Incompetente, la CNDH en el caso del examen único
Claudia Herrera Beltrán Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se declaró incompetente para responder a las quejas de padres de familia inconformes con el examen único de ingreso al bachillerato aplicado en 1996. El organismo argumentó que en el fondo de la protesta está la cuestión del derecho a la educación y que no le corresponde interpretar las disposiciones constitucionales.
En la respuesta que la CNDH hizo llegar el pasado 24 de marzo a padres de familia, estudiantes y maestros agrupados en la Coalición Trilateral en Defensa de la Educación Pública, señaló además que ``no debe confundirse el derecho a la educación con el derecho de acceso a las instituciones de educación media superior y superior''.
Sin embargo, el organismo planteó la necesidad de que las dos instituciones con mayor demanda, la UNAM y el IPN, formulen propuestas de solución al problema que se presenta cada año por la falta de lugares para los alumnos que desean ingresar a esos centros educativos.
El profesor de la UAM, Hugo Aboites, y otros integrantes de la coalición --conformada por varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sindicatos universitarios-- ofrecieron una conferencia de prensa en la que consideraron que esta decisión resta credibilidad a la comisión, encabezada por Mireille Roccatti, y deja indefensos a los que aspiran a estudiar más allá de la secundaria.
En un oficio, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, consideró que el derecho humano al acceso a la educación superior no fue violado en el pasado proceso de selección por el hecho de que ``9 por ciento (de los aspirantes) se inconformó, dado que los lugares disponibles no correspondían a la modalidad que ellos deseaban, o bien porque el centro educativo al que se les asignó no era el más cercano a su domicilio''.
Guadarrama justificó dicha resolución diciendo que el bachillerato y la educación superior, tanto en el marco constitucional de México como en el internacional, no son obligatorias y por lo tanto, no se puede exigir al Estado que otorgue el ingreso a este nivel educativo a todo aspirante interesado.
Pese a que el organismo se declaró incompetente para calificar como adecuado o erróneo el proceso de selección realizado en 1996, hizo un balance del mismo y lo calificó como ``positivo'' al señalar que no obstante la falta de lugares para estudiar bachillerato y licenciatura los pocos que existen se distribuyen.
Al no tomar en cuenta algunas quejas y justificarse con argumento discutibles, agregó Aboites, la CNDH sólo buscó avalar ``la imposición arbitraria de nuevos requisitos improcedentes, como el caso de la edición 1997 del examen único''.
Para la CNDH, según Aboites, el joven no tiene un derecho definido a recibir educación media y superior, ni tampoco lo tiene a un procedimiento de evaluación y selección libre de violaciones a los derechos humanos.
En su oficio, la institución dijo que no estaba habilitada para opinar sobre la Constitución (sobre los artículos 3 y 5), ya que esa labor le compete en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aboites señaló que ese argumento es improcedente porque en la queja los padres de familia no sólo plantearon la violación al derecho constitucional a la educación y al trabajo, sino también quejas específicas sobre el procedimiento del examen que, en opinión de los afectados, es discriminatorio en términos de género, posición socioeconómica, culturas distintas y escuela de procedencia.
Acerca de las protestas contra la intervención de una empresa privada, como el Ceneval, en el proceso de selección, la CNDH defendió el derecho del Estado a recurrir a la sociedad en el desarrollo del cumplimiento del proceso educativo, delegando en los particulares la impartición de la educación en todos los tipos y modalidades.
En 30 años, manifestaron los miembros de la coalición, la matrícula de la UNAM no ha crecido como se requiere, mientras los alumnos inscritos en instituciones privadas de educación superior han aumentado más de 20 por ciento.
Los padres de familia y maestros advirtieron que el organismo se contradice porque primero consideró que el acceso a las instituciones de nivel bachillerato debe depender de la capacidad y los méritos académicos del aspirante y luego indicó que la selección del año pasado no se fundó nada más en ese aspecto, sino en el orden en el que el solicitante hizo la lista de opciones.
Advirtieron que el organismo nacional defendió el examen único de ingreso al bachillerato, al sostener que se tomó una buena solución cuando se ofrecieron becas a los aspirantes inconformes para continuar sus estudios en instituciones privadas, hecho que según los inconformes hace del examen un mecanismo de transferencia de estudiantes a escuelas particulares y evade la ampliación de los espacios educativos en instituciones públicas.