DEA: México ofreció mayor libertad para que operen agentes
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 25 de febrero Ť El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, realizó una llamada telefónica el lunes por la noche, a la casa de Thomas Constantine, administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos, para asegurarle personalmente que México buscará una solución a la demanda estadunidense de que a los agentes de la DEA que operan en el norte de México les sea permitido portar armas y otorgarles inmunidad diplomática.
La llamada de Madrazo fue revelada por Constantine durante las audiencias legislativas celebradas este martes, y fue sólo una de la serie de comunicaciones entre funcionarios estadunidenses y mexicanos en el curso de una semana para tratar de calmar las expresiones de ira y disgusto provocadas desde que surgió el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
``Hay líneas telefónicas sobrecalentadas'', explicó un funcionario de la administración Clinton.
En una serie de reuniones y llamadas telefónicas con funcionarios mexicanos en estos últimos días, funcionarios del gobierno de Bill Clinton han presentado una gama de solicitudes de acción en rubros particulares de la cooperación bilateral sobre asuntos antinarcóticos.
Según algunos funcionarios estadunidenses, la administración Clinton está integrando una lista de demandas que México debe atender en la lucha antinarcóticos en los próximos meses, en el contexto de los daños ocasionados por las últimas revelaciones de corrupción en los niveles más altos de su gobierno. Otros funcionarios señalaron que no existe una lista formal en sí, pero que sí hay una serie de solicitudes que se han presentado en tono enérgico durante los intercambios con las contrapartes mexicanas.
Sobre la base de extensas entrevistas con una amplia gama de funcionarios estadunidenses, La Jornada ha conformado una lista parcial de las demandas que Estados Unidos ha presentado al gobierno mexicano:
1) Activación y financiamiento de las fuerzas de trabajo fronterizas en Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, y permitir que los agentes de la DEA, el FBI y Aduanas asignados a esas fuerzas porten armas y disfruten de inmunidad diplomática en sus operaciones en México. El administrador de la DEA, Thomas Constantine, dijo hoy que estas unidades todavía no han recibido los 2.4 millones de dólares en financiamiento prometido por el gobierno mexicano. Constantine había prohibido a sus agentes participar en las operaciones de las fuerzas conjuntas en México en enero, por la falta de permiso para que su personal porte sus propias armas y por la falta de claridad sobre su estatus diplomático (la llamada de Madrazo Cuéllar del lunes podría llevar a una resolución de este asunto).
2) Examen pleno para detectar corrupción de los agentes de la fuerza especial de trabajo de droga. Particularmente después del caso del general Gutiérrez Rebollo, Estados Unidos está demandando que los agentes de las unidades antinarcóticos de México sean sujetos a un examen riguroso de detección de corrupción, con revisión del historial de candidatos a puestos de agentes, incluyendo revisión de relaciones previas, finanzas privadas, exámenes de polígrafo y posiblemente hasta exámenes de orina.
3) Aprobación de la solicitud de la DEA para incrementar el número de sus agentes que operan en México, del actual nivel de unos 38 o 39, a 45.
4) Extradición de los mayores criminales buscados por Estados Unidos, incluyendo nacionales mexicanos. Estados Unidos ha expresado su gratitud por la extradición de seis personas acusadas de narcotráfico el año pasado, pero cuando el canciller José Angel Gurría visitó esta capital, la semana pasada, se le entregó una lista con 11 solicitudes de extradición de ``alta prioridad''.
El gobierno de Bill Clinton tiene pendientes casi 150 solicitudes de extradición con México, y varios funcionarios estadunidenses han dicho que México debería mostrar voluntad para extraditar a sus nacionales a Estados Unidos, ``en donde nuestra infraestructura de seguridad pública y judicial hoy puede procurarlos, condenarlos y encarcelarlos mejor'', afirmó uno de estos oficiales.
5) Permitir que barcos de patrullaje y aeronaves estadunidenses en la costa del Pacífico puedan perseguir a narcotraficantes dentro de las aguas y espacios territoriales mexicanos, así como permitir a las embarcaciones estadunidenses ingresar a puertos mexicanos para su mantenimiento y tener acceso a combustible. Personal de Aduanas y de la Marina de Estados Unidos han reiterado su frustración por la habilidad de los narcotraficantes para eludirlos al escapar a aguas y espacio territoriales mexicanos. Los oficiales estadunidenses confían en que pronto se resolverá este obstáculo a sus operaciones.
6) Plena implementación de las recién aprobadas leyes mexicanas para el control del lavado de dinero, así como compartir información más eficiente con Estados Unidos. Funcionarios estadunidenses han elogiado la promulgación de las nuevas leyes mexicanas contra el lavado, pero se quejan de que las regulaciones para su implementación no se han aprobado.
Además, en tanto que Estados Unidos reconoce que México ha mejorado su manejo de las solicitudes para el intercambio de información, aún hay obstáculos para que las autoridades estadunidenses obtengan documentos bancarios y empresariales mexicanos.