Tan irreflexiva la gestión del Consejo General del IFE para obtener el respaldo político de la Secretaría de Gobernación a los acuerdos del organismo, como precipitado el apoyo ofrecido por el titular de esa dependencia del Ejecutivo Federal. La decantada autonomía de la instancia superior en materia electoral ha sido puesta en entredicho por quienes más comprometidos están a despejar suspicacias acerca de una tutela gubernamental que pudiera permanecer subyacente.
Los errores no se subsanan con nuevos dislates. El Consejo General emitió un ``exhorto'' dirigido a los gobiernos federal, estatales y municipales, con el fin de que, durante un lapso de 30 días anteriores al 6 de julio del presente año, se abstengan de divulgar los resultados positivos que obtuvieren en sus programas de bienestar social.
En el lenguaje forense, un exhorto es la comunicación dirigida por un juez a otro de su mismo rango para que practique, en su lugar, una diligencia que el primero no está en condiciones de efectuar por sí mismo. Es una petición entre iguales, e implica respeto a la autoridad que cada uno ejerce en su respectiva jurisdicción territorial. Ningún juez podría librar un exhorto si careciese de facultades para hacer lo que pide el otro.
Todo esto omitieron considerar los consejeros electorales cuando bautizaron de esa peculiar manera a una petición para varias autoridades a la vez. El Consejo General del IFE no tiene facultades de la misma naturaleza que las legalmente atribuidas a las instancias de gobierno a las cuales se dirige. Por si fuera poco, tampoco les ha solicitado la realización de un acto positivo, sino que dichas autoridades dejen de ejercer una de sus funciones.
Ahora bien. Ese aspecto formal es el menos delicado en este asunto. El Consejo General del IFE pretende que todos los gobiernos instituidos en el país ignoren durante 30 días las garantías consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Resumiré algunos ejemplos que pueden ilustrar sobre las implicaciones de este sensacional acuerdo:
1. A partir del próximo 6 de junio, ninguna de las acciones correspondientes a los programas en materia de salud, educación, vivienda y asistencia social, será objeto de divulgación por parte de las instituciones oficiales. Pero no es factible impedir, sin violar la libertad de expresión y el derecho a la información, que los medios impresos o electrónicos publiquen, de propia iniciativa, reportajes sobre obras realizadas o programas de beneficio colectivo que consideren de interés para su público. ¿Debe el gobierno establecer un círculo impenetrable alrededor de los espacios donde lleve a cabo las acciones que, a pesar del acuerdo del IFE, está obligado a realizar? Si la información llega a ser publicada, ¿deben las instituciones oficiales negarla y desmentir a sus autores?
2. Los gobiernos no podrán divulgar que están cumpliendo sus programas de beneficio social, pero los partidos políticos y los candidatos no asumen ninguna obligación al respecto. Los que fincan sus estrategias en la crítica antigubernamental por real o supuesta negligencia en la atención a las necesidades populares, podrán redoblar sus imputaciones a sabiendas de que el gobierno acusado, según el IFE, debe permanecer callado. Podrán actuar con notorias ventajas. ¿Así es como el Consejo General entiende el concepto de equidad en la competencia electoral?
3. En el escenario descrito, lo más probable es que el partido político vinculado con un gobierno acusado de no resolver las carencias populares en materia de salud, vivienda, asistencia social, etcétera, asuma la defensa de los programas realizados o en vías de realización. Inclusive, es razonable suponer que lo haga, por conveniencias de estrategia electoral, aun antes de que se produzcan los ataques de sus adversarios. ¿Dictará el Consejo General un nuevo acuerdo que prohíba a los partidos y candidatos referirse, positiva o negativamente, a los programas de bienestar social? ¿Una nueva restricción a la libertad de expresión?
Basta por ahora. El secretario de Gobernación aceptó atender el ``exhorto'' del Consejo General del IFE. Falta que también lo convaliden 31 gobiernos estatales y más de 2 mil ayuntamientos. A menos que el sistema federal y el régimen de municipio libre hayan quedado también en suspenso por virtud del democrático acuerdo de los señores consejeros electorales.