Amparo a 60 enfermos de sida; ordena el juez darles fármacos

Gustavo Castillo García Ť El juez noveno de distrito en materia administrativa, Carlos Ronzón Sevilla, falló en favor de 60 enfermos con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que se ampararon en contra de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de Prevención y Control del Sida (Conasida), por haberles retirado el suministro de fármacos desde diciembre pasado.

Según el juez, los funcionarios demandados, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Salud, y Patricia Uribe Zúñiga, del Conasida, violaron el artículo cuarto constitucional y el denominado Protocolo Humanitario o Compasivo, por el cual los enfermos de sida deben recibir atención médica.

La sentencia obliga, tanto a la Ssa como a Conasida, a proveer los medicamentos necesarios a los enfermos de sida que interpusieron el amparo.

El juicio forma parte de 13 peticiones de amparo interpuestas por un total de 140 personas enfermas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida contra de las autoridades por la misma causa.

La sentencia al juicio de amparo 1-167/97 --de la cual La Jornada posee una copia--, destaca que las autoridades ``no aportaron elementos de convicción que demostraran que continúan proveyendo las medicinas necesarias a los quejosos, por lo que necesariamente debe tenerse como cierto el acto reclamado''.

De igual manera, considera que la violación al artículo cuarto constitucional se fundamenta en que ``toda persona debe tener derecho a la protección de la salud'', y ``tomando en consideración que por el solo hecho de que los quejosos son personas que necesitan determinados medicamentos para el adecuado tratamiento de su salud y que el Estado está obligado a protegerla, por virtud de la garantía constitucional aludida, se estima entonces que ese derecho debe protegerse a través del otorgamiento'' del amparo solicitado.

Agrega que las autoridades demandadas deben proveer de los medicamentos a los demandantes ``pues de negar dicha medida cautelar se permitiría que se atentara contra bienes jurídicos fundamentales de los quejosos, como lo son su salud y hasta su vida''.

Las denuncias fueron presentadas por integrantes del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH el pasado mes de febrero, luego de que Conasida y la Ssa suspendieran el suministro de medicamentos antivirales a más de 140 personas que participaban en dos de los llamados protocolos que eran manejados por esas dependencias.

El primero de ellos, denominado Protocolo Humanitario, incluía a 60 personas entre niños, mujeres y hombres de escasos recursos que no cuentan con Seguro Social, a los cuales se les suministraban medicamentos como el AZT y el DDI desde 1995, y que fueron quienes obtuvieron una sentencia favorable a su demanda.

Asimismo, otro grupo de más de 100 personas, que formaban parte del Protocolo de Investigación, instalado desde 1992 en el Conasida, también inició juicios de amparo en contra de las medidas adoptadas por la Ssa y Conasida.

La sentencia sienta un precedente jurídico, por lo cual se espera que el resto de los amparos sean resueltos de manera favorable, aseguró un integrante del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH.