La Jornada 25 de febrero de 1997

Chapa, amparado contra privación de libertad, pero debe comparecer

Ricardo Olayo Ť El amparo provisional tramitado por los representantes legales de Pablo Chapa Bezanilla protege al ex fiscal de actos y resoluciones de los 66 jueces penales del fuero común y de los jueces cuarto y quinto de distrito, a fin de que no sea privado de su libertad.

La protección de la justicia fue obtenida por Chapa en el juzgado cuarto de distrito con sede en el Reclusorio Oriente y se notificó de inmediato al juez 16 penal, Enrique Gallegos Garcilazo, quien tiene a su cargo el juicio contra los involucrados en la siembra de la osamenta y la entrega de fondos públicos.

No obstante que Chapa obtuvo el amparo provisional, no existe recurso alguno contra la orden de presentación que sigue vigente para que el ex servidor público acuda a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a rendir declaración ministerial.

En tal virtud, en el momento en que sea ubicado, la Policía Judicial tendrá que trasladarlo al edificio de Arcos de Belén número 23, para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público.

Precisamente para proteger a Chapa Bezanilla de la privación de su libertad, desde el jueves pasado Antonio Germán Rangel --ex coordinador de la investigación del caso Colosio en la PGR-- se presentó a hacer los trámites correspondientes para obtener el amparo; aquel día lo acompañaba otro abogado de quien no se ha logrado establecer su identidad.

Los abogados acudieron primero con la juez cuarta en materia administrativa, Guadalupe Rivera González, quien se declaró incompetente y mandó la solicitud al juzgado cuarto penal.

Por la tardanza, el abogado Germán Rangel decidió acudir en forma directa al juzgado cuarto el viernes y hacer las gestiones respectivas.

Por esta razón, se pensó que Chapa había obtenido dos amparos contra la aprehensión, pero en realidad sólo fue un amparo provisional del cual no se ha logrado saber si su otorgamiento estuvo condicionado a la presentación del ex fiscal ante el juez 16, al que tiene que rendir cuentas.

En tanto, ayer trascendió que la esposa de Pablo Chapa acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para pedir que se mantenga en su domicilio la vigilancia de agentes judiciales de la PGR.

Pero al mismo tiempo, según la versión obtenida, se quejó del desempeño de la escolta asignada, que ha dejado de cumplir con los horarios de custodia y ha tenido actitudes ``prepotentes''.

En tanto, por la noche se informó que José Roberto Barrios Gaxiola, ex director administrativo de la fiscalía y quien está arraigado desde finales de enero, fue llevado de su domicilio a la Procuraduría General de la República a rendir declaración sobre la entrega de dinero a Francisca Zetina, La Paca, María Bernal y Ramiro Aguilar Lucero.