La certificación debe ser abolida, dice NYT

Reuter, Ansa, Afp, Efe e Ips, Washington, 26 de diciembre Ť Estados Unidos no divulgará sus veredictos de certificación en la lucha contra las drogas antes del viernes, anunció hoy el Departamento de Estado, al tiempo que el diario The New York Times aseveró que ese mecanismo ``no ha sido exitoso, y debiera ser abolido''.

Asimismo, el Parlamento Latinoamericano calificó el proceso de certificación como ``un atentado contra las soberanías latinoamericanas'', e incluso, en voz de su secretario general, Rolando González, lo comparó con la ley Helms-Burton, con la que Estados Unidos busca internacionalizar el bloqueo que desde hace más de tres décadas mantiene contra Cuba,

La certificación es una evaluación en la que Washington examina cómo combaten unos 32 países el tráfico de drogas, y las naciones que son descertificadas quedan expuestas a sanciones estadunidenses.

El vocero del Departamento de Estado, Nicholas Burns, dijo que la jefa de la diplomacia estadunidense, Madeleine Albrigth, aún tiene que efectuar consultas con sus asesores a lo largo de esta jornada y del jueves antes de formular sus recomendaciones al presidente Bill Clinton.

``Así que no será mañana (jueves). Será en algún momento después. No tengo una fecha o una hora precisa'', indicó Burns.

Por ley, Clinton tiene de plazo hasta el primero de marzo para informar al Congreso qué países son certificados y cuáles no; el año pasado, Estados Unidos descertificó a Colombia, Afganistán, Birmania, Irán, Nigeria y Siria.

Pero este mecanismo, ampliamente rechazado en América Latina, fue criticado este miércoles por el periódico The New York Times, que destacó las ambigüedades del proceso para establecer el grado de cooperación en la lucha contra las drogas.

El Times citó el caso de Colombia, donde ``la producción de coca y la corrupción por la droga creció'', mientras esa nación ``aparentemente dio importantes pasos en la lucha contra la cocaína''. Añadió que ``en los hechos, probablemente Colombia hizo más que México. Pero volvería a ser descertificada''.

``La certificación resultaría, en definitiva, peligrosa, porque contribuiría al mito de que el problema de la droga en Estados Unidos puede ser mejor combatido afuera'', indicó el Times al argumentar su oposición a este mecanismo.

Al destacar que con el proceso de certificación en Colombia se está dando una orientación ``hacia lo militar'' en la lucha al narcotráfico, el diario concluyó que ``como la relación con el gobierno civil de Colombia se ha deteriorado, Washington aumentó la ayuda y las ventas de armas a los militares de ese país, con el peor historial de derechos humanos en el hemisferio y fuertes vínculos con los líderes paramilitares que trafican las drogas''.

En San José de Costa Rica, el secretario general del Parlamento Latinoamericano, Rolando González, señaló que el proceso de certificación estadunidense será analizado durante la próxima sesión de ese foro, del 13 al 15 de marzo, ya que ese mecanismo ``es visto con gran preocupación'', y dijo que se podría evaluar la aplicación de otros mecanismos para que sean las propias naciones de la región las que evalúen los esfuerzos que realizan contra el narcotráfico.

A todo esto, el presidente de la Comisión de Lucha contra las Droga y ministro de Salud de Perú, Marino Costa Bauer, declaró que su país, uno de los principales productores de la hoja de coca, no busca lograr la certificación estadunidense, y sostuvo que su política antidrogas tiene una ``prioridad nacional''.

El gobierno de Bolivia, uno de los tres primeros productores de hoja de coca, se expresó satisfecho por la decisión de Estados Unidos de acabar con todos los cultivos ilegales de coca como parte de una estrategia para reducir la producción y el tráfico de drogas en el mundo en 10 años.

Pese a que La Paz no se pronunció sobre el mecanismo de certificación estadunidense, su vicecanciller, Jaime Aparicio, elogió la estrategia antidrogas anunciada ayer por el presidente Bill Clinton, porque ese plan ``va amarrado a un programa de desarrollo alternativo y de pagos a los campesinos que voluntariamente sustituyan sus cocales por otros productos''.