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Dentro de muy pocos días, el doctor Ernesto Zedillo tendrá una oportunidad dorada para demostrar la veracidad de las palabras que pronunció el jueves, en el centro ceremonial de Edzná, Campeche, cuando dijo: ``... nunca aceptaré, como Presidente de la República, que fuerzas extranjeras vengan a dictarnos leyes a los mexicanos''.
La aclaración es oportuna porque este fin de semana, o el lunes a más tardar, Zedillo firmará, para enviar al Congreso, el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Forestal, que protegerá el establecimiento de plantaciones comerciales de eucaliptos, y que fue dictada al jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Téllez Kuenzler, por el director de la maderera estadunidense International Paper, Edward J. Kobacker (véanse al respecto las entregas del tonto del pueblo aparecidas en este diario los sábados del pasado mes de febrero).
A escasos días del debate que se producirá en la Cámara de Diputados sobre el tema, al país le conviene tomar en cuenta las consecuencias políticas y económicas que traerá consigo, en caso de ser aprobada, la llamada Ley Téllez-Kobacker.
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Mañana, 6 de abril, según lo anunciaron hace días (La Jornada, 24/03/97), unas 5 mil personas, pertenecientes a más de 25 comunidades indígenas enclavadas en ocho municipios del Istmo de Tehuantepec, iniciarán una marcha a la ciudad de Oaxaca ``para exigir información detallada acerca de cada uno de los 42 proyectos detonadores'' que el régimen de Zedillo pretende imponer, a espaldas de los ciudadanos, en la franja más estrecha del territorio de México.
Elaborado en forma conjunta por los gobiernos de Oaxaca y Veracruz en coordinación con la administración federal, el ``Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec'' (que en adelante llamaremos ``transístmico'') sólo ha sido difundido entre sus posibles patrocinadores extranjeros, y puede sintetizarse en resumidas cuentas en los siguientes objetivos:
* Crear un puente ferroviario y carretero, entre Asia y Europa, * alternativo al Canal de Panamá.
* Desarrollar, a lo largo de la franja, un total de 117 proyectos, de * los cuales el 55 por ciento corresponde a Veracruz y el 45 por * ciento a Oaxaca.
* En Veracruz, el 73 por ciento de los proyectos serán productivos y * el 27 por ciento de infraestructura; en Oaxaca, la relación será de * 62 y 38 por ciento, respectivamente.
* El 45 por ciento de los proyectos productivos de Veracruz ``se * refieren al sector química y petroquímica'', y le siguen en * importancia (24 por ciento) los relativos al sector agroindustrial y * forestal (o sea, plantaciones comerciales de eucaliptos y * procesamiento de pulpa de madera para exportar).
* El 30 por ciento de los proyectos productivos de Oaxaca están * vinculados a la pesca, el 24 por ciento a la petroquímica, y en * tercer lugar (16 por ciento) los agroindustriales y forestales * (eucaliptos y pulpa de madera).
* El financiamiento de la inmensa mayoría de los proyectos provendrá de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá.
* Toda la infraestructura de la región --los puertos de Coatzacoalcos * y Salina Cruz, las carreteras, los ferrocarriles y las plantas * petroquímicas-- está en proceso de privatización en favor de * empresas estadunidenses, europeas, asiáticas y canadienses, a las * cuales se pretende atraer con la oferta de la eliminación de * impuestos.
* El megaproyecto transístmico afectará a 31 municipios de Veracruz y * 49 de Oaxaca, que tienen una población de casi 2 millones de * habitantes, y si todo sale bien, el número de empleos directos que * generará, a corto plazo, se estima en 12 mil 248.
* A cambio, México perderá toda forma de soberanía económica y * entregará el dominio estratégico del Istmo y del Sureste.
* Sin mencionar que, en esas regiones caracterizadas por la abundancia * de recursos naturales, vive la mayoría de los pueblos indios de * México y que éstos, por el hecho de encontrarse en pie de guerra * contra el macrodelirio del neoliberalismo, deberán ser exterminados * para que el actual ``gobierno'' culmine con éxito la * globalización.
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El examen de la ``Consultoría Maestra para el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec'', preparada por la firma ``Felipe Ochoa y Asociados'' para los gobiernos de Veracruz y Oaxaca y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de la cual el tonto del pueblo extrajo los datos anteriores, permite comprobar que las últimas privatizaciones impulsadas por el ``gobierno'' de Zedillo constituyen la tercera parte de un plan maestro, concebido conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para transformar a México en un simple territorio habitado no por ciudadanos sino por esclavos del mercado de trabajo.
La primera etapa la llevó a término, puntualmente, el gobierno de Miguel de la Madrid, y consistió en destruir las bases jurídicas, políticas y económicas del Estado nacional que fundó la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917.
La segunda etapa tuvo un carácter ``ejecutivo'', y le permitió al gobierno de Salinas de Gortari aprovechar --en beneficio de sus miembros y asociados-- las condiciones creadas por De la Madrid para el saqueo de los bienes nacionales tutelados por el Estado y, en consecuencia, para el desmantelamiento del Estado mismo.
Pero De la Madrid y Salinas de Gortari utilizaron toda la fuerza del Estado para acabar, precisamente, con la fuerza del Estado. Gracias a sus últimos dos ex presidentes, México renunció a la capacidad de decir ``no'' a las grandes potencias extranjeras. Para ello, De la Madrid gobernó contra la clase obrera y contra la industria, arrasando la vieja planta fabril del país que, en todos los estados del norte, fue remplazada por las maquiladoras.
Salinas de Gortari, a su vez, gobernó contra los campesinos, les arrebató la certeza sobre la tenencia de la tierra, y destruyó la ganadería nacional y las más importantes ramas de producción agropecuaria. Su mandato formal, como llamada de atención, terminó con una rebelión indígena en Chiapas.
Hoy, con el norte de México reducido a un mera plataforma donde japoneses, europeos y estadunidenses llegan en busca de mano de obra barata, joven, sin derechos sindicales, que sea capaz de ensamblar sus productos y enviarlos al mercado de Estados Unidos, el neoliberalismo, a través de Zedillo, se dispone a convertir la otra mitad del país en un enclave propicio al saqueo de recursos tales como el agua (para exportar electricidad) que abunda en el sureste, la madera (para exportar papel) a cambio de la producción de alimentos, el petróleo (que ya privatizará el sucesor de Zedillo), etcétera.
Este parece ser el designio de los tiempos, en vísperas del año 2000. Pero, ¿acaso el tema no amerita que lo pensemos con detenimiento?
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Entre las organizaciones de comuneros y ejidatarios de los bosques naturales de México, entre los pequeños propietarios forestales (dueños de bosques privados), e incluso entre los grupos de ecologistas, me dice el tonto del pueblo, la secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias Lillo, ha logrado consensar el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Forestal.
Sin embargo, el único punto que no ha obtenido la aprobación de los sectores ligados al manejo y explotación del bosque es, precisamente, el que se refiere a las plantaciones comerciales de eucalipto.
Buen indicio de ello es el documento que la Asociación Nacional de Plantadores Forestales (Anaplan) envió a los diarios el pasado martes primero de abril. Según este documento (La Jornada, 2/04/97), ``las plantaciones forestales comerciales generarán inversiones durante los próximos 25 años por un monto de 101 mil 500 millones de pesos y 332 mil empleos directos e indirectos'', así como ``divisas por 28 mil 500 millones de pesos, si el gobierno federal otorga incentivos fiscales directos de hasta 65 por ciento''.
Esto, en otras palabras, es exactamente lo que solicitó míster Kobacker, a nombre de International Paper, en la ahora famosa carta que le mandó, en junio de 1995, al doctor Luis Téllez Kuenzler. Y esto, ni más ni menos, es lo que otorgará el presidente Zedillo, toda vez que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 se contempla una partida de 200 millones de pesos para ``estimular'' las plantaciones de eucaliptos y de 40 millones de pesos (anunciada el jueves por Zedillo en Campeche) para la protección de los bosques naturales.
En vista de la importancia que las plantaciones de eucaliptos guardan en el esquema del megaproyecto transístmico, y dado el entusiasmo que este negocio ha despertado entre los grandes latifundistas del sureste, no hay elementos para pensar que Zedillo pudiese estar dudando al respecto. La decisión se tomó --bajo la forma de un compromiso con International Paper-- hace mucho tiempo. La pregunta es: ¿qué va a hacer la sociedad mexicana?
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La aprobación de la nueva Ley Forestal --o Ley Téllez-Kobacker-- significará la muerte de los acuerdos de San Andrés. Para que los inversionistas de Estados Unidos, Europa y Japón desplieguen sus recursos en el Istmo de Tehuantepec, o para que International Paper y los latifundistas asociados a ella se entreguen a la alegre tarea de sembrar eucaliptos en un área de hasta 18 millones de hectáreas que nunca servirán ya para ninguna otra cosa, los acuerdos de San Andrés sobre la soberanía de los pueblos indios representan un claro obstáculo.
A menos, claro está, que el procedimiento se cumpla al revés. Es decir, que los acuerdos de San Andrés entren a formar parte de la Constitución mexicana, fortalezcan los derechos de los pueblos indios y creen un marco legal adecuado para que los pueblos indios discutan con las grandes empresas extranjeras sobre los proyectos del Istmo de Tehuantepec y del sureste, y decidan soberanamente si éstos les convienen o no. Eso, en otras regiones del mundo, se llama democracia. Pero la pregunta que subsiste es: ¿qué vamos a hacer?
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Zedillo intentará aprobar la nueva Ley Forestal antes del 30 de abril, porque hasta esa fecha dispondrá de la mayoría legislativa que hoy tiene. Lo prudente, pues, es lograr que la Cámara de Diputados posponga la votación hasta después de las elecciones del 6 de julio. Y que los partidos y candidatos que crean en los beneficios del eucalipto y en las bondades del megaproyecto del Istmo lo digan claramente y lo expongan como oferta electoral. Eso también sería democrático.
México --espero haberlo demostrado líneas arriba, dice el tonto del pueblo-- es víctima de los caprichos de un grupúsculo irresponsable que pretende modificar radicalmente la estructura política y económica del país sin tomar en cuenta a los mexicanos, que llevamos más de 15 años pagando en carne viva las consecuencias. Es el momento de reflexionar, todos, y decir, todos, en voz alta, lo que pensamos al respecto. No estaría mal que emuláramos a los pueblos de Oaxaca que mañana marcharán para exigir que alguien sea tan amable de decirnos hacia qué clase de futuro creen que nos llevan.
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A partir de hoy, el buzón electrónico del tonto del pueblo [email protected]