En la Plataforma Política del Distrito Federal 1997 - 2000 del Partido Acción Nacional, la política social carece de unidad y objetivo; sus elementos están dispersos por todo el texto y no se estructuran a partir de una estrategia explícita que le dé coherencia y la defina como derecho humano, social y constitucional, como soporte de la justicia y factor esencial del mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población, empobrecida y excluida por la combinación de la crisis y las políticas neoliberales para superarla.

En lo propuesto para el sector educativo, se observa: la ausencia de planteamientos claros sobre el cumplimiento de la norma constitucional de asegurar la educación pública gratuita y obligatoria como derecho social; el excesivo papel que le asigna a los ``empresarios de la educación y asociaciones religiosas'' en la satisfacción de la demanda y la definición de la política educativa, lo que llevaría a la creciente privatización del sector y el desmoronamiento subrepticio del carácter laico del sistema; la propuesta sobre el Examen Unico Metropolitano de admisión a la educación media superior es muy ambigua, aunque se lee entre líneas que están de acuerdo con él en su forma actual. Se respeta de palabra la autonomía de la universidad pública, pero se propone una mayor injerencia de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo local en su política, lo que la contraviene; en cambio, se promete mucha mayor libertad para las universidades privadas; se reafirma el compromiso del PAN con una reforma a la legislación laboral en el sector, que será evidentemente contraria al interés de sus trabajadores y lesiva de sus conquistas históricas. Los universitarios estamos obligados a discutir a fondo esta política y mostrar a la opinión pública sus enormes riesgos.

De la política de salud hay poco que decir: es inexistente. La ``política social'' del PAN se mimetiza con el asistencialismo, mostrando la limitada visión, muy cercana a la ``caritativa'', que tiene la ultraderecha de lo que es la cuestión social; en este campo, se asume la idea neoliberal y fondomonetarista del Estado subsidiario que sólo complementa la acción privada regulada por el mercado y atiende la pobreza extrema con programas coyunturales. Todo indica que asistiremos a una nueva edición de la ''solidaridad'' salinista y zedillista si gana el PAN las elecciones.

Otros ámbitos de la política social real están regados por todos lados en la propuesta. Sobre la tenencia de la tierra y los inmuebles, cuya irregularidad muestra el elevado costo social de los patrones de acumulación de capital con intervencionismo estatal o sin él (neoliberal), a la mexicana, la única fórmula es el uso de la ley y la fuerza pública para impedir las ocupaciones o desalojar a los ocupantes irregulares y así defender irrestrictamente la propiedad privada; no hay nada serio sobre la solución al problema estructural de la ausencia de suelo y vivienda para los sectores populares.

Para la vivienda, infraestructura y servicios públicos, elementos claves de una política social no restringida al asistencialismo y la atención a la pobreza extrema, el PAN propone la continuidad de la política privatizadora de los dos últimos sexenios priístas. En vivienda, a la vez que se anuncia el uso de la fuerza pública contra los ocupantes irregulares, se habla de la ``promoción'' (subsidio) de la acción empresarial privada y no de los usuarios populares. Para la infraestructura y el transporte se mantiene la política de concesión a empresas privadas, a las que se garantizarían tasas de ganancia según sus intereses, lo cual incide en la elevación de las tarifas a los usuarios y, por tanto, la exclusión de sectores crecientes de la población. Al mismo tiempo, hay referencias constantes a la necesidad de ajustar tarifas a costos de mercado reales de lo que mantiene el Estado bajo su control, aunque abriendo subsidios asistenciales y facilidades para los sectores sociales más débiles. Algunas acciones previstas para el ahorro de agua o el abatimiento de la contaminación, buenas en abstracto, se enfrentarán a la imposibilidad de los usuarios de cubrir su costo, pues el gobierno panista no los asumiría ni siquiera parcialmente, fiel a su ideología opuesta a los subsidios estatales.

La política ``social'' panista se puede sintetizar en la fórmula social y territorialmente excluyente, compartida con el PRI, de que ``viva en la ciudad quien pueda pagar los costos mercantiles reales de la producción de infraestructura y vivienda y la prestación de servicios esenciales''. ¿Qué haría el PAN con el resto, la mayoría, de la población urbana?.