Buena parte de la discusión pública sobre la nueva Ley de Inmigración de Estados Unidos ha tendido a plantearse como una cuestión de malos contra buenos, o de ricos contra pobres. La verdad es que en general no hay suficiente información acerca de los alcances de la ley, es decir, a quién afecta, en qué condiciones y cuántos mexicanos estarán sujetos a su aplicación.

Por otra parte, tampoco es suficiente la información de lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para enfrentar el conflicto que provocan las nuevas disposiciones migratorias. Por ello genera la impresión de que no se tiene una política bien definida y consistente para administrar la relación con el país más poderoso del mundo en un marco de cada vez mayor complejidad y tensión.

Recientemente la SRE ha estado en el centro de varias disputas con Estados Unidos, entre ellas: el préstamo de emergencia para enfrentar la devaluación de fines de 1994, los casos de los detenidos y deportados por delitos de narcotráfico, la Ley Helms Burton, los problemas con los trabajadores migrantes en la frontera y la certificación en la lucha contra las drogas. En estas cuestiones el trabajo de la SRE no siempre ha sido claro para la opinión pública, y no se tiene una imagen precisa de cómo se resuelven o se administran los problemas. La SRE debería intentar generar un mayor convencimiento de que existe efectivamente una serie de principios que rijen las relaciones externas y sobre todo aquella con Estados Unidos. El caso de los trabajadores migratorios no es, por supuesto, un asunto menor. Desde el punto de vista de la administración pública, esa migración tiene una expresión económica muy evidente en la forma en que compensa la falta de capacidad de crear empleo y de generar ingresos que padece la economía. Además de que significa una entrada de divisas de más de 4 mil millones de dólares al año, cifra muy relevante en términos de las magnitudes de la balanza de pagos del país.

Con ello ha servido también como factor de contención política. Piénsese solamente en el escenario de una repatriación masiva de mexicanos y sus efectos en las actuales condiciones económicas y en el periodo electoral por el que atraviesa el país.

En esta administración, el trabajo de la SRE se ha planteado desde una posición pragmática que quiere sustentarse en la eficiencia de sus acciones. La eficiencia es, sin duda, una de las medidas del trabajo del gobierno. Pero hay diversas formas de ejercer el pragmatismo en la conducción de las relaciones del gobierno con otros países. El pragmatismo requiere de líneas firmes, comprensibles y, sobre todo, que sean creíbles con base en los resultados --deseables o posibles-- que se obtienen.