-La certificación de Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico, que, detestable y todo, importa mucho al gobierno mexicano, aun cuando algunos de sus funcionarios finjan lo contrario.

-La necesidad de quitar la atención pública al involucramiento, en una corte estadunidense, de la familia Salinas de Gortari en el narcotráfico, sobre lo cual es menester no olvidar que se trata de testimonios todavía sin peso jurídico definitivo.

-La proximidad de la declaración del ex procurador Antonio Lozano Gracia, de quien se temían escandalosas revelaciones públicas, inclusive quizá los vínculos del general Jesús Gutiérrez Rebollo con narcotraficantes.

Todo lo anterior pudo haber influido en la decisión de destituir al mencionado general como comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) y procesarlo por sus actos en favor del narcotráfico. Pero nada de ello deslustra esa determinación valerosa, atribuible al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y anunciada con pena por el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre.

En el supuesto de que las acusaciones contra Gutiérrez Rebollo estén firmemente sustentadas en la realidad --lo contrario sería terrible--, debe entenderse que es con actos concretos como ése, más que con retórica y buenos propósitos, como se sustancia el Estado de derecho del que tanto se habla y tan lejano parece muchas veces.

Puede afirmarse que Zedillo no ha hecho sino aplicar la ley. Y es cierto, pero también lo es que esto no siempre se hace en México y menos con los militares cuyos abusos, incluso delictivos, quedan frecuentemente impunes.

¡Cuántas historias grandes y pequeñas --imposibles de comprobar por la lenidad y cobardía de las autoridades que deben investigarlas-- se cuentan sobre conductas indebidas y delincuenciales de militares de distinto rango! Pero la falta de comprobación no es por el carácter calumnioso de tales historias sino porque los soldados se sustraen muchas veces de la justicia. En este marco, entonces, debe situarse la aprehensión de Gutiérrez Rebollo, en la cual es razonable hallar un estupendo golpe de timón, de ésos a los que Zedillo había renunciado expresamente en mala hora y que en buena hora ha decidido ejecutar.

--Es denigrante para el Ejército --me dijo un general a quien enteré del caso la noche del martes, minutos después de la conferencia de prensa de Cervantes Aguirre y del procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.

--No, general --le respondí--, lo que realmente denigra al Ejército, cuando se produce, es la impunidad de los militares que delinquen.

Castigarlos enaltece a su arma.

Efectivamente, el adjetivo denigrante es aplicable al militar que delinquió, pero no tiene por qué serlo a la institución. La absurda pretensión de que en las fuerzas armadas mexicanas militan sólo hombres ejemplares incapaces de violar la ley, no tiene cabida en un Estado de derecho vigente y ha azolvado el avance que, en materia de procuración de justicia, tanto necesita esta nación. Más aún, la aprehensión del destituido comisionado del INCD debería tener dos complementos: a) la investigación de los bienes de otros jefes castrenses, a fin de comprobar si están acordes con sus ingresos; b) ejercer siempre la acción punitiva contra cualquier militar que delinca, cualquiera que sea su delito.

Como se dijo en este espacio a principios de diciembre, no fue una buena noticia el nombramiento del general Gutiérrez Rebollo como comisionado del INCD, porque su solo origen castrense no garantizaba el éxito contra el narcotráfico ni inmunidad contra la corrupción y, además, acrecentaba el número de militares con mando policial. Su remoción y aprehensión sí constituyen una buena noticia, pero ésta podría ser mejor aún si se apartara a los militares de la ejecución de tareas policiales que no les competen.

Es preciso reiterarlo: la función y el entrenamiento de los militares son diferentes de los policiales. Destinarlos a estas funciones no ha mejorado sustantivamente la seguridad pública ni derrotado al narcotráfico, pero, eso sí, los ha puesto en el blanco del dinero corruptor que, en el caso de los traficantes de droga, es muy cuantioso e irresistible para la mayoría de los seres humanos, incluso para quienes siguen la carrera de las armas.

Inducido para unos, transparente y sin línea para otros, el proceso electoral del PRI dio vida --nueva vida-- al mexiquense Alfredo del Mazo como candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿Renacido para perder?