Después de quince años de castigar la demanda, aumentar el PIB muy por debajo del crecimiento poblacional y fijar las prioridades de gobierno en distintos programas menos en los de corte social, las consecuencias aparecen ahora recubiertas de ansiedad, abandono y desconcierto en las vidas de todos aquellos que han sido mayormente afectados: los expulsados del país. La ley contra la inmigración ilegal recientemente aprobada en Estados Unidos (EU) se presenta así como un resultado inevitable ante la oleada de emigrantes que asedian las porosas fronteras, elevan la competencia por fuentes de trabajo y destapan temores en la sociedad y el gobierno del poderoso vecino del norte.

Cierto es que la expulsión masiva de mexicanos hacia EU no ha sido privativa de los últimos quince años de experiencia neoliberal. Pero, sin duda, los números han ido creciendo durante este aciago periodo en proporciones no vistas con anterioridad. Cuando menos el 50 por ciento de la inmigración ilegal en ese país lo generan compatriotas desesperados que aquí tienen cerradas toda puerta para una vida digna.

Para el sistema decisorio de México, cada persona que se exila es un dolor menos que atender si le damos crédito a la retórica oficial cuando dice, para justificar sacrificios tan inminentes como injustos, que ``las determinaciones adoptadas son dolorosas pero necesarias''. De esta manera, el gobierno se ha desentendido de millones de tales ``padecimientos'' que de otra forma serían llamados desempleados, miserables, reserva laboral, pordioseros, posibles delincuentes o simples alborotadores. La válvula de escape en que se ha transformado la profusa emigración ha sido la tabla de salvación para la trastabilleante continuidad del sistema establecido. Lo que ahora tiene delante no es más que el abultado pasivo por pagar.

Los cálculos de los especialistas varían a veces considerablemente, pero una cifra de 4 millones de emigrados ilegales en los últimos años puede ser aceptable. Unos dicen que el total de mexicanos en EU llega a los 20 millones, de los cuales 13 son residentes o trabajadores con papeles en regla, los demás pasaron de mojados y no han podido normalizar su situación. Los datos oficiales son mucho menores, tal vez como fruto de un remanente de vergüenza que no de cifras mejor procesadas. Los atildados funcionarios de Gobernación y de la Cancillería dicen que hay unos 10 o 12 millones de connacionales en EU y que solamente 2 o 3 millones son ilegales. Lo cierto es que son muchos, muchísimos los que estarán sufriendo. Aquéllos que carecen de documentos válidos bajo las nuevas disposiciones no tendrán manera de defenderse y los auxilios para ello dispuestos a través de los consulados serán siempre magros. Los mismos residentes pasarán malos ratos para cumplir con los requisitos adicionales que se les solicitarán (un ingreso mayor a los 20 mil dólares anuales o estadías de 10 o más años por ejemplo), de no hacerlo, tendrán menos ayuda alimentaria o les negarán la atención médica.

Sin embargo, los efectos que sobre la economía americana han llegado a tener los trabajadores mexicanos no pueden ser despreciables, aunque sí sustituibles por algún otro recurso. Desde este punto de vista es innegable su contribución a la productividad de ese país. Sin ellos, la competitividad de EU bajaría lo suficiente como para castigar los salarios medios y también lo haría el bienestar general. Más allá de lo que están dispuestos a tolerar al respecto la tendencia comenzaría a mostrar sus puntos negativos y se metería reversa. Es posible que en los medios oficiales se manejen opciones que contemplen alternativas como éstas. Es decir, la presión se irá diluyendo con el tiempo y, cuando llegue al nivel de rendimiento negativo, cesará por las mismas necesidades de la mandona economía. Mientras, habrá que apechugar los malos tratos, los insultos y la negativa imagen de ineficiente, improvisado y tibio que se predicará del actual gobierno a pesar de los subterfugios para evitarlo. Lo interesante es que todo esto sucede en medio de un proceso electoral en apogeo y las penalidades no se harán esperar. La resaca vendrá no tanto de los posibles deportados o de esos otros que allá pasarán por penosas vicisitudes, sino de los que los acompañan (desde aquí) en su destierro: los millones de votantes que son sus familiares, dependientes o solidarios. Ellos son y serán materia de campañas y contrapropaganda, los resultados se verán, sin duda alguna, en el julio de las urnas.