Impunes, 96% de los delitos que se denuncian al MP: De la Barreda

Alonso Urrutia Ť La ineficiencia con que operan las corporaciones policiacas ha alcanzado niveles tales que la impunidad de los delincuentes alcanza 96 por ciento en las averiguaciones previas que inicia el Ministerio Público, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda Solórzano.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el ombudsman capitalino se refirió a la mala preparación de los policías: ``México es el único país donde en enfrentamientos a tiros mueren más policías que presuntos delincuentes''. El rescate del Instituto Técnico de Formación Policial es inaplazable, aseveró.

Censuró que el abandono de la capacitación a policías haya obligado a utilizar los campos militares para tal efecto. En recorridos para dar testimonio de la preparación ``nos quedamos estupefactos al saber que muchos de ellos jamás practicaban el tiro al blanco ni habían aprendido las técnicas de defensa personal''.

Durante la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria del senador Heberto Castillo, cuya trayectoria fue reseñada brevemente por el perredista Iván García Solís, quien señaló que el veracruzano fue un político víctima de los abusos del sistema contra los derechos humanos, cuando no había instancias oficiales de defensa.

Al responder a las preguntas de perredistas sobre hostigamiento e intimidación a dirigentes sociales, De la Barreda dijo que ``era un hecho inaceptable, provenga de una autoridad o de un grupo de corte fascista. Esto merece la condena''. Dijo que la actuación de la CDHDF ha sido buscar que las autoridades protejan a los líderes amenazados.

La fracción panista le preguntó sobre los excesos de autoridad en materia electoral y la fiscalización de autoridades sobre la militancia de los ciudadanos. Respondió que aun cuando en este renglón prácticamente no hay facultades, por el carácter de la queja podría incurrir en otra actitud que pudiera calificarse como abuso de autoridad contra la cual sí es posible intervenir.

A su vez, la fracción priísta a través de Cristina Alcayaga, aseveró que la reforma del Estado debe tener como una de sus orientaciones la garantía del cumplimiento de los derechos humanos de la población.

El panista Salvador Abascal aseveró que las facultades de la CDHDF aún son reducidas y planteó que en derechos humanos faltan muchas materias en las que se debe incidir, además de su cumplimiento. ``La pobreza y la ignorancia son los principales enemigos de la cultura de derechos humanos y su vigencia''.

En el último informe que rinde a la ARDF, De la Barreda dijo que desde que llegó al cargo se emitieron 40 recomendaciones, de las cuales se han cumplido 32, o sea 80 por ciento. Mencionó que ha quedado claro que la recomendación no es contra las instituciones, sino contra la negligencia de funcionarios.

Informó que la CDHDF ha atendido a 64 mil 476 personas y se abrieron 15 mil 934 expedientes de los cuales se ha concluido 99 por ciento. Agregó que en 73.6 por ciento de los casos las resoluciones fueron favorables a los quejosos y derivaron en la sanción de 686 servidores públicos. De esta cifra, se ejerció acción penal contra 74 y a 53 se les inició averiguación previa, además de que siete fueron condenados a prisión.

De la Barreda aseguró que la principal queja fue contra el otorgamiento indebido de servicios públicos, dilación en la procuración de justicia e irregularidades en la integración de las averiguaciones previas.

El ombudsman insistió que la tortura ha dejado de ser la principal causa de queja y hoy ocupa el lugar 31, con 48 denuncias, si bien sobre este delito se emitió una recomendación el año pasado. Dijo que por los casos denunciados se condenó a nueve años de prisión a un servidor público, se giraron cuatro órdenes de aprehensión, hasta ahora incumplidas y se iniciaron 18 averiguaciones previas.

Subrayó que el abatimiento de la tortura y el fin de la impunidad empiezan a ser realidades. Empero, ``abatir no significa eliminar, pues la tortura es uno de los aspectos más inquietantes y persistentes de la historia de la humanidad''. Más allá de las reformas de 1993 que sancionan la tortura, es necesario nuevas medidas administrativas, señaló.

Al referirse al incumplimiento de recomendaciones, aludió a la 1/96, motivada por el injustificado retraso en la aplicación de dos docenas de órdenes de aprehensión por delitos que incluyen hasta el homicidio.

De la Barreda afirmó que ``tenemos una policía que se ha distinguido lamentablemente por sus características negativas: impreparación, corrupción, ineficiencia, abusos cotidianos'', que se conjuga con el crecimiento de la delincuencia que rebasa la capacidad de los policías. Indicó que el problema de la inseguridad no es sólo policiaco, pues es preciso que se ataquen en profundidad los factores que propician la criminalidad, indicó.

Deploró las condiciones en que trabajan los defensores de oficio, lo que asoció al derecho de los ``inculpados pobres'' a tener una asesoría jurídica de calidad aceptable.

Asimismo, se refirió a la iniciativa de ley de la ARDF en cuanto a la prostitución, sobre la cual censuró la intención de crear un Instituto, al tiempo que destacó la necesidad de garantizar los derechos humanos de las prostitutas.