ANTESALA HISTORICA
Martha García Ť El reto de la reforma agraria moderna es sacudirse la ``carga histórica'' de este proceso para dirigir la capacidad institucional hacia una nueva etapa rural en México, mediante la organización y capacitación campesinas y la consolidación de toda la superficie redistribuida a lo largo de este siglo, afirmó el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Héctor René García Quiñones.
Durante 80 años se dio paso al reparto de tierras, como eje de la política social, sobre más de 50 por ciento del territorio; se trata de 105 millones de hectáreas en posesión de 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. Sin embargo, ``en la actualidad el país es otro y la justicia social en el agro se establece en términos de elevar los niveles de vida de las familias rurales''.
Tales objetivos renovados de la política agraria serán remarcados en el 78 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, cuya ceremonia cívica oficial se realizará este día en Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala. El acto agrario será en Izúcar de Matamoros, donde el presidente Ernesto Zedillo entregará documentos que garantizan la certeza jurídica sobre las tierras de 8 mil 35 familias de ejidos y comunidades. La entidad registró, hasta marzo, una cobertura de 59.05 por ciento dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
García Quiñones apuntó que desde la entrada en vigor del nuevo marco jurídico agrario de 1992 --con la reforma del artículo 27 constitucional-- a la fecha, el Tribunal Superior Agrario ha dictado más de 2 mil sentencias para dotación de tierras, en relación con 2 millones de hectáreas. ``Con el término del reparto de la tierra, la ley nos obliga a concluir con el rezago agrario y se cumple en ello'', aclaró.
Sin soslayar ``controversias añejísimas'', explicó que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se adecua a los tiempos que exige el país: más de 90 millones de mexicanos y un territorio imposible de estirar, muy diferente al de principios de siglo. ``Por eso, las acciones principales se orientan a la consolidación de la propiedad en cualquiera de las formas de tenencia de la tierra. Eso garantizará la tranquilidad y la concordia''.
Con base en los cálculos oficiales, el subsecretario consideró que el avance de esos programas dará las condiciones para llegar a la ``posibilidad de que haya paz, nutriéndonos de nuestra historia, pero viendo el porvenir con optimismo y trabajo''. Esa salida se ventila al interior de los núcleos agrarios, ``donde mediante mecanismos democráticos se dirimen las respuestas sobre el uso de sus tierras''.
El compromiso institucional es acabar con el rezago agrario este año, conforme lo señala la ley, indicó. La estrategia federal y estatal a seguir se basa en la reactivación del medio rural a través de la Alianza para el Campo, con el fin de abatir atrasos y pobreza en las regiones del país.
La reactivación del agro se plantea desde distintos ángulos. En la SRA --una de las ocho secretarías involucradas en la Alianza-- se establecen acuerdos para dar cauce a reclamos de rezago jurídico, administración y ``demandas históricas''. Desde que la Confederación Nacional Campesina signó el primero, en agosto del año pasado, hasta el día de ayer lo habían hecho 11 organizaciones más y 150 grupos regionales en todo el país, subrayó.
Esos son los andamios para, cerrado el rezago agrario este año, atender a los 3.5 millones de campesinos del sector social con propuestas de organización, capacitación y fomento para la producción. Con esas pautas, destacó, ``se aspira a tener un campo con mayores oportunidades y, en la medida que se consolide la reactivación, las familias rurales accederán a mejores niveles de vida. Eso es justicia dentro de la nueva fase de la reforma agraria''.