Pide el Congreso mexicano al gobierno acciones contra la medida Condiciona su participación en la Interparlamentaria; cita a Gurría

El Congreso de la Unión condicionó ayer su participación en la Interparlamentaria México-Estados Unidos a la discusión, como tema prioritario, de la nueva ley de inmigración y solicitó al gobierno desplegar un conjunto de iniciativas para demostrar ante organismos internacionales (como La Haya, la OEA, el Parlatino y la Unión Interparlamentaria Mundial) que dicha ley viola los derechos humanos y laborales de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Ambas cámaras decidieron citar al titular de la SRE, José Angel Gurría, para que informe sobre las medidas que el gobierno está tomando con motivo de la política migratoria puesta en marcha por Estados Unidos. Todavía no concluía la sesión de la Cámara de Diputados, cuando Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, informó que la reunión con el canciller será el próximo 11 de abril.

Durante un largo debate en San Lázaro, en el que la oposición cuestionó la ``utilidad'' de los pronunciamientos, pero finalmente consensó con el PRI un punto de acuerdo para responder a la entrada en vigor de las nuevas medidas antinmigrantes, la Cámara de Diputados solicitó al gobierno mexicano acelerar la ratificación de la Convención Internacional de Protección a Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada por la ONU en diciembre de 1990.

En el punto de acuerdo se estableció que el Legislativo y el Ejecutivo elaborarán un plan que incluya distintas medidas ``para recibir con dignidad'' y aprovechar el capital humano que representan las y los trabajadores migratorios que eventualmente puedan ser deportados. Asimismo, plantea desplegar un conjunto de medidas en el ámbito internacional para demostrar que dicha ley viola los derechos humanos y laborales de los mexicanos que radican en Estados Unidos. Los legisladores se manifestaron por entregar expedientes de las mencionadas violaciones a la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Corte Internacional de La Haya y, a nivel parlamentario, al Parlatino y a la Unión Interparlamentaria Europea.

En lo inmediato, señalaron, se debe reforzar con recursos humanos, financieros y políticos la labor de protección a las comunidades mexicanas de Estados Unidos, a través de los 41 consulados de México en ese país. Los diputados condicionaron su participación en la Interparlamentaria México-Estados Unidos, a realizarse en Santa Fe, Nuevo México, del 16 al 18 de mayo próximo, y llevarán el asunto a la Interparlamentaria Mundial que se llevará a cabo en Corea del Sur, del 10 al 15 de abril.

Durante el debate el diputado del PAN, Ricardo Navarrete, dijo que es necesario superar ``las meras declaraciones, los gestos, las notas diplomáticas, las interpelaciones...'' y pasar a los hechos. Propuso la firma de una ``carta social'' México-Estados Unidos, que tenga la formalidad de un tratado y atienda centralmente el problema migratorio, estableciendo una cuota anual de trabajadores mexicanos que serían aceptados legalmente. Cuauhtémoc Sandoval, del PRD, apoyó la propuesta y cuestionó la actitud del gobierno mexicano, expresada a través de la cancillería, de pretender ver el problema migratorio como un ``hecho aislado''. El diputado independiente, Adolfo Aguilar Zínser, dijo que las resoluciones del Congreso mexicano no tienen ninguna eficacia porque es un ``perico sin pantalones; nos rasgamos las vestiduras, protestamos cada vez que se dan casos de mexicanos vejados en Estados Unidos, pero nunca se cumplen los acuerdos del pleno''.

Por otra parte, los tres partidos representados en el Senado demandaron al gobierno de Estados Unidos el más estricto respeto a los derechos humanos y laborales de los inmigrantes mexicanos que viven en ese país. El punto de acuerdo insta asimismo a las autoridades competentes a vigorizar las acciones de los programas que tienen el propósito de recibir a los inmigrantes mexicanos que regresen al país, a fin de reintegrarlos social, económica y políticamente.

En el documento se advierte que el Senado estará atento a que haya ``el más estricto respeto a los derechos, la integridad física y la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos. Igualmente, el acuerdo resalta que los senadores que habrán de asistir a la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, ``manifestarán enérgicamente que la nueva ley migratoria se funda en algunos criterios erróneos'' y al mismo tiempo ``intensifica el clima racista de amenazas y persecución en contra de ellos''. Luego de aprobado el punto, que incluye la comparecencia del canciller Gurría, hablaron Carlos Jiménez Macías, del PRI; Auldárico Hernández y Cristóbal Arias, del PRD, y José Angel Conchello, del PAN.

Jiménez Macías destacó que la relación con Estados Unidos es delicada y difícil en muchos aspectos y que los derechos de los connacionales habrán de defenderse en todos los foros; Arias Solís, en tanto, resaltó que sería ``falso, demagógico y populista'' que alguna autoridad dijera que nuestro país está en condiciones de brindar trabajo y asistencia social a los millones de mexicanos en riesgo de ser deportados; Hernández Jerónimo propuso adoptar medidas económicas que reparen los daños a los inmigrantes que regresarán, como la fijación de cuotas a la importación de los productos estadunidenses que se benefician de la mano de obra mexicana; finalmente José Angel Conchello exhortó al pleno senatorial a tomar conciencia, no sólo del asunto migratorio, sino también de los yacimientos de petróleo situados en el centro del Golfo de México.

(Mireya Cuéllar, Matilde Pérez y Andrea Becerril.)