Frente común de cónsules de CA y México ante la ley migratoria de EU
De los corresponsales Ť Los cónsules de México en Nogales y Phoenix, Arizona, señalaron que entre los principales errores de la nueva ley de inmigración de Estados Unidos, el más evidente es que algunas sanciones a indocumentados se aplicarán en forma retroactiva, además de que continuarán las expulsiones ``sumarias'' sin la posibilidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
Por su parte, el secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Santibáñez Romellón, sostuvo que la reacción del gobierno mexicano frente a la aplicación de dicha legislación ``es tardía'', toda vez que se debió comenzar un proceso de cabildeo cuando esa ley era un proyecto.
En una reunión que tuvieron en Phoenix el fin de semana con el embajador Jesús Silva Herzog, los dos diplomáticos presentaron un informe de actividades de los consulados de México en Nogales y Phoenix y analizaron la ley de inmigración para asesorar a los mexicanos que se encuentran legal e ilegalmente en Estados Unidos para que cuenten así con elementos jurídicos suficientes al enfrentar un conflicto con el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de ese país.
Según informó el cónsul en Nogales, Roberto Rodríguez Hernández, los tres criticaron las ``expulsiones sumarias'', similares a las ``deportaciones voluntarias'' que constantemente realiza la Patrulla Fronteriza, cuando los agentes capturan a todos los indocumentados sin consultarles si desean regresar a México o ser puestos a disposición de un juez de migración o, si les preguntan, ``les siembran pánico''.
Al no quedar ficha del indocumentado, éste puede cruzar nuevamente la línea divisoria sin ser identificado. La diferencia con uno que sea deportado por un juez estriba en que éste ya no puede retornar a Estados Unidos ni siquiera legalmente, y si se arriesga y lo sorprenden, será sujeto a un proceso penal con condenas que van de seis meses hasta diez años de prisión, dependiendo del número de reincidencias.
De este lado de la frontera, en Nogales, Sonora, organizaciones defensoras de los derechos humanos en Arizona y Sonora dieron a conocer que el SIN mantiene la práctica de expulsar en forma separada y por distintos puntos de la frontera a padres e hijos y con varios días de diferencia, lo que propicia que muchos menores queden en el total desamparo.
Según las estadísticas del consulado en Nogales, a partir de este año son deportados mensualmente por la frontera de Sonora con Arizona mil 100 menores, entre ellos niños que no sobrepasan los cinco años. Las cifras de la Patrulla Fronteriza hablan de 66 mil 138 deportaciones voluntarias en ese mismo periodo, de las cuales 90 por ciento son de hombres adultos y el resto mujeres y menores de edad.
Rodríguez Hernández aclaró que ``no es la intención'' del SIN deportar a las familias por separado, sino una consecuencia de que los padres sean detenidos en un lugar y los hijos en otro, por lo que descartó que las autoridades estadunidenses incumplan el acuerdo bilateral firmado a finales de 1996 y con intenciones de ponerlo en vigencia a principios de este año, consistente en dar un trato preferencial a los niños que sean detenidos.
Proponen integrar al Tratado un capítulo de mano de obra temporal
En Tijuana, Baja California, Jorge Santibáñez Romellón señaló que aún existe la posibilidad de que el gobierno mexicano realice algo efectivo en defensa de los mexicanos en territorio estadunidense; por ejemplo, integrar al Tratado de Libre Comercio un capítulo en el que se considere un acuerdo de mano de obra temporal similar al del llamado Programa Bracero.
Al participar como orador ante el Grupo 21, conformado por empresarios de Tijuana, el investigador señaló que durante este año se llevará a cabo la reunión bilateral de análisis y evaluación del TLC, y ello representa una oportunidad para la parte mexicana de poner el tema migratorio sobre la mesa.
Afirmó que la nueva ley tiene una expresión de tipo ``exclavizante'' porque una de sus principales consecuencias es el abaratamiento de la mano de obra indocumentada en lugares como California. En México, concluyó, hace falta una política migratoria permanente que analice el fenómeno y no esté supeditada a las embestidas de legisladores en Estados Unidos.
A su vez el obispo de la diócesis de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, declaró que la nueva ley migratoria puesta en marcha hace una semana es una expresión egoísta que carece de sentido humanista, y puntualizó que la Iglesia católica está preparada para atender a connacionales víctimas de una eventual deportación.
Descarta la Secretaría de Trabajo un programa emergente de empleo
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla García, descartó la aplicación de un programa emergente de empleo en México, ante una eventual deportación masiva de mexicanos radicados en Estados Unidos, pues ``no se espera ningún flujo masivo de indocumentados''.
Al concluir una gira de trabajo por Pachuca, Hidalgo, el funcionario sostuvo que el gobierno mexicano no tiene noticia alguna acerca del posible éxodo de connacionales que pudieran verse afectados con la llamada ley 1996, que se aplicará gradualmente en los próximos cinco años.
Rescatan a un indocumentado
En la frontera de México con Laredo, Texas, mientras tanto, el Departamento de Bomberos, policías y agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron con vida a Raymundo Chávez, un jalisciense que fue arrastrado por las aguas del río Bravo cuando intentaba ingresar como indocumentado. Una vez revisado por paramédicos de Laredo, Texas, el connacional fue entregado a la corporación estadunidense, que procedió a su deportación por Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En la frontera sur del país, en tanto, el Instituto Nacional de Migración detuvo en la estación de ferrocarril de Huehuetán, Chiapas, a Enrique González Canales, quien manifestó ser originario de Kinswille, Texas, y que se internó de manera ilegal en el país, dio a conocer el delegado regional del instituto migratorio, Luis Morones. (Emilse Valencia, Jorge Alberto Cornejo, Carlos Camacho, Carlos Figueroa y la corresponsalía en Tapachula, Chiapas.