Peligroso, retrasar más la solución al conflicto en Chiapas: Cocopa

Ciro Pérez Silva Ť La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) llamó ayer al gobierno federal y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a hacer ``un nuevo esfuerzo por la paz'' y a tomar conciencia de que el retraso en la solución de los problemas que dieron origen al conflicto y la constante suspensión de las negociaciones, ``profundizan la enemistad entre los sectores sociales de Chiapas y exacerban los ánimos de los actores políticos''. Al mismo tiempo, la Cocopa anunció cuatro ``acciones concretas'' reasumiendo su función de coadyuvancia.

Las crisis, señalan los integrantes de la comisión, han sido parte de la normalidad de este proceso ya que en más de una ocasión, desde el inicio formal de las negociaciones de San Andrés Larráinzar, ``elementos extraños amenazaron, sin éxito, el diálogo'' y también con frecuencia los temas de la agenda ``sufrieron embates'' desde diversas direcciones.

``Todos en su momento fueron superados, pero hoy no son los temas ni la agenda, es el diálogo el que realmente enfrenta su peor crisis y con él las partes y las instancias de apoyo. No solamente está ausente en el futuro inmediato la posibilidad real de que se reanude, sino que, otra vez, en la periferia del conflicto hay nuevas provocaciones, hechos de sangre y enfrentamientos que afectan el clima social en Chiapas'', advierten.

Todo ello, admite, ``complica cada vez más la posible salida pacífica al conflicto por la vía del diálogo y la negociación'', aún contando con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Este ordenamiento, sus instrumentos y el interés de la sociedad ``son los únicos garantes de que el fantasma de la guerra se aleje para siempre'', aseguran los integrantes de la Cocopa; sin embargo, consideran que ``existe en los hechos una nueva insuficiencia: la ley puede contener la guerra, pero no es bastante para alcanzar la paz. Lograrlo depende fundamentalmente de la voluntad de los negociadores y la responsabilidad de ellos a cumplir lo previamente pactado''.

Sostienen que la principal fuerza que la coadyuvancia y la mediación tienen para impulsar iniciativas, ``incluso por encima de las diferencias entre las partes'', es la de su autoridad moral. ``Se requiere, para este propósito, del respaldo de las instituciones y la sociedad'', luego de señalar que ``ni una interlocución personal fuerte, ni un ejercicio de corresponsabilidad de las instituciones, ni la ley con toda su fuerza, tienen la capacidad de empujar la voluntad de las partes para suscribir y cumplir sus acuerdos''.

Las acciones anunciadas por la Cocopa, retornando al punto en que se originó la crisis que es el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, son el traslado de la comisión a algunas comunidades de Chiapas con el propósito de atender el clima de violencia reciente. Propondrán a los actores de los conflictos una tregua social que permita construir acuerdos e iniciar el proceso de reconciliación de la sociedad chiapaneca.

Sobre el tema inconcluso de reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígena, la Cocopa ratifica que sostiene su propuesta, ``por las razones y con los alcances que ya fueron expuestos públicamente en su documento del 25 de marzo, con el objetivo de que las partes lleguen a un acuerdo sobre este tema''.

Con respecto a la demanda del EZLN de una ``interlocución con capacidad de decisión'', la Cocopa reiteró su propuesta formulada el 24 de septiembre, hecha al gobierno federal y al EZLN, en el sentido de explorar la posibilidad de que ambas partes fortalezcan sus representaciones en la mesa de San Andrés.

Y en lo que se refiere al tema de Democracia y Justicia, en la que las partes no llegaron a acuerdo alguno, la comisión propone que hagan un esfuerzo adicional para retomar el tema a partir del punto en que surgieron los desacuerdos.

La Cocopa documentó violaciones a las garantías individuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua como la obstrucción del libre tránsito con retenes civiles, homicidios, desapariciones políticas, destrucción de viviendas, cosechas, documentos. ``Todo ello hecho por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con apoyo de Seguridad Pública''.

Los hechos reportados en Tila hablan de 11 homicidios, tres de menores, de ellos dos niñas de 13 y 15 años, ambas secuestradas durante diez días, torturadas, violadas y finalmente asesinadas. No se levantaron actas y ninguno de los agresores está en la cárcel y gozan de total libertad.

En los tres municipios restantes se reporta 53 niños huérfanos, diez muertos y 11 integrantes de las comunidades presos. Tampoco en estos casos han sido detenidos los agresores.