La Jornada 8 de abril de 1997

Sacan de su celda al vasco Cadenas; se ignora su paradero

Ana Salazar, corresponsal, y Jesús Aranda Ť El ciudadano vasco Oscar Cadenas Lorente, quien se encuentra en huelga de hambre desde el pasado viernes, cuando se enteró de la resolución judicial que dictaminó su extradición a España, fue sacado ayer del módulo ocho que ocupaba en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, informó su abogada Pilar Noriega, quien denunció que esta acción se suma a las irregularidades jurídicas cometidas en contra de su defendido.

En tanto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación aseguraron que hasta ayer martes no habían recibido la notificación oficial del juez segundo de distrito en materia penal, Armando Báez Espinosa, quien concedió la extradición de Cadenas, acusado por las autoridades españolas de pertenecer a la organización terrorista ETA.

Al respecto, funcionarios de la dependencia aseguraron que el posible traslado del detenido a su país, podrá realizarse --si la extradición es aprobada finalmente por la cancillería-- únicamente después de recibir la notificación del juez, con lo que sería la primera aplicación del Tratado de Extradición México-España, que fue reformado recientemente, y en el que se estableció que el terrorismo constituye una acción delictiva y no política, por lo cual los acusados de este delito podrán ser extraditados a la nación ibérica bajo ese cargo.

Pilar Noriega explicó, en entrevista, que reos del módulo ocho de Almoloya de Juárez le informaron, vía telefónica, que Cadenas Lorente fue sacado de su celda por la mañana, sin que se le comunicara oficialmente su paradero.

Es ilegal y absurdo que lo incomuniquen, aseveró, aunque ``después de todo, esto no nos extraña, porque se suma a las irregularidades cometidas en su contra'', sostuvo.

Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaron un plazo, no mayor de 20 días, para notificarle oficialmente al detenido su situación legal. Mientras tanto, a Oscar Cadenas no se le permiten las visitas de su defensor ni familiares.

Pilar Noriega dijo que se prepara para interponer juicios de amparo en contra de esta decisión emitida por un juez del fuero federal, y argumentó que legalmente no procede la acción, debido a que la policía española no cuenta con pruebas fehacientes que demuestren que su defendido haya participado en acciones terroristas.