aparte de las contiendas políticas, la lucha por el poder y la corrupción. Salvo algunas desviaciones y a pesar de ellas, el Ejército sigue siendo una institución confiable y respetada que juega en la nación un importantísimo papel equilibrador.

Diversas fuerzas, sin embargo, de adentro y de afuera, cada vez impulsan con más ímpetu el involucramiento directo de las fuerzas armadas en terrenos minados. El caso del narcotráfico es particularmente grave pues no sólo es una actividad delictiva de enorme poder económico, y por ello con una potencialidad corruptora sin precedente en nuestros países, sino también y cada vez más, un arma política de presión con la empuñadura más visible en las cúpulas del poder de Estados Unidos.

Este país, no obstante su alarmante consumo de drogas, la ascendente criminalidad que conlleva y el enorme costo social y económico que le implica, no parece dispuesto a dar el único paso que desactivaría gran parte de la actividad ilegal, criminal y degradante del narcotráfico: la legalización regulada (y selectiva) de las drogas ahora ilícitas a un trato equivalente al de las drogas farmacoquímicas actualmente en el mercado. En vez de ello, Estados Unidos se exime de la autocrítica (como demandante, productor, proveedor y lavador), y exime también a los otros grandes jugadores, los países europeos, pero se exacerba, desde un podium moral que no le corresponde (y que es esencialmente político) juzgando a países productores o de tránsito, que más que culpables son víctimas de los vicios de la opulencia.

En este peligroso juego se está metiendo al Ejército mexicano, que a los ojos de muchos debe permanecer al margen, o por encima, de la persecución de los narcotraficantes. Esta debe ser función de una policía especializada, profesional, equipada y bien pagada, que aun así no dejará de incurrir en corrupción y habrá que sustituir una y otra vez tantos elementos como sea necesario, pero siempre habrá un Ejército como fuerza superior para controlar excesos policiacos y vigilar la seguridad nacional. Pero si el Ejército es el que está en la primera línea y quienes se corrompen son sus mandos superiores no habrá poder que lo controle, y el equilibrio de fuerzas que sostiene a la nación se romperá irremediablemente, derivando hacia un esquema de poder narco-político-militar, cuyas consecuencias serían simplemente trágicas.