Propone el gobierno chiapaneco acuerdo de no agresión en Nixtalucum

Angeles Gutiérrez, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de abril Ť El gobierno del estado propuso a las autoridades priístas y a los desplazados de San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, una reconciliación y un acuerdo de no agresión basados en cinco puntos, entre los que destaca la agilización en el proceso penal de los 24 detenidos y el retiro de las fuerzas de seguridad.

El 14 de marzo, priístas y simpatizantes zapatistas, afiliados a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte (Ucizon), de la comunidad de San

Pedro Nixtalucum, tuvieron una desavenencia que desembocó en un enfrentamiento entre los cuerpos policiacos y los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En relación con los 24 indígenas detenidos, todos simpatizantes zapatistas, el gobierno estatal propone ``obtener información de la situación procesal para revisar cuántos pueden liberarse -bajo fianza o por desistimiento- y cuántos quedarían sujetos al proceso penal'', informó Mario Arturo Coutiño Farrera, director general de Gobierno del estado.

Cabe recordar que algunas de las cinco personas muertas durante el enfrentamiento eran hijos o familiares directos de los detenidos, todos militantes de la misma organización, por lo que los abogados defensores, organizaciones humanitarias y la propia Comisión Nacional de Intermediación (Conai) denunciaron que las detenciones fueron realizadas en forma arbitraria e indiscriminada en contra de los apresados, a quienes acusan de haber asesinado a sus familiares y compañeros.

En un segundo punto, el gobierno del estado propone hacer un inventario de las viviendas que fueron destruidas y de los bienes robados -todos propiedad de las 70 familias que tuvieron que abandonar la comunidad luego de los hechos- ``para saber qué se puede localizar y qué se puede reponer''. Plantea también un mecanismo de apoyo financiero, proyectos productivos y becas para las viudas y los hijos de los cinco campesinos asesinados.

Finalmente, el gobierno local propone el retiro de las fuerzas de seguridad -una de las condiciones de los aproximadamente 400 indígenas desplazados para retornar- ``en función del acuerdo de no agresión, debido a que su presencia obedece a la petición formal de una de las partes de la comunidad'', la priísta.