SRE: ni tibieza ni acción tardía; inviable, acudir a La Haya, dice
David Aponte Ť El gobierno de México considera ``inviable'' recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para denunciar e impugnar la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, debido a que el gobierno de Washington no acepta la jurisdicción de ese tribunal, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Angel González Félix.
En referencia a las críticas de ``tibieza y acción tardía'' frente a la legislación estadunidense, el coordinador de Protección y Asuntos Consulares de la dependencia, Enrique Loaeza Tovar, manifestó que la cancillería ha actuado ``en forma inmediata'' respecto de los efectos que (la legislación) pudiera tener en la comunidad mexicana que reside y trabaja en Estados Unidos.
``Que quede muy claro que la acción del gobierno mexicano, el compromiso del gobierno mexicano, se ha ratificado de manera permanente y reiterada a lo largo de esta administración como seguimiento de una de las tradiciones más nobles de la política exterior, que es la protección y defensa de la dignidad y de los derechos de los migrantes mexicanos'', expuso.
Loaeza Tovar dijo a periodistas que desde la promulgación de la legislación --firmada por el presidente Bill Clinton el 30 de septiembre de 1996-- la SRE ``actuó en forma inmediata'' para informar al gobierno estadunidense la posición mexicana: el rechazo a la ley por el ``efecto e impacto'' en los migrantes mexicanos.
Por separado, el cónsul general de México en Los Angeles, José Angel Pescador Osuna, manifestó que frente a la ley antinmigrante, ``la más dura que se ha conocido en la historia de la migración de Estados Unidos'', los esfuerzos del gobierno mexicano han resultado insuficientes.
``La legislación que en este caso el Congreso de Estados Unidos aprobó, prácticamente se venía cocinando desde tres años atrás, en el ejercicio de su propia soberanía. Pero creo que refleja el consenso de buena parte del sentir (de la población) estadunidense. Si revisamos las encuestas que desde 1980 a 1995 se han hecho anualmente sobre lo que piensa la sociedad estadunidense de la migración indocumentada, no sólo los políticos, nos damos cuenta de que hay personas que decían que había que detenerla por razones de seguridad nacional'', indicó.
Sin embargo, las autoridades mexicanas pueden perfilar una estrategia para entender que la ley no obedece únicamente a cuestiones de carácter racista, informar oportunamente a la comunidad mexicana que no habrá deportaciones masivas y estar al tanto de otras legislaciones migratorias que pudieran aprobarse en los congresos federal y estatales, mencionó.
Pescador Osuna agregó que otro punto del plan mexicano sería el de difundir ampliamente las contribuciones de la mano de obra indocumentada mexicana (2.5 millones de personas) y de los documentados en la economía de Estados Unidos.
Por ejemplo, el producto interno bruto (PIB) de California en el rubro de la agricultura es de 25 mil millones de dólares anuales y el 90 por ciento de la mano de obra es mexicana, precisó.
En diversas entrevistas de prensa, el consultor jurídico de la SRE, Miguel Angel González Félix, detalló algunos aspectos de la legislación migratoria, fundamentalmente del capítulo tercero, que establece los procedimientos de exclusión de los extranjeros: la aplicación de este precepto no es retroactiva y la medida no tendrá vigencia en el interior del territorio estadunidense, sino en los puertos de entrada, en la frontera y los aeropuertos, señaló el funcionario.
Con este proceso, los elementos del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) podrán negar la entrada de extranjeros documentados a Estados Unidos, ``sin ningún tipo de audiencias previas y sin posibilidades de recursos legales. Este procedimiento lo establecen ellos como un sistema de carácter legal y es el proceso que atemoriza a muchos de nuestros connacionales'', explicó. Sobre la posibilidad de que autoridades mexicanas recurran a organismos, foros y tribunales internacionales para denunciar e impugnar la también denominada Acta de 1996, dijo que no es una alternativa viable, porque habría que agotar todos los recursos legales al interior de Estados Unidos.
Además, dijo, cualquier recurso jurídico internacional no prosperaría, debido a que el gobierno de Washington no acepta ni reconoce la jurisdicción de La Haya.