Las relaciones entre países vecinos nunca han sido fáciles, no pueden serlo, menos aún cuando existen diferencias económicas, sociales y culturales, como las que separan a México de Estados Unidos. La historia de las guerras, es, en mucho, la historia de las relaciones entre países vecinos.

Sabemos y conocemos la vocación y la naturaleza de Estados Unidos, explicitada en la afirmación de uno de sus hombres de Estado: ``Nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses'', por ello no debiera sorprendernos la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración, con todos sus efectos paralelos de corte racista.

De hecho, es posible entender la preocupación y molestia de amplios sectores de la sociedad estadunidense ante la invasión real de oleadas de trabajadores mexicanos que llegan a competir con ellos por espacio, por servicios y por empleo. Lo que a esos sectores les resulta ajeno, por ignorancia o por conveniencia, es que esas oleadas no son sino el resultado directo de acciones emprendidas y patrocinadas por el gobierno y los altos círculos financieros de su país, que utilizando su enorme poderío económico han logrado succionar una parte importante del patrimonio de México, contando para ello con la complicidad de malos mexicanos dispuestos a malvenderlo todo, la soberanía incluida, si pueden obtener un beneficio personal a cambio.

Son millones los migrantes mexicanos que se han visto forzados a dejar sus tierras, sus formas de vida, sus familias y sus muertos, para buscar el trabajo y el futuro que se les ha esfumado, mientras los recursos de la nación eran empleados para pagar deudas que no son nuestras, que no contrajimos y que no nos benefician en modo alguno.

La situación es injusta, lo es para los mexicanos que se fueron buscando el bienestar que aquí les fue prometido pero no cumplido; lo es para la sociedad mexicana que vive en México y que tendrá de regreso pronto a dos millones, o a uno, o a medio millón (quién sabe cuántos) con los que tendremos que compartir nuestra pobreza, y es también injusta para los estadunidenses pobres, que ven amenazados sus salarios y sus empleos.

Pero no se trata de un problema de justicia, sino de algo más simple. Se trata de intereses, ellos tienen los suyos, nosotros los nuestros; reconocerlo nos debiera llevar a actuar en consecuencia. Me atrevo a afirmar que en la lógica de los estadunidenses nos reconocen como vecinos, más no como enemigos; nos han vendido la idea de que somos sus socios, pero prefieren vernos y tratarnos como sus siervos, establecer una relación de dominación-servidumbre. La entrada en vigor de su nueva ley de inmigración lleva el propósito de asestar un golpe en esa dirección y observar nuestra voluntad y capacidad de respuesta. ¿Qué tanto la sociedad mexicana puede y quiere defenderse y responder? No hacerlo es aceptar nuestra servidumbre y lo que ello implicará para el futuro.

La sociedad mexicana está molesta, todos estamos siendo afectados en forma individual y en conjunto. ¿Pero qué tanto podemos articular nuestras acciones? Con nuestro gobierno no contamos, esto resulta obvio, no puede y quizás tampoco quiere. Los estaduni- denses le tienen tomada la medida; ellos saben que el gobierno de Zedillo carece de sustento popular, al igual que lo sabemos nosotros, ellos saben que no cuenta con el respaldo ni del 10 por ciento de la población, por lo que esperar el liderazgo del Presidente en una acción de esta naturaleza resultaría inútil.

Durante los últimos días, diversas voces han propuesto un boicot a los productos generados en Estados Unidos y a los comercios de origen estadunidense, y muy especialmente a los de California. Las acciones de este tipo pueden producir efectos que los estadunidenses entiendan, y pronto.

La sustitución de productos estadunidenses por mexicanos es lo menos que podemos hacer, para convencerlos de que deben cambiar su trato; nuestra capacidad de compra, aun en las condiciones de pobreza en que nos han puesto, constituye seguramente la mejor arma de defensa. Por ello me uno de manera entusiasta a la propuesta de boicot, y me pregunto si Alianza Cívica, con su enorme capacidad de convocatoria y organización en todo el país estaría dispuesta a participar en la articulación de una movilización social de este tipo, y me lo pregunto también de El Barzón y de otras organizaciones nacionales. Si algo tienen que decirnos, háganlo enviando su mensaje al fax de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica (543-34-38 en México, Distrito Federal). Es urgente.