La reacción contra las actuales modificaciones legislativas estadunidenses ha abarcado a muchos sectores de nuestro país. Una de las causas es la posibilidad de deportaciones masivas de mexicanos, que incidirían en un aumento del desempleo de este lado de la frontera.

Hay otra, menos evidente pero segura, al no depender de cómo se den las deportaciones: el despojo, en perjuicio de muchos mexicanos residentes en Estados Unidos, de prestaciones sociales, aun si su estancia en ese país es con documentos y plenamente legal. Esto último obligará a estos mexicanos a pagar, por los servicios ahora negados, a precios de mercado, y por lo mismo les quedará menos para enviar a sus familiares en México. Si consideramos la importancia de esos envíos en la balanza mexicana de divisas, veremos que los afectados no son sólo estos familiares.

Entre los elementos que se conjugaron para que se llegara a esta situación, está la forma como se negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a diferencia de lo sucedido con el proceso que se ha dado en Europa, por ejemplo. En la ahora Unión Europea, no sólo se pactó el libre movimiento, entre los países miembros, de mercancías y de capitales. También se pactó el libre movimiento de las personas, en especial para trabajar en otros países miembros.

Este mostró ser un complemento importante del libre movimiento de mercancías y capitales. Este último generaba un aumento del desempleo en los países menos desarrollados de Europa, por ejemplo España. Pero, en compensación, una parte de los desempleados españoles podía encontrar trabajo, por ejemplo, en Alemania. Nada parecido se negoció aquí.

Inicialmente, la política monetaria de mantener un dólar barato permitía que la diferencia entre lo que podía ganar un mexicano de uno u otro lados de la frontera, si bien no quitaba el atractivo a la emigración hacia el norte, tampoco lo hacía tan indispensable para tanta gente. Como es sabido, esa política no era sostenible, vinieron las grandes devaluaciones desde diciembre de 1994, y la economía mexicana entró en crisis.

Con esta situación, los móviles para emigrar al norte se multiplicaron: más desempleo, menos ingreso real en México y, por si fuera poco, el dólar, ahora caro, resultaba cada vez más atractivo. Incluso lo que allá sería un salario muy bajo en términos del promedio del vecino país, multiplicado por seis, y luego multiplicado por ocho, resultaba en muchos pesos para el momento de regresar o de mandar dinero a los familiares. Al mismo tiempo que la economía empujaba a muchos mexicanos hacia el norte, en la frontera se multiplicaban las bardas, los policías fronterizos y las medidas contra los inmigrantes. Ahora, por primera vez en todo este proceso, una legislación afecta, también, a los emigrantes documentados y plenamente legales.

Entre las medidas a adoptar ante esta situación, está, como se ha empezado a señalar, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uno de los elementos clave de esta revisión está en el movimiento de la fuerza de trabajo a lo largo de las fronteras. Tal vez no sea fácil llegar a los niveles europeos que hemos mencionado, pero por lo menos deben darse pasos en ese sentido. En periodos anteriores había cuotas del número de mexicanos que podía pasar a trabajar al otro lado de la frontera.

La parte mexicana debe tener la audacia necesaria para plantear el problema. La parte estadunidense --la canadiense no parece haber puesto objeciones a tratar en el asunto-- debe comprender que tiene más problemas si genera tensiones migratorias a ambos lados de la frontera, tratando de frenar por la fuerza lo que induce por la vía económica, que si se buscan soluciones entre las partes involucradas.