Unánime rechazo en la Permanente a la certificación

Oscar Camacho Guzmán Ť Por considerar que constituye un acto unilateral, manipulador, carente de autoridad moral y atentatorio de la soberanía nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó ayer por unanimidad el proceso de certificación estadunidense a México en el combate al narcotráfico.

En el punto de acuerdo, la Comisión Permanente rechaza también que se pretenda juzgar desde el exterior a funcionarios, instituciones y personas mexicanas sin aportar elementos probatorios y exige que, en caso de existir, dichas pruebas se presenten ante los tribunales del país y al gobierno de México.

El pronunciamiento político contó con el aval de PRI, PAN, PRD y PT en los siete puntos de que consta, pero en la exposición de motivos los legisladores perredistas marcaron distancias y cuestionaron severamente al gobierno mexicano por ser el primero en propiciar y avalar la injerencia estadunidense en la lucha contra el narcotráfico, mientras que los panistas criticaron el uso del Ejército en el combate al tráfico de estupefacientes.

Asimismo, la oposición rechazó la exposición de motivos en la que el PRI salió en defensa de la clase política priísta que ha sido vinculada con el narcotráfico. ``No metemos las manos a la lumbre por ninguno de ellos, porque desgraciadamente los hechos han demostrado que los involucrados tienen cola que les pisen'', afirmó el perredista Pedro Etienne.

Tras condenar el proceso de certificación y la pretensión de querer juzgar desde el exterior a personas e instituciones mexicanas, la declaración política de la Comisión Permanente señala que las opiniones emitidas en el exterior, su manejo y difusión, ``están inspirados en posiciones políticas que responden a intereses específicos y no al respeto recíproco que debe regir las relaciones de convivencia entre las naciones''.

Asimismo, se reafirma el compromiso de México en el combate al narcotráfico, y aclara: ``Considerando siempre como fundamentales para nuestro país, y que asumimos como mandatos que impone la cooperación internacional, la salud pública y la seguridad interna''.

En ese sentido, la Comisión Permanente reiteró su condena a cualquier pretendido proceso de certificación, ya que es un acto que violenta abiertamente el orden internacional y pretende vulnerar la autodeterminación y responsabilidad soberana para afrontar el combate al narcotráfico.

Por último, la Permanente hizo un llamado a las autoridades estadunidenses para que se intensifiquen las medidas de cooperación en el combate a la producción y consumo de drogas y demás ilícitos conexos, ``siempre con respeto irrestricto a la soberanía de cada país''.

Por su parte, el PRD demandó que el pronunciamiento político fuera enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la PGR, para que al negociar con las autoridades estadunidenses se tome en cuenta esta expresión clara de voluntad política y se tenga presente cuál es el sentir de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

Tras la lectura del texto, las fracciones de oposición fijaron sus posiciones.

El gobierno propicia y avala la injerencia de EU: PRD

Pedro Etienne, coordinador del PRD, aseveró que el gobierno de Ernesto Zedillo incurre en incongruencias cuando por un lado se somete a Estados Unidos al entregar a importantes narcotraficantes para que sean juzgados allá, o bien al aceptar las condiciones de ese país sobre la presencia de la DEA en México, mientras que por otra parte se queja del proceso de certificación estadunidense.

``La lucha contra el narcotráfico, los ilícitos cometidos por los narcotraficantes en territorio nacional y las violaciones a las leyes penales de nuestro país deben ser juzgados por nosotros y sometidos a la justicia y a los tribunales mexicanos'', indicó Pedro Etienne, al criticar el hecho de que en momentos en que México protesta contra la certificación, el procurador Jorge Madrazo acepte ante Estados Unidos condiciones para la estancia de la DEA en México, contrarias a la soberanía nacional.

Asimismo, Etienne aclaró que el respaldo del PRD al punto del acuerdo en el que se rechaza la pretensión de que personas e instituciones mexicanas sean juzgadas desde el exterior, no significa avalar a político alguno del PRI o del gobierno, como los que han sido mencionados en publicaciones estadunidenses y mexicanas.

``El PRD no mete las manos a la lumbre por ninguno de los (políticos del PRI) involucrados, pues desgraciadamente los hechos casi siempre han confirmado que muchos de los involucrados sí tienen cola que les pisen. Pero en el caso de la certificación, y sobre todo en el caso que nosotros consideramos como una acción unilateral del gobierno norteamericano, para un problema que esencialmente es bilateral, el PRD sí manifiesta su rechazo'', afirmó Pedro Etienne.

Reglamentar la libertad de expresión, plantea el priísta Rodríguez Lozano

El deslinde de la fracción perredista fue necesario debido a que en la primera intervención del día, el senador del PRI, Amador Rodríguez Lozano, presentó el punto de acuerdo que condena la certificación, antecedido de una exposición de motivos en la que salió en defensa de todos los políticos priístas que han sido señalados en Estados Unidos con nexos con el narcotráfico, desde Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Raúl Salinas, hasta los gobernadores de Morelos, Jorge Carrillo Olea, y de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En defensa de los políticos priístas aludidos en publicaciones como The New York Times, Amador Rodríguez Lozano propuso incluso algo que su partido ha bloqueado abiertamente en la Cámara de Diputados: reglamentar la información y los medios de comunicación.

``Yo no creo en el cliché que dice que más valen excesos en la libertad de expresión que limitar o regular este medio. No, eso es un falso dilema'', dijo el senador priísta, mientras entre diputados se comentaba que quienes más han recurrido a ese ``cliché'' son el presidente Zedillo y el secretario de Gobernación, Emilio Chuay-ffet, para justificar su negativa a reglamentar el derecho a la información.

``Lo que tenemos que hacer es una reforma que establezca reglas claras en materia de comunicación, porque es una acción en derecho que sin procedimiento claro para ejercer un derecho no hay derecho. De tal manera que el procedimiento para hacer valer los derechos de terceros frente a las publicaciones es una necesidad impostergable en nuestro país'', señaló el priísta.

Al abordar directamente el asunto de la certificación, Rodríguez Lozano señaló que este es un problema que México enfrenta desde 1986 y que además de la ``ignominia'' que provocaría no obtenerla, tendría ``consecuencias financieras importantes, sobre todo por lo que se refiere a préstamos de organismos internacionales'', los cuales podrían ser bloqueados en los organismos mundiales donde Estados Unidos tiene influencia.

``Pero aquí las preguntas son: ¿Quién certifica al certificador? ¿Quién certifica a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico? ¿Quién va a certificar si Estados Unidos está haciendo lo suficiente en su propio territorio para combatir este cáncer?'' Después, Rodríguez Lozano indicó que no se tiene conocimiento de que Estados Unidos haya dado un golpe interno a las bandas organizadas en aquel país ni que haya disminuido sus índices de consumo ni que haya hecho algo para bajar la producción interna de mariguana, de la cual la mitad que se consume en Estados Unidos es producida en su interior.

EU, sin autoridad moral: PAN

Al fijar la posición del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Alejandro González Alcocer rechazó de entrada el discurso partidista del priísta Amador Rodrí- guez Lozano.

Luego, subrayó que el gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para otorgar dicha certificación y que un proceso como el citado no promueve, sino que afecta la cooperación internacional.

``En Acción Nacional creemos en la cooperación de una soberanía con otra y no en que alguien se erija en juez cuando es parte del problema'', manifestó.

Y agregó: ``En realidad, la certificación no pone en duda los esfuerzos de México, ya que no lo puede hacer. Es sólo un instrumento de manipulación política que disfraza la responsabilidad de Estados Unidos en el problema de las drogas''.

Arrogante, la actitud estadunidense: PT; propone una consulta nacional

Finalmente, el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Primitivo Ríos, consideró necesario que el Congreso de la Unión convoque a una gran consulta nacional sobre el combate al narcotráfico, y juzgó como ``arrogante'' e ``incongruente'' la posición del gobierno estadunidense por pretender constituirse en tribunal incuestionable, cuando su población constituye el principal consumidor de estupefacientes en el mundo.