La ley migratoria, amenaza a la libertad: NYT
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 4 de abril Ť Un juez federal estadunidense negó hoy la solicitud de un grupo de derechos civiles para emitir un fallo de emergencia a fin de detener la implementación de la nueva ley de inmigración, pero sí aceptó evaluar más detenidamente el recurso legal contra la legislación el próximo mes.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentaron esta semana ante una corte federal que los procedimientos para la aplicación de la ley de inmigración, que entró en vigor el primero de abril, no advertían de forma adecuada a los que buscan ingresar a Estados Unidos de su derecho de solicitar asilo político. El grupo de derechos civiles solicito que el juez Emmet G. Sullivan emitiera una ``orden temporaria de restricción'', que hubiera prevenido la entrada en vigor de una parte de la ley para poder asegurar que nadie que tuviera derecho al asilo fuera injustamente deportado.
Pero el juez Sullivan dijo hoy que no estaba convencido de que el recurso legal mereciera un fallo favorable inmediato y citó a las partes a una audiencia para considerarla de nuevo el 22 de mayo. Danny Lee, vocero del ACLU, dijo que su organización presentará un caso más detallado en mayo, pero también insistió en que varios grupos de derechos civiles tienen la intención de seguir presentando recursos legales para desafiar varias partes de esta ley. ``Estamos planeando una serie de desafíos constitucionales más grandes frente a la ley de inmigración'', afirmó Lee a La Jornada
Asimismo, el diario New York Times criticó en su editorial de este viernes la nueva ley y advirtió que ``constituye una amenaza para la libertad de todos los estadunidenses''. Afirmó que fue aprobada ``gracias al respaldo político ganado atacando a un grupo impopular. Históricamente, así comenzaron otras restricciones de mayor alcance contra los derechos civiles''.
Sin embargo, la primera semana de protestas y desafíos legales contra la ley no logró obstaculizar su implementación, y hoy Greg Gagney, vocero del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), dijo que su puesta en vigor está procediendo ``bastante bien''. En entrevista con La Jornada, Gageney indicó que el SIN todavía no contaba con estadísticas específicas sobre la implementación de la ley, pero afirmo que el gobierno ha utilizado exitosamente los procedimientos de ``remoción expedita'' de aquéllos a los que se les niega permiso para ingresar al país
Opositores de la nueva ley han criticado en particular las medidas que autorizan a los agentes del SIN para no permitir la entrada a viajeros con documentos inapropiados ni ofrecerles la oportunidad de una audiencia ante una corte de inmigración. Es- tos procedimientos de ``exclusión expedita'', afirman los opositores, podrían resultar en que algunos inmigrantes sean regresados a la frontera sin ser informados de sus derechos para solicitar asilo.
Anteriormente, todo inmigrante al que se le negaba la entrada tenía la opción de una audiencia ante un juez de inmigración para evaluar su caso. El vocero Gagney dijo que en todos los casos donde hay duda sobre un individuo, los agentes están obligados a referir a esa persona a una segunda entrevista con un agente con más experiencia
Pero un funcionario del SIN que pidió no ser identificado, advirtió que no debería sorprender a nadie que la nueva ley resultará en la ``exclusión'' de más personas. ``Está diseñada para desalentar a que la gente ingrese de forma ilegal'', dijo este funcionario. ``Y está diseñada para inducir a los que se encuentran aquí ilegalmente a que ajusten su estatus o abandonen el país''
Esto es precisamente lo que deseaba hacer el Congreso al aprobar esta ley, y hoy el presidente de la Cámara sugirió que el Capitolio podría proseguir con el tema. Al proponer una reforma al Servicio de Ingreso Interno (IRS, la agencia encargada de reacaudar los impuestos federales), Newt Gingrich indicó hoy que el Congreso podría buscar una reducción de un 60 por ciento del personal del IRS y trasladar los ahorros a la Patrulla Fronteriza.
El representante republicano sostiene que actualmente hay 110 mil agentes del IRS, comparados con los 5 mil 400 de la Patrulla Fronteriza y los 7 mil 500 de la DEA. ``El gobierno federal no puede detener a los inmigrantes ilegales, no puede detener a los narcotraficantes, pero puede hacer auditorías de cada pequeño negocio en Estados Unidos'', dijo.