En conclusión, lo que mueve a la integración estadunidense no son ni las ventajas reales o supuestas que toda apertura comercial conlleva, sino, más bien, la existencia de áreas críticas, densas, en las cuales priva la interdependencia y un interés compartido por hacer converger mínimamente prácticas nacionales. En otras palabras, si ha habido integración en el área comercial y financiera en América del Norte, es porque se ha considerado más benéfico pactar una regulación trilateral de las mismas que seguirlas administrando con criterios estrictamente nacionales. Si esto es así, resulta sorprendente que el TLCAN ignore completamente otras áreas igualmente críticas, en las cuales también prevalece la interdependencia compleja. Este es el caso de las políticas monetarias. Los llamados ``errores de diciembre'' han hecho patente cuán vulnerable es la economía mexicana a la desregulación y globalización de los mercados financieros, ancla del TLCAN.

Y sin embargo, se le pide y exige al país que sean el Banco de México y la Secretaría de Hacienda los únicos responsables del equilibrio macroeconómico. Lo mismo sucede con el mercado de ``ilícitos'' que une a los tres países, sobre todo a México y Estados Unidos. Es el caso del tráfico de órganos humanos, menores de edad, narcóticos y mano de obra. Y Estados Unidos insiste en que dichos mercados, a pesar de generar riesgos y costos comunes, se sigan administrando por medio de políticas nacionales, como recientemente el embrollo de la certificación unilateral de Washington a la política antinarcóticos de México lo hizo ver.

Urge, por consiguiente, que al igual que en el área de comerciao de bienes (lícitos) e inversiones, exista una convergencia trilateral de políticas regulada y monitoreada por mecanismos que aseguren la neutralidad de su administración.