La aprehensión del general Jesús Gutiérrez Rebollo y de algunos de sus colaboradores provocó una reacción general de beneplácito, pero existe el riesgo de que esa alegría pronto termine y hasta se convierta en irritación.

La advertencia la hicieron juristas que conocen a la perfección los sistemas procesales, quienes encuentran algunas fallas en la consignación del ex titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), quien podría obtener la libertad bajo fianza y posteriormente inclusive la absolución.

En este caso no se puede hablar de omisiones por corrupción, sino por el contrario, de un celo excesivo.

Las primeras evidencias de los supuestos actos de encubrimiento del general Gutiérrez Rebollo y, sobre todo la decisión de actuar en su contra, partieron de los altos mandos militares. A partir de allí se actuó con toda celeridad contra el infidente y sus presuntos cómplices. Los agentes del Ministerio Público y los policías judiciales federales actuaron sólo como testigos, pues a ellos les correspondería la siguiente fase del procedimiento: la consignación y sustentar la acusación ante los jueces penales federales.

Allí fue donde empezaron los problemas. Las evidencias recabadas por los investigadores militares no son suficiente prueba como para que un juez pueda dictar la formal prisión y sobre todo negar la libertad caucional.

Es cierto que Gutiérrez Rebollo vive en un lujoso departamento en la zona residencial del ``primer mundo'' de Santa Fe -en uno de esos edificios que parecen adheridos a las laderas de las montañas, pero fuera de la vista de los mortales- y que tiene otras propiedades que parecen acreditar un enriquecimiento ilícito, pero esto no está totalmente probado.

Así como los militares recibieron todo el crédito por emprender la limpieza en sus filas, ahora el riesgo de que no se le pueda retener en la cárcel recae en el equipo del procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar.

Por eso no fue sorprendente que la defensa del ex titular del INCD lograra la ampliación del plazo constitucional para que el juez decida si lo declara o no formalmente preso. En realidad los fiscales también deseaban más tiempo para aportar pruebas.

La legislación federal establece que el juicio se tiene que realizar sobre la base de las pruebas aportadas al momento de la consignación. Las pruebas presentadas a destiempo no son válidas. Por eso es tanta la urgencia de la PGR por conseguir elementos de prueba.

El plazo definitivo para que el juez dictamine vence mañana, martes.

La cosecha

Prueba de las fallas en las consignaciones han sido los fallidos intentos por obtener la extradición del ex subprocurador especial Mario Ruiz Massieu y, en lo interno, la frustrada consignación del propietario del diario El Universal Juan Francisco Ealy Ortiz. Por cierto, la exoneración del empresario provocó disgusto en altos niveles de la Secretaría de Hacienda por considerar que hubo errores u omisiones de la Procuraduría General de la república. Los peritos fiscales inclusive ofrecieron más evidencias, pero como ya se apuntó, tales evidencias, en caso de existir, no pueden tomarse en cuenta en el mismo juicio.