Más de 2 millones de mexicanos, en peligro: Pescador

De los corresponsales Ť Más de 2 millones de mexicanos corren el riesgo de ser deportados y de perder todos sus derechos en Estados Unidos, a partir de la aplicación de la nueva Ley de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Migratoria, reveló ayer el cónsul de México en Los Angeles, José Angel Pescador Osuna.

Por su parte, cifras de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos indican que en los primeros tres meses del año fueron deportados diariamente un promedio de mil 300 migrantes de origen mexicano por el sector de San Diego y unos 600 por Texas.

De visita en Mazatlán, Sinaloa, de donde es originario, Pescador Osuna refutó las críticas acerca de la supuesta pasividad de la cancillería ante el problema que plantean las nuevas disposiciones legales, aunque reconoció que la falta de recursos económicos limita la posibilidad de realizar más acciones de orientación para la defensa de los indocumentados.

Para evitar la aplicación de esa ley, el cónsul mexicano confió en que progrese alguna de las tres demandas interpuestas en contra de esa nación y expuso la posibilidad de acudir a otras instancias ``con el fin de que se haga justicia internacional''.

Pescador Osuna dijo que de los 2 millones de mexicanos que corren el riesgo de ser deportados, 30 mil son sinaloenses radicados en la zona de Los Angeles.

En ese mismo sentido, el presidente del Centro de Estudios Migratorios de Zacatecas, Fernando Robledo Martínez, señaló que dicha legislación, además de ``racista y restrictiva'', ataca los derechos laborales de los migrantes al obligarlos a buscar la ciudadanía estadunidense como única vía para mantener las conquistas laborales de las que gozan.

Robledo Martínez calculó que más de 300 mil ciudadanos de esa entidad que radican legalmente en Estados Unidos se verán afectados con la puesta en marcha de la nueva ley. Estudios realizados por este organismo indican que el estado capta unos 200 millones de dólares al año de esos trabajadores.

No hay tanta agresividad contra los mexicanos: Heaphy

Por su parte, la cónsul de Estados Unidos en Nuevo León, Eileen M. Heaphy, destacó que ``no hay tanta agresividad contra los mexicanos'' como se ha hecho ver. El problema es que muchas cuestiones relacionadas con la migración tienen que ver directamente con México porque 25 por ciento de las visas expedidas por el gobierno estadunidense en todo el mundo se otorgan a mexicanos, dijo.

Durante una gira de trabajo por Saltillo, Coahuila, Heaphy señaló que en realidad ``la nueva legislación ofrece más recursos y procedimientos para nuestro servicio de migración y para que la Patrulla Fronteriza haga su trabajo correctamente''. Aseguró que los trabajadores migratorios no constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y reiteró que la intención de su país ``no es realizar deportaciones masivas''.

Por su parte, el supervisor de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, Ron Henley, aseguró que la sección 105 de la nueva ley no será efectiva para los migrantes arrestados en lugares rurales, por lo que es posible que sólo sea aplicable a inmigrantes detenidos con documentación apócrifa en las garitas internacionales.

Dicho apartado prevé la aplicación de sanciones económicas de 50 a 250 dólares para los indocumentados sorprendidos tratando de ingresar ilegalmente a territorio estadunidense y el doble para reincidentes. Lo único que cambiará, dijo, serán algunos formularios en los que se utilizaban las palabras ``deportación'' y ``repatriación''. La primera, explicó, era ordenada por un juez de migración y la segunda se efectuaba con el solo consentimiento de los detenidos.

Ahora con la nueva ley los formularios de la Patrulla Fronteriza utilizan el término ``remoción'', mediante el cual se elimina el procedimiento de repatriación voluntaria, mas no el derecho de un indocumentado de exponer su caso ante un juez de migración, explicó Henley.

En tanto, el Centro de Apoyo a Migrantes del PRD en Ciudad Juárez, Chihua-hua, dio a conocer que la Patrulla Fronteriza y el SIN están aplicando la nueva ley migratoria en esta región desde hace tres meses. El director del Centro, Alfredo Benítez, dijo que los residentes legales que cometan faltas mínimas son deportados sin darles tiempo a que apelen la decisión de los agentes migratorios que realizan redadas y operativos en centros comerciales, fábricas, restaurantes y calles de la ciudad.

Un problema que ya afecta a Ciudad Juárez, señaló, es la falta de servicios y atención a este sector por parte de las autoridades, ya que siete de cada diez deportados se quedan a vivir en la frontera con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Mayor energía demandan al gobierno

En sesión ordinaria, las fracciones legislativas del Congreso de San Luis Potosí aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual demandan del gobierno de México mayor energía para proteger a los connacionales que laboran en Estados Unidos.

En diversos estados de ese país trabajan más de cien mil potosinos y su fuerza de trabajo representa más del 2.6 por ciento de la población económicamente activa del estado. Al respecto, Jesús Noyola Bernal, secretario general de Gobierno, reconoció que San Luis Potosí no está preparado para proporcionar servicios y fuentes de trabajo a esos potosinos en caso de que sean deportados masivamente.

Por su parte, las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados de Nayarit adoptaron por unanimidad un punto de acuerdo para protestar contra la ley antiinmigrante, en el cual se destaca que ``muchos nayaritas viven hoy en el vecino país del norte y nos angustia saber que las nuevas disposiciones migratorias pueden afectar su sustento y su vida familiar''.

Asimismo, la Coparmex de Guanajuato señaló que el gobierno de la República ha realizado una defensa muy débil de nuestros conciudadanos y la aplicación de la ley de inmigración tendrá consecuencias terribles para la economía del estado, afirmó el dirigente Arturo Sánchez Castellanos.

La candidata de Coalición Democrática al gobierno de Nuevo León, Liliana Flores Benavides, también repudió esa ley y exigió al gobierno federal una enérgica defensa de los compatriotas, por considerar que ha sido débil y condescendiente en los abusos cometidos por las autoridades migratorias estadunidenses.

Un año de la golpiza de Riverside

En otro orden, activistas de origen latino en California criticaron el sistema judicial de ese estado al cumplirse un año de la golpiza que recibieron en el condado de Riverside tres indocumentados de origen mexicano, entre ellos una mujer, a manos de oficiales del sherifato tras una persecución automovilística a alta velocidad.

Los abogados de los inmigrantes golpeados sostienen negociaciones fuera de los tribunales con las autoridades de Riverside en busca de un acuerdo económico. Según Roberto L. Martínez, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, Alicia Sotero Vázquez, la mexiquense que fue brutalmente golpeada, y Enrique Funes Flores, podrán recibir una compensación que resuelva sus problemas financieros además de conservar sus permisos para residir en Estados Unidos.

Victoria Baca, presidenta de la Asociación Política Mexicana, señaló que ``para los hispanos en California las heridas aún estan abiertas'' y se dijo ofendida por las autorides del condado de Riverside que recontrataron al agente Kurtis Franklin a pesar de que fue captado por las cámaras de televisión mientras golpeaba despiadadamente a los inmigrantes.

Thomas Sáenz, asesor legal del Fondo Mexicoamericano para la Defensa legal y la Educación en Los Angeles, dijo que ``aún tenemos constantes noticias de persecuciones policiacas que culminan en accidentes con migrantes muertos y heridos pese a que esas medidas están prohibidas''.

Esta mañana la Patrulla de Caminos de California en el este de San Diego informó de un accidente ocurrido en una autopista de Jamúl en el cual 25 inmigrantes indocumentados de origen mexicano resultaron con lesiones menores. No se aclaró si el percance se produjo como resultado de una persecución policiaca. (Víctor Guerra, Jorge Cornejo, Angel Amador, David Brondo, Antonio González, Jesús Narváez, Emilse Valencia, Rubén Villalpando, Manuel Carrillo y David Carrizales.