Entró en vigor la ley antiinmigrante

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 1o. abril Ť El gobierno del presidente Bill Clinton comenzó este martes la implementación de una nueva ley de inmigración que facilita el proceso de deportación y severas penas sobre quienes se queden aquí de forma ``ilegal'', y consecuentemente el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) también tuvo manifestaciones frente a sus oficinas en cinco grandes ciudades de Estados Unidos, como parte de una acción de oposición coordinada ante las nuevas medidas.

Opositores a la legislación parecían haber logrado este lunes una victoria temporal cuando un juez federal en Washington emitió un fallo para aplazar la implementación de la ley migratoria, pero ese veredicto fue revocado esta madrugada, luego que la administración Clinton convenció a una corte de apelaciones de permitir la puesta en marcha de la ley.

Agente de la Patrulla Fronteriza en tareas de vigilancia en
el Cañón Zapata, en San Diego, California. Foto: Elsa Medina

La Unión América de Derechos Civiles y los Abogados por Derechos Civiles presentaron recursos contra la nueva ley, incluyendo la petición que brevemente detuvo la implementación ayer. Ambas organizaciones presentaron hoy un segundo recurso tras alegar que la nueva ley no ofrece suficiente información a personas que buscan asilo político. Esta segunda ronda será argumentada ante una corte federal el próximo viernes.

Pero a fin de cuentas, ninguno de estos recursos legales detuvo la entrada en vigor de la ley y un funcionario del SIN informó a La Jornada que a las 00:01 de esta mañana sus agentes principiaron la implementación de los nuevos reglamentos, que involucran más de 25 nuevos formularios y cambios en más de 65 reglamentos existentes.

Un vocero del SIN en San Diego, Rudi Murrello, dijo que la entrada en vigor de los nuevos reglamentos tuvo poco efecto visible en el flujo de inmigrantes que cruzan en ese punto. ``Hasta donde hemos visto, no ha cambiado mucho'', dijo Murrello. Pero en El Paso, Texas, otra vocera del SIN dijo que menos personas intentaron cruzar, tal vez por la confusión que hay sobre la nueva ley

``El SIN ya ha empezado a implementar la nueva ley, cuyas medidas principales han entrado en vigor hoy'', declaró ese organismo en un comunicado oficial emitido desde Washington. ``Los cambios en la ley... ofrecen sanciones más duras contra aquéllos que violen las leyes de inmigración de la nación''. Un vocero comentó a La Jornada que aún era prematuro detectar qué impacto tendrán los nuevos reglamentos sobre el número de gente deportada o a la que no se les permitirá su ingreso en este país en la frontera, pero agregó que el gobierno confiaba en que sus oficiales están plenamente capacitados para implementar los nuevos reglamentos

Opositores a la ley ratificaron su compromiso de continuar luchando por vías legales contra estas nuevas medidas, que consideran injustamente aplicadas contra indo- cumentados mexicanos y centroamerica- nos. En San Francisco, Houston, Nueva York, Seattle y Newark, organizaciones de derechos del inmigrante organizaron manifestaciones frente a las oficinas del SIN, para protestar contra la nueva ley.

``Yo pienso que la gente estará luchando de diversas formas por todo el país'', dijo María Jiménez, directora del proyecto sobre inmigración del Comité Americano de Servicio de los Amigos en Houston. En entrevista con La Jornada, Jiménez dijo que su grupo organiza una serie de protestas a efectuar a lo largo de toda esta semana, además de esfuerzos de educación junto con iglesias para oponerse a la nueva ley

En San Francisco, Cathi Tactaquin, directora de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, dijo que su grupo observó protestas a través del país. ``Literalmente, millones de personas y aquéllos que son los más vulnerables serán afectados por estas nuevas leyes'', afirmó.

En declaraciones a La Jornada, Tactaquin dijo que la nueva ley negará a los inmigrantes sus derechos legales fundamentales e incrementará el costo económico para los estados, los cuales ahora tendrán que enfrentar a cientos de miles de inmigrantes a quienes se les negarán servicios públicos bajo la nueva legislación. Añadió que grupos locales en San Francisco, Houston y otros lugares más también promueven que sus gobiernos municipales aprueben legislaciones para frenar la implementación de ciertas medidas de persecución al amparo de la nueva ley.

El alcalde de Nueva York, Rudolph Guilani, ya ha rehusado implementar partes de la nueva ley y ha presentados un recurso legal contra de la nueva ley federal

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles también afirmaron que comenzarán un ``asalto coordinado'' a la nueva ley. Aunque su petición que invocaba fallas técnicas de la ley fue revocada por una corte de apelaciones, ambas organizaciones registraron una segunda petición contra los procedimientos para el asilo dentro de la nueva ley. ``Los nuevos reglamentos permiten que los oficiales del SIN no ofrezcan información crítica ante potenciales refugiados, dejándolos totalmente a oscuras en torno a sus derechos'', dijo Judy Rabinovitz, una abogada de la ACLU

En particular, la ACLU argumenta que bajo los nuevos reglamentos de implementación de la ley, los inspectores del SIN de bajo rango en puntos fronterizos tienen una autoridad casi sin límite para utilizar los procedimientos de ``remoción sumaria'' para deportar de inmediato a indocumentados. Los grupos de derechos civiles están particularmente preocupados de que personas que sean excluidas de Estados Unidos no sean informadas sobre sus derechos.

``Por ejemplo, los individuos no serán aconsejados sobre su derecho de consultar con un abogado, amigos o familiares, o de que un juez de inmigración revise la decisión del oficial (del SIN)'', acusa la ACLU.

La petición legal sometida hoy solicita que un juez suspenda la implementación de estas partes de la ley hasta que el SIN cambie sus procedimientos de implementación. En una audiencia, hoy aquí en Washington, el juez distrital Emmett Sullivan declinó suspender la implementación pero ordenó que los abogados presenten sus argumentos orales ante su corte el viernes.